“Ya casi no es posible quedarse en el laboratorio o en el campo viendo cómo el modelo de desarrollo destruye el mundo que nos sostiene”. Con esta reflexión, el presidente del Colegio de Biólogos de La Paz resume el momento que atraviesa la ciencia ambiental en Bolivia.
Durante años la ciencia en Bolivia en especial nuestros biólogos observaron desastres y amenazas al medio ambiente y a especies emblemáticas del país. Sin embargo, su trabajo ya no se limitó a los laboratorios o salidas de campo. Hace aproximadamente 10 años, el Colegio de Biólogos de La Paz comenzó a involucrase en los conflictos ambientales del territorio nacional aportando criterios científicos, informes técnicos y respaldo especializado en proceso judiciales y debates públicos.
Es así que en abril de 2026 esta participación alcanzó uno de sus hitos más importantes: una resolución favorable frente al Estado boliviano. Se trata de uno de los primeros precedentes en Bolivia donde una resolución del Tribunal Agroambiental reconoce de manera explícita la necesidad de incorporar criterios científicos y académicos en la elaboración de políticas ambientales y normas vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales.
Un contexto ambiental contradictorio
Para entrar un poco en historia o contexto Bolivia tiene un marco legal pionero, contamos con la Ley N.º 1333 de Medio Ambiente (1992), la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra (2010), complementada por la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012). Sin embargo, la realidad ambiental de nuestro país es contradictoria a este principio y enfrenta considerables desafíos a causa del extractivismo, deforestación, incendios forestales, tráfico de especies, entre otros.
Ante esta problemática se han emitido fallos históricos de gran relevancia en los que podemos destacar lo sucedido en marzo de 2025, el Tribunal Agroambiental de Bolivia dictó una medida cautelar sin precedentes para proteger al jaguar (Panthera onca) y su hábitat. Este fallo histórico establece doce mandatos de cumplimiento obligatorio destacando controles estrictos en diferentes aeropuertos, fronteras para frenar el tráfico de fauna silvestre; la protección a los defensores medioambientales/activistas; la pausa ecología prohibiendo de esta manera las quemas en todo el país de esta forma se protege su hábitat.
Otro caso relevante fue el fallo del Tribunal Agroambiental que obligó, por primera vez, al Estado a rendir cuentas sobre políticas consideradas incendiarias. La acción fue interpuesta por siete jóvenes defensoras ambientales y derivó en una sentencia que obliga a los tres niveles de gobierno a activar medidas cautelares “improrrogables” contra incendios en un plazo de 48 horas, dotar de recursos a bomberos y revisar las denominadas “leyes incendiarias”. Además, marcó un precedente al aplicar el Acuerdo de Escazú (El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que garantiza el acceso a información ambiental, la participación pública y la protección de defensores ambientales en América Latina y el Caribe), validar informes de la sociedad civil como prueba y declarar la responsabilidad directa del Estado en las crisis ambientales.
LA CIENCIA SALE DEL LABORATORIO
El Colegio de Biólogos de La Paz es una institución técnico-científica, ética y social que tiene como misión velar por el correcto ejercicio profesional de la biología y promover el desarrollo científico en beneficio de la sociedad y del medioambiente.
A lo largo de los años, sus colegiados y la institución en conjunto participaron activamente en distintas problemáticas ambientales que afectan al país, aportando bases técnico-científicas para la búsqueda de soluciones y la construcción de políticas públicas más responsables.
Desde la protección de la biodiversidad hasta el análisis de conflictos socioambientales, los biólogos paceños participaron en temas relevantes como la normativa de protección del jaguar, los incendios forestales, la contaminación del río Madre de Dios por actividades mineras y otros debates vinculados a la conservación de ecosistemas y recursos naturales. Su trabajo no se limita únicamente a la investigación científica, sino también al acompañamiento técnico en espacios institucionales y sociales donde el conocimiento especializado resulta fundamental para comprender la complejidad ambiental que vive Bolivia.
Tradicionalmente, el biólogo era visto más ligado a la academia o a la investigación. Entonces, ¿qué cambió para que ahora también participe en debates públicos y procesos judiciales ambientales?
El Dr. Luis Fernando Pacheco, presidente del Colegio de Biólogos de La Paz, considera que la crisis ambiental obligó a los científicos a asumir un rol más activo: “Mi idea es que, la crisis ambiental ha calado muy hondo en la sociedad y en el ámbito profesional del biólogo en particular. Ya casi no es posible quedarse en el laboratorio o en el campo viendo cómo el modelo de desarrollo, basado en el crecimiento económico, destruye el mundo que nos sostiene y que queremos entender como biólogos. La vida misma, incluyendo la humana, está en peligro y esto ya no puede ignorarse”.
Tenemos que tomar en cuenta que los conflictos ambientales no solo ponen en riesgo a la biodiversidad, si no a los medios de vida, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, y salud de toda la población boliviana.
LA DEMANDA DEL COLEGIO DE BIÓLOGOS
La bióloga Krystal Bedregal, representante del Colegio de Biólogos de La Paz y especialista en Desarrollo Rural, explicó el proceso que derivó en la demanda presentada ante el Tribunal Agroambiental.
“El equipo del Colegio de Biólogos de la Paz estaba elaborando, en enero de este año, un documento para la abrogación de la Ley 5503. Era un documento con fundamentos sólidos. Pero, a raíz de la presión social, esta ley fue abrogada y nuestro documento no podía quedar sin un fin útil. Entonces se realizó una última revisión y se cambió el enfoque: ya no se trataba de pedir la abrogación de una ley, sino de exigir que todas las normas relacionadas con aprovechamiento de recursos y aceleración de proyectos consulten a la comunidad científica desde una perspectiva técnico-científica”.
Bedregal explicó que el documento se envió al Tribunal Agroambiental de La Paz, que luego fue derivado a Sucre: “fue una alegría cuando supimos la predisposición de los magistrados de tratar esta demanda en sala plena, ya que estamos hablando de problemáticas nacionales: la Chiquitanía, los incendios en los Yungas, la contaminación de ríos, etc. Además, incluimos toda la documentación de pronunciamientos técnicos y científicos que el Colegio venía realizando desde 2019 y que nunca fueron tomados en serio”.
La especialista señaló también que el Colegio presentó como respaldo el amicus curiae elaborado sobre la contaminación del río Madre de Dios, con el objetivo de demostrar que el aporte de la institución era técnico y científico, y no partidario.
“Después de casi cuatro meses se nos informó que el Tribunal Agroambiental había concedido la demanda”, añadió.
¿QUÉ ESTABLECE EL FALLO HISTÓRICO?
En abril de 2026, la Acción Ambiental Preventiva presentada por el Colegio de Biólogos de La Paz y Justicia Ambiental logró otro fallo considerado histórico.
La resolución exhorta al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a observar y cumplir, en cada política y norma emitida por el Ejecutivo, las previsiones necesarias dentro de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental para la otorgación de derechos de uso y aprovechamiento de recursos naturales.
Asimismo, dispone evitar cualquier forma de agilización administrativa en proyectos que pretendan ejecutarse en áreas protegidas nacionales y subnacionales, sitios Ramsar, humedales estratégicos, zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, territorios indígenas y propiedades comunitarias.
También establece que deben considerarse e incorporarse las recomendaciones del Colegio de Biólogos de La Paz y otras instituciones académicas en la elaboración de políticas y normas ambientales, además de garantizar el acceso a información conforme a las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
La demanda fue presentada contra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, quien deberá cumplir el principio de no regresión en materia ambiental; es decir, ninguna norma podrá reducir, debilitar o eliminar protecciones ambientales previamente establecidas sin una justificación excepcional.
“Un fallo histórico y fuera de toda previsión”, coincidieron en señalar Luis Fernando Pacheco y Krystal Bedregal.
EL ROL DE LA CIENCIA EN LOS CONFLICTOS AMBIENTALES
Para Luis Fernando Pacheco, la ausencia de ciencia en la toma de decisiones políticas es una de las causas de la actual crisis ambiental: “La ciencia es la forma más objetiva de entender al mundo. Si no entendemos lo que pasa en nuestro planeta, ¿cómo vamos a poder manejarlo para cubrir nuestras necesidades? Dado que el ambiente es lo que nos mantiene con vida, ya es imposible ignorar el rol de la ciencia. El modelo actual de desarrollo, basado en el crecimiento económico, ya no puede seguir operando. La ciencia, desde distintas disciplinas, pero siempre con base en las ciencias ambientales, ya ha expresado esto: primero con timidez desde los años 70, pero con mayor solidez y amplitud en este siglo.
El gran problema es que los políticos están amarrados a ese modelo de desarrollo y siguen buscando, y haciendo creer al gobernado, que el desarrollo se logra únicamente a través del crecimiento económico. Como la ciencia ya va por otro rumbo, se está procediendo a descalificarla y restarle financiamiento… excepto a aquella ciencia que apoya directamente a la tecnología que da base a la generación de riqueza material. Es un momento muy difícil para la ciencia, pues muchos científicos aún creen en el modelo de desarrollo actual, pero ya casi no se venden. Estamos en un momento de inflexión mundial. El Colegio de Biólogos de La Paz comenzó a involucrarse en política hace ya varios años; creo que empezó con la discusión sobre los transgénicos, o tal vez antes…”, concluye Pacheco.
ESCUCHAR PARA CONSERVAR
Sin duda, esta resolución histórica no solo beneficia al Colegio de Biólogos de La Paz, sino también para todas las instituciones científicas y profesionales que durante años intentaron aportar técnicamente a la resolución de conflictos ambientales en Bolivia. Muchas veces, su participación en mesas de trabajo convocadas por el Estado terminó siendo solo una formalidad, ya que las leyes, normas y proyectos ya estaban definidos antes de escuchar sus observaciones.
Este precedente abre la posibilidad de que el conocimiento científico y técnico sea realmente tomado en cuenta en las decisiones ambientales, alejándose de intereses políticos o económicos y priorizando la ética profesional y el bienestar colectivo. También corresponde destacar el trabajo del abogado Rodrigo Herrera director de la organización Sociedad Justicia Ambiental por su aporte técnico al proceso, a los Magistrados del Tribunal Agroambiental, quienes demostraron que las instituciones pueden actuar con responsabilidad, ética y compromiso con la ley, un sincero homenaje al magistrado Víctor Hugo Claure.
Mas allá del fallo, el gran desafío será lograr que estas medidas realmente se cumplan y no terminen imponiéndose nuevamente los intereses económicos sobre la protección ambiental y los recursos naturales.
Bolivia es uno de los países más ricos en biodiversidad y no puede seguir entendiendo su riqueza natural únicamente desde la extracción y el agotamiento de sus recursos. Proteger el medioambiente implica escuchar a los profesionales, a las comunidades y a quienes viven y trabajan en los territorios.
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