A raíz de los anuncios de ciertos candidatos a la Gobernación de Santa Cruz de seguir adelante con la explotación del Cerro Manomó en San Ignacio de Velasco, como reportado en la nota de Revista Nomadas ‘’ 2026: ¿El resurgimiento de los intereses extractivos sobre el Cerro Manomó, en el Ato Paragua?’’ del 14 de enero 2026, diferentes organizaciones y autoridades de San Ignacio de Velasco han expresado su rechazo a aquello y llaman al cumplimiento de sus derechos colectivos.
El día 28 de enero 2026, el Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco ha expresado su firme rechazo a cualquier actividad minera en el Cerro Manomó, basándose en su alto valor ambiental, hídrico, social y cultural. Según informes técnicos del gobierno departamental de Santa Cruz, la zona presenta una alta vulnerabilidad ambiental y actualmente no cuenta con ninguna actividad extractiva legalmente autorizada. Cualquier intervención minera pondría en riesgo grave y permanente las fuentes de agua, los suelos, la biodiversidad y la salud de la población local.
En un pronunciamiento que realizo, el concejo destaca que el derecho al agua es un derecho humano fundamental, y que el desarrollo no puede anteponerse a la vida ni comprometer el futuro de las comunidades. Además, recuerda que el Estado tiene la obligación de garantizar un ambiente sano y aplicar principios de sostenibilidad, prevención y participación ciudadana en la gestión de recursos naturales.
El Concejo enfatizó que el verdadero desarrollo debe ser responsable, respetuoso con la naturaleza y decidido por las propias comunidades, evitando que los costos ambientales recaigan sobre la población y las instituciones. Así mismo indica que:
‘’POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO:
Expresa su rechazo firme y categórico a cualquier iniciativa de explotación minera en el Cerro Manomó que no cuente con estudios técnicos rigurosos, licencias ambientales vigentes, procesos de consulta y garantías reales y verificables de protección del medio ambiente y de las fuentes de agua
2. Ratifica su compromiso institucional con la defensa, preservación y protección del Cerro Manomó, reconociéndolo como un área de importancia ambiental, social y estratégica para el municipio y para la seguridad hídrica de sus comunidades.
3. Exhorta a las autoridades competentes, a nivel departamental y nacional, a cumplir la normativa ambiental vigente y a abstenerse de promover o autorizar actividades extractivas que pongan en riesgo el territorio, el agua y la vida.
4. Reafirma que el desarrollo del municipio debe basarse en criterios de sostenibilidad, responsabilidad ambiental y justicia social, priorizando el derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro y a vivir en un entorno sano y seguro’.’
De igual forma, la Asociación de Cabildos Indígenas del Alto Paragua, llamo a una reunión de autoridades del distrito 8 y de organizaciones hermanas de San Ignacio de Velasco. En esa se reunieron y expresaron sus preocupaciones respecto a este proyecto y de forma más general a la falta de inclusión de sus demandas a la política pública departamental y nacional.
A continuación, Revista Nómadas presenta tres entrevistas realizadas en el marco de la asamblea de emergencia convocada por comunidades indígenas y autoridades locales del Alto y Bajo Paraguay, ante la creciente preocupación por la mortandad de peces en el río Paraguay y la amenaza de proyectos extractivos en el cerro Manomó. Las voces que siguen —dirigentes indígenas y autoridades municipales— dan cuenta de un mismo reclamo: la defensa del territorio, del agua y de la vida, frente al avance de intereses económicos que, denuncian, se imponen sin consulta ni respeto a los derechos de quienes habitan ancestralmente la región.
“Para nosotros el bosque es vida: es nuestra casa, nuestra farmacia y nuestro mercado”
Maida Peña, segunda Cacique de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), denuncia sobre la mortandad de peces en la cabecera del río Paraguay que encendió las alarmas en las comunidades indígenas del Alto y Bajo Paraguay. En la comunidad Carmencita, caciques de distintas regiones realizaron una asamblea de emergencia para analizar la situación ambiental, advertir sobre los riesgos del avance agropecuario y exigir que el Estado los incluya en la planificación de proyectos sostenibles. Una de las representantes del Bajo Paraguay explica las razones de la movilización y las demandas de los pueblos indígenas chiquitanos.
—¿Cuál fue el motivo principal de la reunión de este jueves 29?
—Estamos reunidos los caciques del Alto y del Bajo Paraguay en una asamblea de emergencia por el tema ambiental. Nos preocupa que, con el nuevo gobierno, se quiera ampliar la frontera agrícola, porque el daño ambiental ya lo estamos sufriendo.
—¿A qué daños se refiere concretamente?
—En este momento hay mortandad de peces en la cabecera del río Paraguay. Se están muriendo en grandes cantidades. No tenemos las condiciones económicas para hacer estudios que determinen la causa, pero sabemos que hay un impacto fuerte.
—¿Tienen alguna hipótesis sobre lo que está ocurriendo?
—Hay muchas versiones. Algunos dicen que puede ser por los soyeros que nos rodean y el uso de venenos, otros que podría estar relacionado con trabajos en el cerro Manomó, otros hablan del cambio climático. Lo cierto es que los afectados somos nosotros, las comunidades que vivimos aquí y dependemos del bosque.
—¿Por qué el bosque es tan importante para ustedes?
—Para nosotros el bosque es vida. Es nuestra casa grande, nuestra farmacia, nuestro mercado, es todo. De ahí nos alimentamos y ahí vivimos.
—¿Qué están pidiendo al Estado boliviano frente a esta situación?
—Queremos ser tomados en cuenta como pueblos indígenas en la planificación del Estado. Pedimos proyectos sostenibles que beneficien a las comunidades cuidadoras del bosque: reforestación, protección ambiental y acceso a recursos para cuidar nuestro territorio.
—¿Han tenido algún acercamiento con autoridades nacionales?
—Sí. A través de nuestra organización matriz, la CIDOB, nos reunimos en Santa Cruz con el viceministro José Luis Llano y con el director de Planificación Territorial. Por eso ahora estamos informando a nuestras comunidades y preparando una gran asamblea del pueblo chiquitano el 7 y 8 de febrero en Concepción.
—¿Hay otras preocupaciones que quiera hacer públicas?
—Sí. Nos sentimos discriminados y falta respeto a nuestras estructuras orgánicas. El gobernador de Santa Cruz no nos ha convocado a la Comisión Agraria Departamental, a pesar de que somos los dueños del territorio. Hemos enviado notas y solicitudes de reunión y nunca nos han respondido. Esa es una preocupación muy grande para nosotros.
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“Ningún recurso económico puede estar por encima del agua, la salud y el medio ambiente”
La posible explotación de tierras raras en el cerro Manomó generó una fuerte reacción institucional en San Ignacio de Velasco. Tras recibir un informe técnico que advierte sobre impactos ambientales irreversibles, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad un pronunciamiento de rechazo y exhortó a las autoridades departamentales y nacionales a no promover proyectos extractivos en la zona. La presidenta del Concejo Municipal de San Ignacio de Velasco, Natasha Castedo Mello, explica las razones de esta decisión y los pasos que están dando para proteger el territorio.
—¿Qué los llevó a emitir este pronunciamiento del Concejo Municipal?
—Existe una preocupación constante de las comunidades del Alto Paraguay, especialmente del distrito 8 de San Ignacio de Velasco, donde se encuentra el cerro Manomó. Desde hace tiempo se conoce la intención de explotar tierras raras en esta zona y eso podría generar daños ambientales irreversibles.
—¿Qué tipo de riesgos identifica el informe que ustedes revisaron?
—El informe advierte contaminación de las cuencas de agua, posibles radiaciones asociadas al mineral y daños ambientales que serían irreversibles si no existen estudios rigurosos y licencias ambientales bien certificadas.
—¿Ese informe fue elaborado por la Gobernación?
—Sí. La inspección se realizó hace casi un año, en marzo de 2024, por personeros del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. El Concejo Municipal solicitó el informe en reiteradas ocasiones, pero nunca nos lo remitieron formalmente. Fueron los comunarios quienes nos facilitaron el documento.
—¿Cuál es la principal preocupación del Concejo Municipal frente a una eventual explotación?
—Que se desplace a las comunidades de su territorio ancestral. Una explotación no controlada puede contaminar el agua y obligar a la gente a abandonar su lugar de vida. Eso no lo vamos a permitir.
—Algunos argumentan que la minería genera ingresos para la región. ¿Cómo responden a eso?
—Sabemos que una explotación minera genera recursos económicos, pero ningún presupuesto puede estar por encima del medio ambiente ni del derecho al agua y a la salud. Ese es un límite que no vamos a cruzar.
—¿Qué medidas concretas están impulsando desde el Concejo?
—Además del pronunciamiento aprobado por unanimidad, he presentado un proyecto de ley municipal para declarar el cerro Manomó área protegida municipal. Queremos poner un candado legal más fuerte para su preservación.
—¿Qué mensaje envían al Gobierno nacional y departamental?
—Los exhortamos a no promover explotaciones que generen daño ambiental en San Ignacio de Velasco. Como institución estamos firmes en la defensa del medio ambiente y del bienestar de los pobladores.
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“Optamos por la vida: el cerro Manomó no es una bandera política”
Las comunidades indígenas del Alto Paraguay volvieron a alzar la voz en defensa del cerro Manomó. Frente al resurgimiento del debate sobre su explotación, dirigentes comunitarios advierten que el tema está siendo instrumentalizado políticamente, sin respetar la posición ni los derechos de quienes habitan ancestralmente el territorio. Fernando Endara, dirigente indígena, explica por qué la defensa del cerro es una defensa de la vida.
—¿Cuál es la principal preocupación de las comunidades respecto al cerro Manomó?
—Nuestra preocupación es su conservación. Para nosotros el cerro es vida y es fundamental para las comunidades que siempre hemos vivido dependiendo del río Paraguay y del bosque.
—¿Por qué dicen que han optado por la vida?
—Porque no vemos el cerro como una fuente de rédito económico, sino como parte de nuestra forma de vida. Hemos convivido durante muchos años en armonía con la naturaleza y eso es lo que queremos transmitir a las nuevas generaciones.
—¿Por qué el tema vuelve a cobrar fuerza ahora?
—Para nosotros no es un tema nuevo. Lo que ocurre ahora es que algunos políticos lo están usando como bandera política, hablando de explotación y de cifras sin tomar en cuenta nuestra posición ni nuestros derechos.
—¿Qué sienten frente a ese discurso político?
—Que nos ignoran completamente. Hablan del cerro como si fuera tierra de nadie, como si no viviera nadie ahí. Eso es una falta de respeto a nuestras comunidades y a nuestro derecho territorial.
—¿Cuál es el mensaje que quieren hacer llegar a las autoridades y candidatos?
—Más que un pedido, es un derecho. Exigimos que se respete nuestro derecho a la vida y a la conservación de nuestro territorio ancestral. No vamos a cambiar nuestra posición.
—¿Qué rol han cumplido históricamente las comunidades en esta zona?
—Hemos sido siempre los protectores del bosque y del territorio. Cuidamos estos lugares porque son vitales para la vida, no solo para nosotros, sino para todos.
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