Lo que comenzó en el calor húmedo de la Amazonía hace 25 días, se convirtió este sábado en una batalla contra la hipotermia y la falta de oxígeno. La marcha indígena, liderada por la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), alcanzó finalmente la tranca de Urujara. Están a las puertas de La Paz, pero el precio físico ha sido devastador: descompensaciones y al menos un traslado de urgencia a hospitales de la ciudad tras cruzar la cumbre.
“Muchos no durmieron”, relata uno de los marchistas mientras describe cómo tuvieron que improvisar fogatas para enfrentar el clima andino sin carpas ni mantas suficientes.
Bernardo Muiba, presidente de la Subcentral de Cabildos Indigenales del Territorio Multiétnico, territorio que pertenece a la CPEM-B, confirmó que el ascenso debilitó incluso a los más fuertes. El contraste climático no solo fue un choque térmico, sino una prueba de resistencia para las familias que llevan casi un mes caminando por la defensa de sus tierras, según la nota publicada por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia – ODPIB.
“Los hermanos han resistido la planificación del avance, se ha podido lograr, pero llegando a las alturas, aquí cambia la figura. Ayer, cuando entramos a la cumbre, los hermanos veían que no les iba a afectar, no frenaban el paso, pero eso los fue debilitando hasta que llegaron a descompensarse. Muchos llegaron a un centro de salud, a otro de gravedad lo llevaron a centro de salud a La Paz”, dijo Bernardo Muiba,
A pesar del cansancio, la determinación no flaquea. La delegación, que fue sumando fuerzas en Caranavi y Yolosita, ha recibido el apoyo de los comunarios de Urujara para pasar una noche que se prevé gélida antes de intentar el descenso final hacia el centro paceño.
El conflicto: ¿Tierra para quien la trabaja o para el mercado?
El motivo de este sacrificio es legal y existencial. Los movilizados exigen la derogación de la Ley 1720, una norma que, según los marchistas y varias instituciones, es el primer paso hacia el retorno del latifundio en Bolivia.
“No es que nos guste caminar”, sentenció Vejarano. Es la urgencia de recordar que los territorios indígenas son inalienables. Ahora, con los pies ampollados y el pecho apretado por la altura, la CPEM-B espera que el Gobierno escuche el mensaje que traen desde la selva: la tierra no se negocia.
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