La comunidad indígena chiquitana de Colorado, enclavada en las profundidades del municipio de San Ignacio de Velasco, se ha convertido en el epicentro de un reclamo que resuena hasta los pasillos del Palacio Quemado. El 12 de abril de 2026, la Central Indígena del Alto Paraguá (CIAP) formalizó su resistencia mediante dos cartas fundamentales enviadas al presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y al ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, entre otras autoridades. El mensaje es unánime y cortante: el cerro Manomó no se toca. Este macizo montañoso, que para el mundo científico es un tesoro geológico y para otros, un potencial yacimiento de minerales estratégicos, es para las comunidades locales el corazón de su sistema hídrico, el “padre de las aguas” que alimenta la cuenca del río Paraguá, el río Tarvo y la laguna binacional Marfil.
El conflicto ha escalado tras años de lo que los indígenas denuncian como una “gestión extractivista” heredada del gobierno anterior, en la que se activaron concesiones mineras denominadas Carmen-CMB, Cerro Manomó, Ana-Lis y Los Hierros. Estos proyectos buscan extraer tierras raras y uranio, elementos altamente codiciados en el mercado global pero cuya explotación conlleva, afirman los comunarios, un riesgo radiactivo y químico devastador para los suelos y los acuíferos. Según los documentos enviados, estas iniciativas avanzaron sin cumplir con el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, vulnerando el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución boliviana. La Central Indígena del Alto Paraguá (CIAP), que aglutina a comunidades como Tirari, Pailita, San Simón, Campamento y San Ignacio de Colorado, advierte que permitir la minería en el cerro Manomó es sentenciar a muerte la seguridad alimentaria y el acceso al agua de toda la Chiquitanía.
El contexto que rodea al Manomó es de una fragilidad y belleza extremas. Revista Nómadas ha documentado ampliamente que este sitio es reconocido internacionalmente como una de las Áreas Tropicales Importantes de Plantas (TIPAs), albergando especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, como la Mikania manomoi. La zona es un corredor biológico vital entre el bosque seco chiquitano y la Amazonía, un ecosistema de cerrado que sobrevive a duras penas al avance de la deforestación y los incendios forestales. En las cartas enviadas al Gobierno, los líderes indígenas recuerdan que el Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco ya emitió un rechazo categórico a estas actividades a inicios de este año, pero la sombra de las empresas mineras sigue acechando los senderos del bosque.
La carta, dirigida específicamente al ministro de Minería exige transparencia absoluta y la suspensión de todo trámite administrativo ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Por otro lado, la comunicación con el presidente Paz Pereira apela a una visión de Estado que priorice la protección de la Reserva de la Biosfera Alto Paraguá – Marfil, una propuesta que busca el reconocimiento de la UNESCO para blindar este territorio contra el extractivismo. Los comunarios sostienen que la movilización no es solo administrativa; es un acto de soberanía territorial encabezado por figuras como la cacique general Leonarda Chore Masar y los líderes de las comunidades del Distrito 8, quienes firman los documentos con el sello de su legitimidad histórica. El destino del cerro Manomó se encuentra ahora en un punto de no retorno: o se consolida como el gran santuario hídrico de Bolivia o se convierte en un socavón radiactivo que contaminará para siempre las venas de agua de la Chiquitanía.
Contexto del conflicto en el cerro Manomó
Las comunidades indígenas chiquitanas, agrupadas en la Central Indígena del Alto Paraguá (CIAP), han emitido un pronunciamiento contundente con fecha del 12 de abril de 2026. Denuncian el resurgimiento de iniciativas para la prospección y exploración minera en el cerro Manomó, un territorio que consideran sagrado y vital por su valor hídrico y ecológico.
El conflicto se agrava porque, según los documentos, estos avances institucionales se produjeron principalmente durante la gestión de Luis Arce Catacora (2020-2025) sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Ahora, ante la nueva administración, las comunidades exigen que no se repitan las “prácticas extractivas” del pasado.
Detalle de las cartas y destinatarios
Las cartas fueron enviadas a los más altos niveles del Estado Plurinacional de Bolivia para asegurar que la demanda sea escuchada en todas las instancias pertinentes:
- Al presidente del Estado: Dirigida a Rodrigo Paz Pereira, exigiendo el respeto a los derechos colectivos y la suspensión de toda actividad minera en la región.
- Al ministro de Minería y Metalurgia: Dirigida al Ing. Marco Antonio Calderón De La Barca Quintanilla, detallando el rechazo a la explotación de minerales como tierras raras y uranio, detectados en concesiones como Carmen-CMB, Cerro Manomó, Ana-Lis y Los Hierros.
- Al ministro de Planificación y Medio Ambiente: Dirigida a José Fernando Romero Pinto, subrayando la incompatibilidad de la minería con la propuesta de la Reserva de la Biosfera Alto Paraguá – Marfil presentada ante la UNESCO.
- A la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM): Dirigida a Jaime José Sanabria Goytia, para frenar cualquier trámite administrativo de concesión.
- A Comisiones Legislativas: Cartas enviadas a las presidencias de las comisiones de Región Amazónica, Tierra y Territorio, y Pueblos Indígenas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Puntos clave del pronunciamiento (El contenido en extenso)
Las comunidades detallan las razones técnicas y culturales por las cuales la minería es inviable en el cerro Manomó:
- Valor hídrico estratégico: El cerro es un macizo montañoso donde nacen quebradas que alimentan la cuenca del río Paraguá, el río Tarvo y la Laguna Marfil (compartida con Brasil). Es la fuente de agua dulce para las comunidades y la biodiversidad local.
- Riqueza biológica única: Identificado como Área Tropical Importante de Plantas por el Royal Botanic Garden de Londres, es el hogar endémico de la especie Mikania manomoi y alberga ecosistemas de cerrado, bosque seco chiquitano y pampas inundables.
- Vulneración de derechos: Denuncian que procesos previos de prospección con expertos de Irán (consultados por el Defensor del Pueblo en 2025) se hicieron a espaldas de los pueblos indígenas.
- Respaldo institucional local: El Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco ya emitió un rechazo categórico a la minería el 28 de enero de 2026, ratificando el valor social del área.
Exigencias específicas de la CIAP
El documento finaliza con cinco pedidos innegociables para el Estado:
- Suspensión inmediata de cualquier trámite o actividad minera en el área.
- Transparencia total sobre las concesiones existentes, empresas involucradas y licencias ambientales.
- Respeto estricto a la consulta previa bajo estándares internacionales.
- Protección efectiva de las fuentes de agua.
- Políticas de desarrollo sostenible construidas junto a los guardianes históricos del bosque.
