Leonardo Tamburini, director de la Organización ORÉ, abogado y especialista en derechos de los pueblos indígenas, hace una pausa en la ajetreada agenda del Congreso de la REDLAC Bolivia 2026, que se lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para conversar con Revista Nómadas.
Plantea que la conservación de los bosques no puede seguir pensándose al margen de quienes habitan y gobiernan los territorios. Para él, el reconocimiento de las formas propias de organización y gestión indígena debe traducirse también en una participación real en las decisiones y en el acceso directo a los fondos destinados a la conservación.
En esta entrevista, Tamburini analiza la distancia entre el marco constitucional boliviano y su aplicación en los territorios, los desafíos de la cogestión entre pueblos indígenas y áreas protegidas, las amenazas de la minería y los incendios, y la necesidad de cambiar la lógica con la que operan los fondos ambientales. Su planteamiento es directo: sin participación no hay legitimidad y, sin legitimidad, tampoco puede haber conservación sostenible.
—¿Qué importancia tiene la gobernanza como un mecanismo fundamental para que los pueblos indígenas realmente participen de la administración y distribución de los fondos ambientales?
—Un primer punto es el reconocimiento de que prácticamente todos los territorios indígenas están ubicados en áreas de conservación o áreas ecológicamente frágiles, y que se han mantenido en esta condición gracias a su presencia, su acción y su forma de relacionamiento con el bosque y con los ecosistemas que los albergan.
En este momento, cualquier acción que el Estado, sea nacional, departamental o municipal, quiera emprender, es imposible que lo haga sin el reconocimiento de los sistemas propios de gobierno que tienen los pueblos indígenas en estos territorios.
En segundo lugar, para este evento es importante que este tipo de gobernanza sea reconocido también por los organismos de crédito o los organismos de cooperación. Reconocer a los pueblos indígenas ya no como meros beneficiarios o participantes de estos esquemas de financiamiento, sino como verdaderos actores de la conservación y directos gestores de posibles financiamientos que se puedan llegar a canalizar.
En muchos casos, esos recursos son intermediados por organizaciones, por esquemas estatales, que terminan disminuyendo el flujo hacia los territorios, llega muy poco de lo que verdaderamente se aprueba en las instancias más altas, porque existe el prejuicio o la desconfianza respecto de lo que puedan hacer los pueblos indígenas con esos fondos. Es el histórico prejuicio de que “no están preparados, no están capacitados”.
Y, en realidad, como se dijo en el panel de hoy, quienes probablemente no están capacitados para ver cuál es la realidad son los mismos fondos. Estos mismos esquemas son los que tienen que dar un cambio de paradigma. Los que realmente tienen que cambiar son estos fondos, que en la medida que su burocracia, sus urgencias y sus agendas sigan condicionando la bajada de los fondos a estos territorios, es evidente que se va a hacer cada vez más dificultoso y los pueblos indígenas van a estar cada vez más vulnerables porque las amenazas que se ciernen sobre estos territorios son enormes, digamos, son mucho mayores y los intereses que se juegan también son muy grandes.
—¿Cuáles son esas amenazas?
—Los territorios indígenas tienen amenazas de los mineros que les están, no solamente contaminando los medios de vida, sino dando vuelta a sus organizaciones, desvalorizando su cultura.
Están los incendios que los hacen migrar de sus comunidades. En el año 2024 hemos tenido el mayor incendio de toda la historia y eso ha generado un proceso migratorio gigantesco en toda la Chiquitania, sobre todo en el territorio de Monteverde, en donde prácticamente el territorio se vació durante dos o tres meses porque era invivible, era irrespirable, no se podía tomar el agua.
Frente a esto, no puede ser que la burocracia, las exigencias o los requisitos sean, digamos, una barrera para que también se compense la forma en cómo los pueblos indígenas han estado conservando estos recursos que son, para ellos, fundamentales para su propia reproducción, pero también cumplen las funciones ambientales nacionales e internacionales que sabemos.
—Aquí aparece el concepto de cogestión. ¿Cómo debe ser ese proceso de cogestión cuando el Estado y los pueblos indígenas tienen derechos y responsabilidades sobre un mismo territorio?
—La gestión compartida o cogestión se la entendía antes como un proceso en donde las áreas protegidas tenían unos órganos en donde, anualmente, se les socializaba cuáles eran los avances y las decisiones que se habían tomado y se daban directivas estratégicas al área para que en definitiva otros sean los gestores de la administración del área que era el sistema que imponía el Estado a través de la normativa nacional derivada de la ley de medio ambiente.
En las áreas en donde existe esta sobreposición y compatibilidad entre territorios y áreas protegidas, se ha pasado prácticamente a esquemas compuestos en donde de manera igualitaria los pueblos indígenas participan en las decisiones que se adoptan en los órganos de decisión de las áreas.
Pero estas experiencias son muy poquitas en Bolivia, pese a un importante marco normativo que tenemos.
Los pueblos indígenas están demandando que esta gestión compartida sea, no solamente reconocida a nivel constitucional, sino que sea implementada en la realidad.
Hay casos en donde esta gestión compartida la han impuesto por su capacidad de movilización, por su capacidad de demanda, pero en otros casos, están completamente ajenos y son un objeto más de conservación, digamos, del área. Son tomados como un florero y están por fuera del proceso.
La idea es incorporarlos y que tomen decisiones sobre lo que es su propio territorio, digamos, porque en definitiva es su casa.
—Ahí está la discusión sobre la distancia que hay entre lo que dicen los papeles sobre las autonomías indígenas y lo que en la realidad son. Muy pocas están funcionando realmente en relación a los intereses de los pueblos indígenas. ¿Esto es así?
—En realidad, tenemos ocho autonomías indígenas que están funcionando, de las cuales cinco están en la zona andina. A su vez, siete son ex municipios. El único territorio indígena que se ha convertido a la autonomía indígena en ese territorio titulado por el INRA, que recorta jurisdicciones municipales y las ha convertido en autonomía indígena, es el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) asentada principalmente en las provincias de Mojos, en la Amazonía Boliviana, la que se expuso aquí. Ese es el único que agrupa 26 comunidades.
La autonomía que se mantiene más fuerte es la de Charagua, pero las otras también están caminando.
Lo que pasa es que, en términos de experiencia, no conocemos mucho, porque no está todavía muy sistematizado, como son las de la zona andina, en Cochabamba, Oruro y La Paz, en donde los esquemas han cambiado, pero no se sabe si las lógicas municipalistas todavía siguen gobernando. Porque la normativa sobre gestión pública local no ha cambiado y se les exigen las mismas normas municipales a las autonomías indígenas, entonces eso también los condiciona en algún modo en que sus gobiernos propios funcionen de acuerdo a sus propias normas y procedimientos, que es lo que establece la Constitución.
—¿Hay otras experiencias en América Latina donde la gobernanza funciona para beneficio de los pueblos indígenas?
—De gestión compartida sí. Brasil es el país que más áreas de conservación tiene gobernadas de manera conjunta. Colombia también y, en menor medida, Ecuador. El problema es que Bolivia es el único país que tiene una norma nacional, la Ley 1333 de Medio Ambiente, que establece la compatibilidad entre la existencia entre territorio indígena y área protegida, la coexistencia. Entonces eso te permite la gestión compartida. Porque en los otros casos de gestión compartida, en Brasil, por ejemplo, existen las comunidades indígenas, pero no hay un título territorial colectivo en donde el área protegida, bueno, se tiene que someter al dueño de casa, que es el dueño de la tierra, digamos. O sea, eso sí sucede en Bolivia, pero en otros países no sucede.
—En términos legislativos y constitucionales, Bolivia está un paso adelante a nivel mundial, pero en la práctica…
—Bolivia tiene la mejor Constitución del mundo. El tema es que, en términos prácticos, es lo que se llama la brecha de implementación. La distancia entre lo que está escrito y lo que sucede en la realidad es muy grande, porque la vara también es altísima acá también.
—¿Qué ocurre cuando las prioridades del Estado en materia de conservación entran en conflicto con los usos tradicionales y las decisiones de las comunidades indígenas?
—Ese es uno de los temas más delicados, porque ese es muchas veces el que se utiliza para imponer las normas de las áreas protegidas sobre los usos tradicionales de los pueblos indígenas. En vez de que esos usos tradicionales sean incorporados como parte de la gestión o como parte de la conservación, se los utiliza como el elemento a combatir.
Claro, en algunos casos, evidentemente, por el contexto están salidas de control.
Vamos a poner un ejemplo, el tema de la cacería. Hay pueblos cazadores-recolectores, por ejemplo, cazan jaguares, que están por su alta dependencia de la carne de monte, porque su sistema alimenticio depende de la carne de monte, no consumen res, no consumen otra especie. Los calendarios de cacería están completamente alterados y hay ahí que trabajar en que ese uso tradicional se vaya moldeando a las condiciones que tienen de escasez. Porque antiguamente, ¿qué sucedía? Cuando había mucha presión sobre el bosque, se trasladaban, se iban, migraban a otros lugares, pero ahora ya no tienen dónde ir ni dónde migrar, ya no hay el territorio que no tiene límites, está todo delimitado. Entonces ahora lo que hay que trabajar es, en vez de condenar o sancionar el uso tradicional, es tratar de recuperarlo como un aliado para la gestión y moldear a las nuevas necesidades que tiene el pueblo para que lo que ellos consumen pueda ser recuperado en un mediano plazo.
—¿Tiene que haber un diálogo para poder reconocer esos usos tradicionales?
—Sí, no hay gestión posible sin el reconocimiento de los usos tradicionales, que en algunos casos está excedido, pero en muchos casos tiene que ver con esta idea de la conservación tradicional, que no se podía tocar absolutamente nada y cualquier cosa alteraba la idea conservacionista extrema.
Ahora, como hemos visto en el panel, eso ha sido claramente superado y el mundo de la conservación ha entendido que sin los pueblos indígenas no será posible este proceso, porque está a la vista que después de cientos de años, los bosques y las áreas mejor conservadas son las que usan y utilizan todo el tiempo los pueblos indígenas, es evidente que ellos no son los factores de la degradación o de la destrucción, son otros los factores, o son externos, o son climáticos, o son las condiciones de vulnerabilidad en las que ellos están que le abren la puerta a otros, porque no tienen forma de mantenerse.
—El tema del financiamiento, ¿qué relación existe entre una buena gobernanza territorial y la sostenibilidad financiera de la conservación?
—Hay que generar esquemas propios para el acceso directo de fondos a las organizaciones y a los territorios. Pero para esto, las organizaciones y los gobiernos tienen que prepararse para esta nueva realidad. Así como, como decíamos antes, los fondos tienen que adecuar sus esquemas y sus agendas a las necesidades y a la realidad a donde ese dinero va a ir.
Y como decía también una de las panelistas, no siempre más financiamiento es mejor. Muchas veces se puede terminar subvirtiendo todo si llega un flujo muy importante para lo cual no están preparados para manejar en lo local.
Hay que tener una capacidad crítica para analizar y ver en qué medida estos fondos llegan al territorio, pero sí tiene que haber unos esquemas básicos para el manejo y que sean utilizados de manera que todo el pueblo se beneficie. Porque si no, si va a beneficiar, o sea, si se reproducen relaciones de poder ahí adentro.
—¿Puede existir un financiamiento sostenible si las comunidades no tienen una participación real en la gestión del territorio?
—No. A mayor participación, más conservación, mejor manejo de fondos. Sin participación se tienen decisiones que pueden ser técnicamente impecables, pero no son legítimas. Para mayor sostenibilidad tiene que haber mayor legitimidad. Por lo tanto, más participación en la toma de decisiones.
—Volvemos al mismo punto. El problema está en los fondos que tienen que entender la realidad de los pueblos indígenas y no al revés…
—Es como el caso de los recursos que se demandan al Fondo Monetario Internacional (FMI). Te dan los fondos, pero tienes que hacer estos ajustes, esto, esto y esto. Si no, no llegan los fondos. Y te llega una misión y te dice, si no cumplís esto, no hay fondo.
Entonces esa es la expresión máxima de la subordinación.
Porque en el caso de los fondos ambientales es el caso exactamente inverso. Porque si los fondos llegan cumpliendo solamente las expectativas, las metas y la agenda que tienen los fondos, que no tienen nada que ver con lo que son los pueblos indígenas. No es que te van a destruir el territorio, pero vas a desincentivar la conservación y vas a hacer perder el interés en la gente.
Una vez que los cansas con los requisitos y la burocracia entonces pierden el interés. Yo no voy a transformar toda mi vida solamente por el hecho de recibir plata. Estás colonizando y la colonización en ese sentido te puede salir para dos lados.
O hay desinterés o hay una transformación tal que después, digamos, los objetivos de conservación no se logran. Porque se genera una otra sociedad interesada solamente en recibir fondos, en cuidar el territorio y seguir viviendo como siempre. Si no, en ver en qué medida, qué otro traje me pongo para seguir recibiendo plata. No, ahora hay que vestirse. Y para eso los indígenas son capísimos. Viene el que tiene el poder y se evita de estar todo. ¿Qué discurso quieres que te diga? ¿Qué vestido me pongo? ¿Quieres un discurso revolucionario? ¿De izquierda, de derecha, pro-Trump? Te hago el que vos quieras. Me pongo lo que vos quieras, pero el tema es que bajen los fondos. Y después, ya con la plata, yo veo, yo tengo autonomía, yo voy hacia cualquier lugar. Y lo más probable es que eso no funcione.
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