Cada mañana, antes de que el sol termine de calentar la tierra del bosque seco chiquitano, Angélica Rivera camina hacia una pequeña estación meteorológica que ella y sus vecinos han construido con sus manos. Mide la humedad del aire, toma la temperatura, cuenta minuciosamente los días que han pasado desde la última lluvia y procesa esa información local. Luego, avanza hacia la entrada del pueblo y mueve la aguja que posa sobre un letrero artesanal de madera pintado a mano al que todos llaman el “riesgómetro”. Verde oscuro, verde claro, amarillo, naranja y rojo. Cinco colores que en la Chiquitania boliviana miden el nivel de riesgo de los incendios forestales y significan la diferencia entre la quema controlada de una parcela y una catástrofe.
Rivera es la delegada comunal de gestión de riesgo de Peniel, una comunidad del municipio de Roboré, en el departamento de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia. A sus 30 años, lleva dos ejerciendo este rol con una convicción que le desborda por los ojos. Su trinchera es un punto microscópico en el mapa: un territorio de apenas 320 hectáreas donde hoy habitan de forma permanente tan solo nueve familias, unas 45 personas entre adultos y niños.
Cuando ella se para frente al tablero para la medición del mediodía, su figura menuda pero firme resalta bajo el sol. Viste el uniforme reglamentario de bombera forestal, compuesto por una camisa amarilla de tela resistente al fuego, visiblemente usada y marcada por el trabajo en el campo, con el parche que reza “PENIEL” sobre el bolsillo derecho y las iniciales “A.R.” bordadas en azul sobre el izquierdo. Un cinturón de cuero negro sujeta su pantalón de color verde, mientras que en su cabeza posan un casco de seguridad rojo, equipado con gafas de protección amarillas y un cubrenuca para proteger el cuello. En sus manos sostiene con delicadeza un medidor Kestrel de color rojo, un pequeño anemómetro que le dicta las sentencias del viento.
Rivera es la que lee el cielo y decide el destino del fuego en el pueblo. De su labor diaria depende la soberanía de una comunidad que aprendió a usar la ciencia para no quedar reducida a cenizas. De los datos que recolecta nace el “calendario comunal de quema”, un mapa de acuerdos humanos donde ella misma va casa por casa preguntando a los vecinos:
—¿Este año usted va a hacer chaco? ¿Qué clase de tierra va a trabajar, va a tumbar monte alto o barbecho? ¿En qué mes piensa quemar?
Si un comunario le dice que planea prender fuego en su parcela en octubre, la fecha exacta se plasma en el registro. Al llegar el día elegido, Rivera saca la variable del mediodía y consulta la tabla. Si la aguja marca el color verde oscuro o verde claro, que significan riesgo bajo o medio, respectivamente, el fuego se autoriza con el acompañamiento de la cuadrilla de bomberos voluntarios. Pero si el tablero se tiñe de naranja o rojo, (riesgo muy alto o extremo) la orden de no quemar es inapelable.
“Si sale riesgo muy alto o extremo, está prohibido encender hasta un fósforo”, sentencia con la firmeza de quien sabe que una sola chispa puede desatar el infierno en esta zona.
Y es que la historia de este rincón boliviano cambió por completo después de 2019. Los incendios, arrasaron con más del 60 % del territorio que las familias han usado por generaciones para vivir. En el caso de Angélica Rivera, su propia memoria se fracturó cinco años después, en 2024, cuando el fuego volvió a cercarlos con ferocidad. Ese año, el cerro que vigila la comunidad desapareció detrás de una cortina blanca y espesa. No se veía nada. Ni siquiera se podía salir a caminar porque respirar dolía, las amígdalas se inflamaban y la cabeza punzaba por la densidad del humo. Su hijo, que hoy tiene siete años, creció bajo ese cielo asfixiante, contemplando el bosque en cenizas. Ver morir la tierra, la flora y la fauna la inspiró a convertirse en bombera voluntaria para proteger el ecosistema del que depende su vida entera.
Donde la memoria echó raíces y el fuego encontró su frontera
La voz de la memoria en este suelo le pertenece a hombres como Celso Rivera, uno de los fundadores de Peniel. Celso es un hombre de la tierra. Sus ojos, oscuros y observadores, mantienen una chispa de seguridad, reflejando el arraigo profundo por el suelo que lo vio retornar de las minas de oro. Decidió echar raíces en lo que entonces era una selva virgen, pero completamente aislada. En aquellos inicios no existía ni la carretera actual; la ruta antigua salía por otros rincones y en el puquio —el manantial de la zona— solo se escuchaba en silencio el bramido de los jaguares. Allí se estableció de forma definitiva con su esposa y criaron a diez hijos.
A los cuatro años de haberse asentado en esa soledad, apareció en el horizonte don Genaro Llovió, y tiempo después se sumó un ciudadano chino. El rostro de Llovió, de 86 años, está surcado por arrugas profundas y definidas, es un mapa que narra décadas de trabajo bajo el sol de la Chiquitania. Celso y Genaro personifican el testimonio andante de un pueblo que nació a fuerza de machete en la falda de los cerros de Roboré.
Sin duda, el incendio forestal de 2019 fue lo más destructivo que se ha vivido en Peniel. El fuego avanzó con una furia indomable desde el lado norte y levantó una columna de humo tan inmensa que la comunidad quedó sumida en una oscuridad absoluta en pleno día. Algunas familias tuvieron que ser evacuadas de emergencia mientras los animales silvestres y el ganado morían atrapados por las llamas o asfixiados por el aire denso. El incendio —recuerda Celso— era tan monstruoso que las llamas saltaban distancias de hasta veinte metros, devorando todo a su paso. Aunque el fuego no llegó a quemar las viviendas del centro del pueblo —salvo las casas de la vecina Margarita y de Cecilio, que lamentablemente se redujeron a cenizas—, los chacos y las huertas frutales se perdieron por completo. El calor extremo —continúa narrando— fue lo suficientemente intenso como para marchitar la gran mayoría de los cultivos, secando y matando a miles de plantas de cítricos, y devorando casi la totalidad de la cobertura vegetal de los cerros aledaños. Fue un golpe brutal que les enseñó una lección fundamental: si el bosque se quema, la comunidad entera se queda sin sustento económico.
Por otro lado, la importancia estratégica de Peniel desborda por completo sus límites geográficos. Su ubicación la convierte en un punto crítico de alto riesgo y en una verdadera barrera humana. Richard Rivas, coordinador de enlace en la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), conoce de memoria la geografía del peligro en esta región. Desde su rol, apoyando el programa de manejo comunitario del fuego en los municipios de Roboré, El Carmen, Puerto Suárez y San José, Rivas observa a Peniel con la precisión de un estratega experimentado por las lecciones de la vida.
“Esta zona tiene características de riesgo muy particulares”, explica, dándole una lectura científica al territorio. Los puntos de origen de las llamas al norte convierten al lugar en una especie de “callejón de fuego”.
El diagnóstico técnico de Rivera revela una situación crítica. Las familias están asentadas prácticamente en la falda del “valle”, un cañón por donde ingresa el viento fuerte y cálido de las montañas. No es una exageración teórica: en 2022 sus habitantes vieron la peligrosidad real de este corredor cuando el fuego avanzó 80 kilómetros en un solo día. Por eso, el trabajo que desarrollan los comunarios para contener las llamas en este punto preciso es vital. El esfuerzo de sus ocho bomberos voluntarios evita que el desastre cruce el corredor y avance sin control hacia el área protegida Ñembi Guasu, que, con más de 1.2 millones de hectáreas, es una de las reservas más grandes del ecosistema Chaco.
“Si el incendio cruza este cañón, se genera un desastre ambiental incontrolable que puede llegar hasta Paraguay”, advierte Richard Rivas. Detener el fuego aquí es frenarlo en el resto de la región.
Wilman Weber Pokubé, presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) y representante legítimo de Peniel, asegura que su población es como un pequeño valle incrustado en la Chiquitania, un territorio altamente productivo rodeado por montañas. Sin embargo, este oasis agrícola es un punto de peligro latente.
Del saber del monte a la precisión de los datos
A través del Sistema de Alertas Tempranas Comunitarias de Manejo de Fuego, impulsado por la FAN Bolivia y respaldado por aliados como el PNUD Bolivia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Unión Europea y la Fundación AVINA, Peniel sustituyó la incertidumbre por los datos climáticos. Desde que adoptaron este monitoreo matutino, los incendios cercanos a la comunidad han disminuido notablemente. Al gestionar mejor sus recursos y medir el riesgo a diario, los habitantes protegen sus bosques cercanos y también han consolidado un grupo de gestión de riesgo dedicado a prevenir y atacar fuegos incipientes. La tabla de madera que actualiza Angélica Rivera es el primer pilar de un territorio que aprendió a leer el cielo para no volver a quemarse.
En Bolivia, los incendios forestales constituyen una de las principales amenazas para la conservación de los ecosistemas, la sostenibilidad de los medios de vida rurales y la seguridad de las comunidades. Históricamente, el uso del fuego ha formado parte de las prácticas productivas, culturales y de manejo del paisaje. Los habitantes de Peniel poseen un conocimiento profundo de su territorio, construido a partir de la experiencia, la observación de la vegetación, los vientos y el uso histórico de las quemas. Sin embargo, las condiciones actuales del cambio climático están modificando drásticamente los patrones bajo los cuales se desarrolló ese saber ancestral.
El aumento de las temperaturas, la variabilidad extrema en los regímenes de lluvia y la mayor intensidad de los vientos están alterando el comportamiento del fuego, incrementando su fuerza y su capacidad de propagación. Ante esta nueva realidad —sostienen los comunarios de Peniel—, el conocimiento tradicional requiere ser complementado con información meteorológica actualizada y herramientas de gestión del riesgo para reducir la probabilidad de incendios no controlados.
Ahí es donde el Sistema de Alertas Tempranas Comunitarias de Manejo de Fuego se convierte en un puente entre la ciencia y la tradición. Este sistema local permite anticipar, identificar y comunicar oportunamente las condiciones de peligro a partir del monitoreo preciso de las variables meteorológicas. El blindaje de Peniel contra las llamas no depende de la improvisación, sino de una estructura organizada que opera de manera coordinada durante todo el año. El esfuerzo ya no solo descansa sobre los hombros de los adultos, sino que las nuevas generaciones están asumiendo el mando en este frente de batalla climático.
Con apenas 16 años, Emmanuel Weber Solís representa el relevo generacional en la trinchera ambiental. Actualmente cursa el bachillerato en la localidad vecina de Chochís (a 5 kilómetros de Peniel), pero sus fines de semana y momentos libres están consagrados a su labor como bombero voluntario y delegado de gestión de riesgos en su propia comunidad. Solís quedó marcado de por vida por lo que vio en su niñez: tenía tan solo 9 años cuando el devastador incendio forestal de 2019 cercó al pueblo. “Parecía una película”, recuerda, rememorando el miedo profundo que sintió al ver las inmensas columnas de humo levantarse detrás de las montañas y la amenaza latente sobre sus viviendas, construidas mayoritariamente con techos de motacú, una especie de palmera endémica de Bolivia.
El fuego no fue una ficción para él; vio cómo una de las casas del pueblo se reducía por completo a cenizas y cómo las plantaciones frutales de su padre quedaban completamente chamuscadas, terminando de secarse al año siguiente y dejando la tierra en un estado de aridez muy costoso de recuperar. Ver la destrucción de su entorno lo impulsó, de forma voluntaria y sin que nadie lo invitara, a incorporarse a los 14 años a la cuadrilla comunal, enfrentando su primer gran incendio forestal en el sector Alto de Pozones entre 2023 y 2024.
Hoy en día, Emmanuel trabaja a la par de los delegados adultos utilizando herramientas técnicas de precisión. Es la mano derecha de Angélica Rivera y maneja planillas de registro físico y el anemómetro Kestrel, un pequeño aparato de mano, parecido a un teléfono celular antiguo, que funciona como una estación meteorológica portátil. Con este aparato se arrancan los secretos al viento, revelando en su pantalla digital la temperatura exacta, la velocidad de las ráfagas y la humedad relativa de la atmósfera. Complementa estos datos con la aplicación móvil Satrifo, instalada en su celular para monitorear las condiciones generales del clima, los pronósticos de calor y los días transcurridos desde el último aguacero. En época de lluvias, cuando el monte está rebosante y verde, este monitoreo se realiza de forma preventiva una vez al mes. Pero cuando llega la temporada crítica y la sequía aprieta, el ritual se vuelve diario y se ejecuta estrictamente al mediodía, que es cuando el sol está en lo alto, las temperaturas tocan su pico y el combustible vegetal se vuelve más vulnerable y susceptible de arder.
Con los resultados del Kestrel en mano, Angélica y Emmanuel se dirigen al letrero de madera y ajustan la aguja según el índice de riesgo del Tablero de Riesgo de Incendio Forestal. Esa medición es el motor que da vida al calendario comunal de quema, una herramienta de planificación fundamental para programar las actividades agrícolas y las quemas de habilitación de tierras, las cuales requieren la autorización formal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Organizar este uso del suelo es un ejercicio de precisión absoluta para las familias de Peniel. Como comunidad campesina legalmente organizada y con personería jurídica desde 2011, operan bajo un régimen de propiedad colectiva. Las parcelas familiares, que oscilan entre las tres y cuatro hectáreas, no se pueden vender individualmente y el reglamento interno sólo permite comercializar las “mejoras” —cultivos e infraestructura— bajo una estricta aprobación interna. Al estar afiliados al municipio de Roboré como bomberos forestales, aseguran que cumplen con rigurosidad las normas ambientales que prohíben desmontar cerca de las pendientes de los cerros, lo que se traduce en que sólo cuentan con 80 de sus 320 hectáreas para la producción agrícola y de cítricos.
Wilman Weber explica que el “chaqueo” no es una práctica dañina si se ejecuta de manera consciente y planificada. Consiste en habilitar parcelas reducidas tumbando la vegetación secundaria y, una vez seca, prenderle fuego de forma controlada para renovar y ampliar el espacio de cultivo. Para hacerlo con responsabilidad, el primer paso obligatorio es “callejonear”, es decir, abrir una senda completamente limpia en todo el contorno del terreno para impedir que el fuego salte hacia el monte alto. Luego, se convoca formalmente a los bomberos comunitarios para vigilar el perímetro y evaluar la dirección y velocidad del viento. En Peniel esta labor no es anual, trabajan superficies pequeñas de apenas media hectárea, las cuales se cultivan intensamente durante cuatro o cinco años con cítricos, y solo cuando esos árboles crecen, se evalúa abrir un nuevo espacio.
Para entender el blindaje de Peniel hay que comprender que aquí el fuego no es un enemigo absoluto, sino un elemento que exige respeto y memoria. Angélica Rivera explica que la tierra no se toca de la misma forma todos los años.
“Cuando ya está la parcela limpia de malezas, se deja secar y se siembra”, explica. El fuego solo se busca cuando hay desmonte de barbecho o monte bajo.
Cuando la siembra ya está establecida, el fuego se apaga de la rutina agrícola. La maleza corta se deja caer sobre los surcos, se acomoda entre las hileras y se le permite pudrirse bajo el sol chiquitano. Se transforma, por la pura gracia de la naturaleza, en abono orgánico para alimentar las raíces. El machete sustituye a la llama y la tierra descansa.
Una comunidad que se organiza para no perderlo todo
Si el día programado para la quema el tablero marca riesgo bajo, un humo divisado a la distancia puede ser interpretado simplemente como una fogata doméstica o un chaqueo habitual bajo control. En estos niveles verde o amarillo se puede trabajar el suelo porque la vegetación retiene humedad o porque las condiciones permiten manejar el fuego de forma segura.
Si la aguja se mueve hacia el riesgo alto, el panorama cambia drásticamente y cualquier columna de humo es un llamado urgente a una verificación. En el nivel naranja todavía se permite quemar, pero bajo una organización estricta donde el comunario debe coordinar con los encargados de gestión de riesgos y activar el acompañamiento obligatorio de la cuadrilla comunal de respuesta. Pero, si el indicador se tiñe de rojo, la comunidad posterga inmediatamente cualquier quema por seguridad. La prohibición es absoluta y no se puede encender ni la basura de la casa.
Cuando el semáforo ambiental se pone crítico y se confirma una emergencia, la comunidad activa su brazo operativo. Los voluntarios se calzan las botas y se enfundan en su equipo de protección personal. Gracias al apoyo constante de la FAN, que les provee de talleres de prevención y respuesta primaria ante el fuego varias veces al año, los miembros de la cuadrilla —incluyendo la fuerza joven de Emmanuel Weber— cuentan con uniformes completos y herramientas para combatir las llamas de forma segura, protegiéndose de las quemaduras y de la inhalación de humo.
La defensa del territorio funciona como un nodo interconectado. Si la cuadrilla de Peniel se ve superada por la magnitud de un incendio, llaman de inmediato a los jefes de cuadrilla de las comunidades vecinas de Portón y Chochís para recibir apoyo. Si el fuego adquiere proporciones gigantescas que rebasan las fuerzas locales, la alerta se canaliza a través de la Unidad de Gestión de Riesgos municipal en Roboré.
Este blindaje no es un hecho aislado. El engranaje que frena las catástrofes en Peniel forma parte de una red mucho más amplia que la FAN replica actualmente en diez comunidades indígenas y tres comunidades campesinas dentro del municipio de Roboré. Richard Rivas explica que la estructura opera bajo una lógica de rigurosa gobernanza local, donde en cada localidad se establecen dos puntos focales clave que actúan como autoridades ambientales en el terreno: el delegado de gestión de riesgos, encargado de monitorear el clima y activar las redes de comunicación y grupos de alerta conectados con la Unidad de Gestión de Riesgo municipal, y el jefe de cuadrilla, responsable de organizar la respuesta directa.
Para Rivas, el verdadero éxito del programa radica en derribar el mito de que al fuego solo se lo combate cuando avanza rugiendo sobre los árboles. “Lo que se visibiliza hacia afuera es solo el momento de la crisis, cuando los medios muestran a los bomberos con sus chalecos combatiendo las llamas en primera línea”, reflexiona el coordinador de la FAN. “Sin embargo, el manejo comunitario del fuego es un trabajo de todo el año. Nuestro programa contempla tres etapas estrictas: prevención, preparación y respuesta. Pero hay una fase posterior que es fundamental y de la que casi nadie habla: el apoyo a la restitución de los medios de vida”.
Esa última fase es el salvavidas económico para los productores. Cuando el fuego asedia la zona, los agricultores se ven obligados a abandonar por completo la preparación de sus parcelas y sus chacos para abocarse día y noche al combate de las llamas. El costo de salvar el bosque suele ser la pérdida de sus propios cultivos y la destrucción total de sus sistemas de abastecimiento de agua. Es en ese escenario de cenizas donde FAN interviene de manera posterior, entregándoles semillas y herramientas esenciales para reactivar su producción agrícola y devolverles el sustento básico.
De enero a mayo, durante los meses en que el fuego da tregua en la zona, el enfoque se traslada por completo a la prevención y a la preparación.Los comunarios asisten a talleres de mapeo participativo para la identificación de zonas de riesgo. Sobre un mapa impreso de su propio territorio, los habitantes trazan las rutas donde el fuego se repite históricamente cada temporada. Con esa información estratégica, enfocada especialmente en puntos críticos como el sector norte por el lado de la gruta de la Virgen de Fátima, planifican las faenas del mes siguiente para abrir líneas de defensa y realizar quemas preventivas controladas de media o una hectárea y eliminar el combustible seco antes de la temporada crítica. Limpian los caminos vecinales para asegurar el ingreso rápido de los equipos de atención, revisan las herramientas y refuerzan las técnicas de combate.
A sus 86 años, Genaro Llovió ya no puede trabajar el chaco pesado ni sembrar yuca como lo hacía antes, pero se queda en Peniel porque le fascina su tranquilidad y su clima, cuidando con esmero unas cuantas plantaciones de naranja y de lima. Sus hijos lograron salir adelante y estudiar a pesar de las carencias, y hoy él se dedica a disfrutar de la paz de la tierra que ayudó a fundar.
Sin embargo, esa paz es un equilibrio frágil que se sostiene únicamente porque en el pueblo hay quienes se niegan a dejar que el fuego vuelva a borrar el mapa. Angélica Rivera lo sabe mejor que nadie. Mientras contempla las manos curtidas del anciano, ella entiende que su rol como delegada es el hilo invisible que amarra el pasado de los fundadores con el futuro que muchachos como Emmanuel intentan retener.
“No es duro este trabajo”, dice con una convicción que vuelve a desbordarle por los ojos mientras se acomoda el cabello. “La verdad es que me gusta mucho. Cuando ingresé como bombera descubrí que esto es lo que me apasiona”.
A su espalda, los cerros que forman el cañón de Peniel parecen custodiarla. Sabe que si mañana el viento vuelve a soplar con furia desde el norte y la aguja del tablero roza el color rojo, ella estará ahí para advertir del peligro a toda la comunidad. Los comunarios saben que pueden seguir cuidando sus naranjas en paz porque Angélica Rivera y Emmanuel Weber han aprendido a leer el cielo para que el bosque de su comunidad siga de pie.
*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Revista Nómadas de Bolivia.
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