Bolivia forma parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres —CITES— desde 1974, y en 1991 elevó ese compromiso a rango de ley mediante la Ley 1255. Desde entonces, para autorizar la exportación de especies protegidas por la convención, el país debe demostrar que su aprovechamiento no amenaza su supervivencia. Esa evaluación se realiza mediante los llamados Dictámenes de Extracción No Perjudicial —DENP—, estudios técnicos que deberían establecer, con evidencia científica, cuánto puede extraerse y exportarse sin afectar la conservación de la especie.
Según fuentes anónimas especializadas del rubro que tuvieron acceso a dicha información, cuatro informes técnicos internos del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente recomiendan rechazar los estudios presentados para sustentar la exportación de especies maderables incluidas en la regulación CITES. Las observaciones alcanzan a dos especies de Dipteryx —Dipteryx micrantha y Dipteryx odorata, asociadas comercialmente al almendrillo o cumaru— y a dos especies de Handroanthus —Handroanthus impetiginosus y Handroanthus serratifolius, vinculadas al tajibo o ipé—.
Las revisiones técnicas del ministerio concluyen que los documentos presentados para la evaluación de ampliación de explotación no ofrecen suficiente sustento para aprobar los cupos propuestos. Las observaciones se repiten en los cuatro informes: inconsistencias metodológicas, problemas en los mapas de distribución y vulnerabilidad, muestras de campo consideradas insuficientes o poco representativas, cálculos cuestionados sobre volúmenes de corta anual permisible e incumplimientos en los plazos de entrega.
Uno de los puntos más sensibles es que, en al menos tres especies, los volúmenes propuestos por las evaluaciones realizadas son muy superiores a los estimados previamente. Al punto que para para Dipteryx micrantha, el volumen de corta anual permisible hoy de 5.432,80 m³ pasaría a 20.196,87 m³ lo que es 272% más, y en el caso de la especie Handroanthus serratifolius del volumen de corta anual permisible hoy de 1.962,58 m³ pasaría a 8.581,59 m³ lo que es 337% más. Eso dicho, la propia revisión técnica realizada desde el ministerio advierte que existen inconsistencias en la forma de aplicar los factores de ajuste, lo que pone en duda la solidez del cálculo final.
En total, la propuesta implicaría un aumento del volumen explotable de 14.764,07 m³ de almendrillo y 9.425,50 m³ de tajibo, dos maderas tropicales de alto valor comercial. En el primer caso, el incremento equivaldría a cerca del 20% de la explotación anual promedio de almendrillo registrada entre 2022 y 2024, según datos del INE. En el caso del tajibo, representaría un aumento aproximado del 12% respecto al promedio anual explotado en ese mismo periodo.
Aunque cada una de estas especies ronda el 5% del volumen total de madera explotada en el país, en conjunto representan alrededor del 10% de la explotación maderera nacional reciente. El debate adquiere mayor relevancia si se considera que las exportaciones bolivianas de madera se han situado en los últimos años entre los 70 y 90 millones de dólares anuales.
Todo esto ocurre, además, en un contexto de creciente escrutinio sobre la cadena forestal. Los casos recientes de madera impregnada con cocaína o de cargamentos de puertas en los que se halló droga oculta en productos maderables han abierto preguntas sobre los controles, la trazabilidad y las vulnerabilidades del sector frente al narcotráfico. Sin afirmar una responsabilidad generalizada del conjunto del sector forestal, estos hechos muestran la necesidad de mayor fiscalización sobre una cadena de valor que mueve recursos naturales valiosos, exportaciones relevantes y especies bajo regulación internacional.
Los informes ministeriales en sus conclusiones, recomiendan rechazar la propuesta de aumento de volúmenes de explotación realizada y no aprobar los DENP mientras no se subsanen las observaciones. En algunos casos, además, sugieren remitir antecedentes al área jurídica para evaluar incumplimientos de plazo, errores u omisiones técnicas, y posibles responsabilidades.
El trasfondo del debate es relevante dado que Bolivia, como país parte de CITES, debe garantizar que la exportación de especies reguladas no perjudique su conservación. La inclusión de especies maderables de alto valor comercial en los apéndices de la convención obliga al país a sustentar científicamente cualquier autorización de comercio internacional. Sin un DENP sólido, el riesgo no es solo ambiental, sino también institucional y comercial.
Las observaciones también apuntan a un problema más amplio, la debilidad de la información disponible sobre poblaciones naturales de especies maderables comerciales. Los informes advierten que las muestras usadas en algunos casos son limitadas y que los mapas de distribución potencial no siempre reflejan con claridad la presencia real de las especies ni el estado de sus poblaciones en campo.
El caso deja al descubierto una tensión central de la política forestal boliviana: entre la presión por mantener las exportaciones de maderas valiosas y la obligación de demostrar, con evidencia técnica robusta, que esa extracción no compromete la supervivencia de las especies ni la sostenibilidad del bosque.
