El Servicio nacional de áreas protegidas (Sernap) ha emitido un instructivo que prohíbe a los guardaparques utilizar sus redes sociales personales para difundir actividades cotidianas, operativos o denuncias ambientales. Según la institución, la medida busca “resguardar la imagen institucional”; sin embargo, para los custodios del territorio, esta disposición representa una “ley mordaza” que vulnera convenios internacionales y derechos constitucionales fundamentales.
En esta entrevista, Marcos Uzquiano, jefe de protección de la Reserva de la biósfera estación biológica del Beni y presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), analiza los riesgos de esta restricción. Uzquiano advierte que el silencio institucional no solo protegería a infractores como mineros ilegales y traficantes de fauna, sino que también correría el riesgo de ocultar el incumplimiento de derechos laborales y la precariedad financiera que atraviesan las áreas protegidas del país.
P. El Sernap justifica esta medida como una forma de “resguardar la imagen institucional”. Desde la perspectiva de los guardaparques, ¿qué riesgos reales identifican al prohibirles el uso de sus redes personales para difundir su trabajo cotidiano?
R. No se puede ni debe, a nombre de la imagen institucional, restringir ni pretender inhibir el ejercicio de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado, como la libertad de expresión, ni el cumplimiento de deberes constitucionales como denunciar ilícitos. Tampoco se debe limitar el publicar alertas frente a riesgos inminentes a la naturaleza, como los incendios forestales, realizar campañas de apadrinamiento y fortalecimiento de las propias áreas protegidas —como es el caso del apadrinamiento de tortuguitas—, campañas para la gestión de seguros contra accidentes personales para los guardaparques de Bolivia o campañas solidarias para apoyar a guardaparques y comunidades en situación de emergencia en salud, incluso por casos de muertes o accidentes donde, lamentablemente, las autoridades de la unidad central del Sernap no coadyuvan.
Tristemente, no se está dimensionando el nivel de vulnerabilidad que estarían generando con esta medida, no solo para los guardaparques sino para las propias áreas protegidas y el patrimonio natural del pueblo boliviano. Si se llega a consolidar, ningún guardaparque podría publicar libremente ninguna fotografía o video sobre la flora, fauna, paisajes, ilícitos ambientales o actividades de rutina que hacemos en defensa de la naturaleza. Gracias al rol de muchos guardaparques a través de las redes sociales, ha sido posible visibilizar y poner en valor la importancia de cuidar nuestras áreas protegidas, poner en agenda pública el rol de los guardaparques y exponer los riesgos, amenazas, represalias y persecución que sufren en el cumplimiento de su deber.
Con este instructivo, la actual dirección ejecutiva dejaría amordazados a los guardaparques frente a futuros abusos, atropellos, hechos de corrupción, irregularidades y malos manejos dentro de la institución que han sido puestos en evidencia en anteriores gestiones. Gracias a ello, la sociedad civil exigió un cambio de paradigma y una designación por idoneidad, trayectoria y experiencia, de donde creímos que vino la actual directora ejecutiva. Si no fuera por las denuncias públicas realizadas por los guardaparques, quizá nada haya cambiado en la manera de designar directores ejecutivos y tendríamos a cualquier dirigente o politiquero sin conocimiento ni experiencia.
Lamentablemente, parece que la directora del Sernap está siendo mal asesorada y está mostrando niveles de autoritarismo y soberbia preocupantes, incluso con los representantes de los comités de gestión. La pregunta al final de esto es: ¿A quién se pretende beneficiar o satisfacer con el silencio de los guardaparques y enmudeciendo la voz desde las áreas protegidas y sus guardianes?
P. Históricamente, las redes sociales de los guardaparques han sido canales vitales para denunciar la minería ilegal y los incendios. ¿Cómo afectará esta “ley mordaza” a la visibilidad de los delitos ambientales que ocurren en las áreas protegidas?
R. Esta medida beneficiaría de manera directa a los infractores, entre ellos mineros ilegales, taladores, avasalladores, cazadores y traficantes de fauna silvestre, que se verían protegidos por la penumbra generada por nuestras autoridades superiores de la unidad central del Sernap. Con esta disposición, se estaría vendando los ojos de la sociedad civil y negándole al pueblo boliviano el acceso a la información en asuntos ambientales.
Quieren guardaparques mudos y de manos atadas y, tanto, una sociedad desinformada. Esto pondría el patrimonio natural de Bolivia y a sus defensores en una situación de absoluta vulnerabilidad, ya que el guardaparque cumple sus funciones en zonas remotas, alejadas del apoyo policial e institucional y lejos de la cobertura de los medios de prensa. En esos lugares, muchas veces afrontan situaciones hostiles generadas por grupos delincuenciales, donde ni las mismas autoridades de la unidad central del Sernap, ni las diferentes instancias del Estado, han podido cumplir con lo estipulado en el Artículo 9 del Acuerdo Regional de Escazú: “Cada Estado Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
P. La resolución SP-TAA 003/2025 del Tribunal Agroambiental los reconoce como defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Considera que este instructivo es un desacato directo a esa protección judicial?
R. El instructivo mordaza es un instrumento de represión a la libertad de expresión de los guardaparques. Por ende, contraviene las disposiciones de la SP-TAA 003/2025 del Tribunal Agroambiental y el Acuerdo Regional de Escazú, en su artículo 9, numeral 2: “Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico”.
P. Ya en 2023 se intentó aplicar una medida similar que tuvo que ser retirada por la presión social. ¿Por qué cree que el Sernap insiste en implementar este tipo de controles comunicacionales en este momento?
R. Por presiones de esferas superiores con vínculos políticos, personales y familiares con sectores vinculados a actividades ilícitas en áreas protegidas, quienes se sienten expuestos y amenazados por la voz de alerta y denuncia pública que realizan los guardaparques.
Basta con recordar el ingrato caso del juicio contra dos guardaparques, seguido por un minero cooperativista del sector de Apolo por denunciar el ingreso de maquinaria minera bajo intimidación y amenazas al Parque Nacional Madidi; si no fuera por las redes sociales, quizá otra sería la historia. Asimismo, cabe recordar que el 31 de diciembre de 2024 mi persona fue destituida injustificadamente del cargo de jefe de protección en la RBEBB. Posteriormente, el Sernap me inició un proceso que, gracias a la defensa jurídica y al amparo constitucional por medio de la Defensoría del Pueblo y colectivos ambientales, quedó sin efecto.
Sin embargo, entre las causas del proceso sumario que me estaban iniciando tres días posteriores a mi destitución, muchas de ellas eran por las publicaciones y alertas realizadas por los incendios forestales, la matanza y tráfico de jaguares, la gestión de seguros contra accidentes personales para guardaparques, minería ilegal y otras. Asimismo, dentro de la misma unidad central del Sernap existen algunos elementos que ven con recelo la visibilidad, admiración y respeto que gozamos por parte de la sociedad civil algunos guardaparques por medio de las redes sociales, y creen que nos aprovechamos de la imagen institucional de las áreas protegidas.
P. Bolivia es signataria de este acuerdo que garantiza el acceso a la información ambiental. ¿De qué manera este instructivo contraviene los compromisos internacionales que el país ha asumido?
R. El simple hecho de limitar al guardaparque el uso de sus redes sociales para la difusión y publicación de fotos, videos, operativos o actividades en las áreas protegidas, transgrede el Acuerdo Regional de Escazú. Asimismo, vulnera el derecho del pueblo boliviano y de los medios de prensa a conocer información veraz, oportuna y, muchas veces, inédita de primera mano sobre asuntos ambientales que ocurren dentro de las áreas protegidas.
Lastimosamente, en los últimos años hemos observado que las instituciones del Estado han perdido credibilidad y confianza ante la sociedad civil debido al sesgo político, la minimización, el ocultamiento o la dilatación intencional en la publicación de la información. También influye lo complejo que resulta acceder a dicha información por los canales formales, donde los guardaparques eran y son una de las fuentes primarias más confiables e imparciales.
P. La Abolac sostiene que las páginas oficiales suelen minimizar la realidad de los parques. ¿Podría darnos ejemplos de casos donde la voz de un guardaparque en redes sociales logró lo que los canales institucionales intentaron ocultar?
R. Recientemente, con el caso Tariquía, en lo personal no he visto ninguna entrevista o publicación desde la página oficial del Sernap. En el caso del reciente ingreso de maquinaria minera ilegal al Parque Nacional Madidi en el mes de enero, tampoco se ha visto ninguna publicación oficial desde las páginas del Sernap; por el contrario, según los guardaparques, les han prohibido que envíen fotos, brinden entrevistas o videos al respecto.
En el caso del juicio seguido a guardaparques por el minero cooperativista de Apolo, la única posición generada desde las autoridades del Sernap fue negarse a brindar apoyo jurídico para la defensa, argumentando que se trataba de delitos de orden particular. Tampoco generaron ningún comunicado ni publicación al respecto, ni siquiera para desearnos buena suerte. En el caso de los incendios forestales del 2024, por el contrario, recibí cuestionamientos por lanzar alertas sobre los incendios en Otuquis y San Matías, a tal punto de poner dichas publicaciones como causales para el proceso sumario que pretendían instaurar en mi contra desde el mismo Sernap.
P. Ustedes han advertido que la gestión de las áreas protegidas entrará en una “penumbra”. ¿Qué significa esto para el ciudadano común que depende de la transparencia para conocer el estado de su patrimonio natural?
R. La gran mayoría del ciudadano común en la actualidad tiene acceso a la información por medio de redes sociales, y muy pocas personas siguen las cuentas oficiales de las instituciones públicas. En este contexto, si dicha información desde los guardaparques va a ser censurada o restringida, las posibilidades de informarse que tiene la sociedad civil se inhiben al mínimo. No se trata simplemente de compartir o difundir información, sino de cómo una medida restrictiva limitaría los derechos colectivos del pueblo boliviano a conocer la situación ambiental de su patrimonio natural, que son las áreas protegidas.
P. Si el Sernap no modifica este instructivo, ¿cuáles serán las próximas medidas legales o de presión que tomarán los guardaparques de Bolivia?
R. La Abolac ya emitió un pronunciamiento público. Existe mucha preocupación y molestia desde los guardaparques de base, quienes cuestionan duramente el accionar o las intenciones que se esconden detrás de dicho instructivo.
R. Actualmente, el Sernap tiene obligaciones laborales pendientes con los guardaparques de Bolivia. Se nos adeudan refrigerios y subsidios de lactancia desde gestiones pasadas. El ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha incumplido su propia Resolución n.º217 para el traspaso gradual de los guardaparques eventuales al TGN. La situación financiera de las áreas protegidas no mejora desde la responsabilidad del Estado para asignar presupuesto y recursos destinados a la contratación de guardaparques, construcción y refacción de campamentos, mantenimiento de vehículos, equipo de campo, combustibles, y apoyo jurídico e institucional a la gestión de las áreas protegidas.
Por tanto, lo que pretenden es blindarse para que los guardaparques, además de no denunciar y publicar nuestras actividades o amenazas ambientales, no reclamemos nuestros derechos laborales. En este marco, hay voces desde las áreas protegidas para conformar una comisión y salir a la ciudad de La Paz como medida de protesta, hasta que nos escuchen nuestras autoridades y atiendan nuestras demandas.
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