Entre la fe y la ficción ecocida: lo que esconde el DS 5503
El 22 de diciembre 2025, en plena tensión económica post decretazo D.S. 5503, el presidente DE Bolivia, Rodrigo Paz, decidió tomar la palabra. Dijo venir a aclarar dudas. Pero no toda aclaración ilumina. A veces, la luz deslumbra para ocultar mejor.
El decreto es conocido por incluir el alza de combustibles o un primer ‘’gasolinazo’’, pero entre sus pliegues esconde mucho más. Salvo contadas excepciones, éstas apenas han sido discutidas públicamente.
El Decreto Supremo 5503 no solo marca un ajuste económico, sino también un viraje ideológico: consolida un modelo agroextractivista en expansión, con altísimos costos ecológicos y sociales, disfrazado de pacto patriótico. Lo económico no puede separarse de lo ambiental. Y lo que aquí se juega no es solo una balanza comercial, sino la balanza ecológica de un país al borde del colapso climático.
Más allá de sus 20 páginas, el decreto incluye cuatro anexos que, a diferencia de otros decretos, no han sido publicados en la Gaceta Oficial. Dos semanas después, el supuesto “problema técnico” que impide su acceso sigue sin resolverse[1]. No parece una omisión casual. Más bien, revela una voluntad deliberada de no transparentar lo que, por ley, debería ser de acceso público. Y si no me creen vayan a la página web de la gaceta y traten de descargar los anexos de dicho decreto (http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/).
Uno de los puntos más relegados, aunque lejos de ser menor, es el referido a la “Liberalización y promoción de exportaciones agropecuarias y agroindustriales”. Paz lo abordo en su diálogo del 22 de diciembre al responder a una consulta que recibió sobre los riesgos de desabastecimiento en el mercado interno. Su intervención, más que disipar, sembró dudas con datos discutibles, medias verdades y una dosis generosa de épica patriótica para endulzar la píldora.
Según lo que explico, no hay de que preocuparse porque se está construyendo un nuevo pacto de confianza mutua entre el Estado y los empresarios exportadores. El gobierno promete ayudarlos a vender al exterior, y ellos, en retribución, “dejarán lo correcto” para abastecer el mercado interno.
En sus palabras: “Yo confío en que tú vas a producir carne, que en tu producción vas a dejar lo correcto […] Esto no es de charla, es con papeles. Pero a su vez, yo, Gobierno, te voy a ayudar en todo lo que quieras para vender carne afuera.” Y agregó “Lo que no puede hacer aquel empresario es traicionar a la patria en el sentido de no dejar el compromiso para cubrir el mercado interno. Eso no lo vamos a permitir.”
Con ese argumento, Rodrigo Paz justificó la eliminación del sistema de certificados de abastecimiento interno y precio justo, herramienta que obligaba a garantizar la provisión interna para autorizar exportaciones. Dijo que esos mecanismos servían, en gobiernos anteriores, para chantajear políticamente al sector agroindustrial y ganadero. Y cerró con una frase que pretende convertir una política pública en un acto de fe: “Yo no me preocupo mucho, yo creo que ellos se van a comprometer, porque saben que este es el momento donde todos le tenemos que poner el hombro a la patria”.
En términos llanos, lo que nos propone no es una estrategia económica, sino un acto de fe. El Estado abdica de su rol regulador y se encomienda a la buena fe de actores cuya lógica histórica ha sido exactamente la contraria. La ‘confianza mutua’ aparece, así como sustituto de los certificados, del control público y de lo que la evidencia empírica acumulada, en Bolivia y en la región, ha mostrado de manera reiterada, que, sin reglas y sin límites, el mercado no se autorregula.
No es solo demagogia, es el preámbulo de la omisión, el argumento que allana el camino para la evasión de responsabilidades estatales, revestido de épica patriótica.
Exportar sin reglas: precios altos, consumo en caída
Primer punto, conviene descomponer las afirmaciones de Rodrigo Paz. Es cierto que países como Paraguay, Uruguay o Argentina exportan carne, y no por ello “se quedan sin carne”. Sin embargo, sugerir que eso garantiza automáticamente el abastecimiento interno es un maniqueísmo simplista.
Lo que ocurre en esos contextos, no es la ausencia de dicho producto, sino una escasez relativa, traducida en aumentos de precio, que lo vuelven más inaccesible. Cuando hay presión exportadora, los precios internos suben y, con ello, disminuye el consumo entre quienes menos puedan pagar.
La realidad es más compleja y matizada. En Uruguay, por ejemplo, cuando los precios locales se disparan, el país sigue exportando carne premium y sustituye el abastecimiento domestico mediante importaciones de carne más barata desde Brasil o Paraguay. Lejos de ser una excepción, esa práctica constituye una política pública sostenida, que implica destinar divisas para importar carne de menor calidad y así garantizar un precio ‘’justo’’. Solo en los últimos tres años, Uruguay importó más de USD 1.062 millones en carne; en 2025, fueron USD 423 millones. Sin esas importaciones, la presión sobre los precios habría sido aún mayor, como ocurrió en 2019, cuando el precio interno de la carne aumento un subió 35%.
Paraguay atraviesa una dinámica similar, hasta noviembre de 2025 ya había importado USD 55 millones en carne. Y en Argentina, aunque las importaciones fueron marginales, el efecto sobre el consumo fue contundente. Ante el alza de precios y el derrumbe del poder adquisitivo, simplemente se dejó de consumir. En 2024, el consumo per cápita de carne cayó de 53,3 a 46,8 kilos a su nivel más bajo en veintiséis años, con impactos mucho más severos en los sectores populares y en los ecosistemas, que deben soportar una producción intensiva para satisfacer un mercado externo cada vez más voraz. Paradójicamente, ese mismo año marco un récord histórico de exportaciones, superando incluso el registro de 1929. Una síntesis perfecta del modelo, menos carne para su pueblo, más mercancía para el mercado chino.
Entonces, primer punto, las declaraciones de Rodrigo Paz son demagógicas porque tergiversan la realidad del mercado cárnico en los países vecinos, profundamente tensionada y desigual, y la reducen a un relato de fe en la autorregulación. Omiten deliberadamente los mecanismos concretos que esos países emplean para gestionar las tensiones entre exportación y consumo interno, desabastecimiento parcial, alza sostenida de precios e importación de carne de segunda, todo sin alterar las exportaciones de carne premium.
Y esos mecanismos no descansan en la buena voluntad empresarial, sino en costos sociales que se trasladan a la población, y en una disponibilidad de divisas que, en Bolivia, escasea. Ese modelo económico no solo extrae valor sin retorno económico, sino que permite externalizar también los costos ecológicos hacia territorios que ya están degradados.
Donde se “libera” el mercado sin contrapesos institucionales, no emergen patriotas que reserven producción para su pueblo, lo que aparece es la lógica sin freno de la ganancia. Ni en Bolivia ni en la región existen antecedentes serios de autorregulación empresarial en este ámbito. Afirmar lo contrario, sin aportar ninguna evidencia, no es solo ingenuo, es de mala fe.
Segundo punto, el mecanismo de los certificados de abastecimiento, presentado ahora como un instrumento de chantaje político, ha funcionado durante años, para varias mercancías, como una herramienta efectiva de regulación. Su lógica era simple, restringir las exportaciones hasta asegurar el suministro interno, especialmente en productos de consumo masivo. No era una innovación ideológica ni una excentricidad boliviana, ni es perfecta. Con variantes, instrumentos similares están siendo utilizados por cerca del 45 % de los países del mundo.
La evidencia empírica es clara. Basta revisar las cifras históricas de producción y exportación de soya para constatar que, año tras año, se respetaron los topes establecidos y la banda de precios nacionales, generalmente entre el 60 % y el 70 % de la producción nacional. Lejos de constituir una traba arbitraria, el sistema logró, con todas sus imperfecciones, su propósito. No erradicó el contrabando, que es estructural y de larga data, pero sí fijó límites explícitos allí donde hoy solo hay exhortaciones morales.
Conviene subrayarlo: el esquema de certificados no se aplicaba de manera generalizada, sino a una lista acotada de bienes estratégicos, principalmente gas y agroexportaciones, que en 2024 representaban apenas el 20 % del total exportado. Si, como afirma el presidente Paz, su gobierno no busca ejercer chantaje político, resulta difícil encontrar una justificación técnica o ética para desmontar un instrumento que, con todas sus limitaciones, funcionó, y reemplazarlo por otro que ya ha demostrado su ineficacia.
¿Pero qué ocurrió cuando el 2024 se decidió liberalizar las exportaciones agropecuarias?
La experiencia reciente es elocuente. En febrero de 2024, el gobierno de Arce Catacora liberalizó las exportaciones agropecuarias, eliminando tanto los certificados de abastecimiento como el tope máximo de 35.000 toneladas de carne exportable. El propio sector ganadero había asegurado que podía exportar hasta 50.000 toneladas sin afectar el mercado interno. Sin embargo, el año cerró con casi 59.000 toneladas exportadas, un 18 % por encima del umbral que ellos mismos habían definido como “seguro”.
La sobreexportación fue tan evidente que, en noviembre de 2024, el gremio de carniceros denunció desabastecimiento y solicitó formalmente la suspensión de las exportaciones. La medida se aplicó en febrero de 2025 y se mantuvo durante cuatro meses. Lo alarmante no es solo que se haya prohibido exportar, sino que, aun así, más de 10.000 toneladas fueron exportadas. No fue una fuga aislada, pero fue tolerado por omisión o conveniencia y registrado en aduanas.
Lo verdaderamente inquietante, sin embargo, no está en los registros nacionales de aduanas, sino en el espejo externo. Las aduanas chinas, reconocidas por su rigurosidad reportaron haber importado 72.890 toneladas de carne boliviana en 2023, frente a las 25.678 registradas por Bolivia. En 2024, la brecha se amplió todavía más, 92.729 toneladas según China, contra apenas 25.075 en los registros oficiales bolivianos. Se trataría de una sobre exportación de carne mucho más importante de lo pensado y posiblemente realizada en gran medida por un Frigorífico que estaba siendo investigado por varios delitos. Al mismo tiempo el consumo interno cayo, arrastrado por un alza sostenida de precios.
En otras palabras, para los tres grandes frigoríficos exportadores del país, las cuotas nunca fueron un obstáculo real, tampoco lo fue, en la práctica, la suspensión de exportaciones. Pensar que, en ausencia de regulación, estos actores se autolimitarán por compromiso patriótico no es una política pública, es una ilusión.
Las medidas actuales, aunque según Rodrigo Paz “cuentan con acuerdos en papel”, se reducen a monitoreos estadísticos y ejercicios de trazabilidad. No otorgan al Estado herramientas efectivas para garantizar el abastecimiento interno. Su “eso no lo vamos a permitir” no constituye una norma, ni un control, ni una sanción. Es apenas un gesto retórico, pronunciado a posteriori, cuando el daño ya está hecho.
Dólares afuera, deuda adentro
Tercer punto, todo el andamiaje se sostiene sobre una premisa tan repetida como frágil, que exportar genera dólares. Pero no es, necesariamente, así. Como ya expuse anteriormente, existen mecanismos conocidos como mesas de divisas, que permiten a los exportadores vender sus dólares en el exterior, sin ingresar un solo billete verde al país. Es decir, exportan productos, pero no importan divisas.
En esos casos, los compradores suelen ser importadores locales, que acceden a subastas de divisas que están en cuentas fuera de Bolivia. En dichas subastas, el valor del boliviano puede fácilmente ser aún mayor que en el mercado paralelo. Y son esos mismos mecanismos los que explican por qué, en la práctica, las únicas exportaciones que efectivamente traen divisas a las reservas internacionales son las estatales, como el gas, cada vez más escaso, o el oro comprado y revendido por el Banco Central de Bolivia.
Rodrigo Paz haría bien en consultar esos detalles con su ministro de Economía. Porque lo cierto es que los mecanismos vigentes para incentivar la repatriación de divisas son demasiado débiles, y el contexto tampoco ayuda. Los exportadores actúan bajo una expectativa compartida, que el tipo de cambio oficial, tarde o temprano, será corregido. Y esa expectativa, respaldada por señales del propio gobierno, hace que muchos prefieran esperar una futura devaluación, antes que ingresar sus divisas al país a una tasa que consideran artificialmente baja. En términos simples, la expectativa de una ganancia futura por especulación pesa más que cualquier incentivo ofrecido en el presente.
Pero hay algo más, y es incluso más preocupante. Tomemos el caso del mayor exportador de carne del país, la firma brasileño‑paraguaya BFC. Para esta empresa, repatriar divisas no solo no es prioridad, es contraproducente. Cada año exporta entre USD 100 y 160 millones, pero opera cómodamente en Bolivia gracias a créditos en bolivianos, muchos de ellos provenientes de fondos públicos.
Entre 2021 y 2024, BFC accedió a más de USD 136 millones en préstamos en moneda nacional, de los cuales cerca de una cuarta parte fue financiada con fondos de pensiones bolivianos. Es decir, no necesita traer muchos dólares al país, se capitaliza en bolivianos baratos, con respaldo de los ahorros previsionales y bancarios.
En 2024, exportó USD 156 millones y según lo que reporte en su balance comercial generó ingresos por Bs 1.452 millones. Tuvo costos y gastos por Bs 1.300 millones, pero en vez de usar parte de las divisas generados por exportaciones, aumentó sus pasivos, deuda financiera y comercial, en Bs 740 millones. Incluso sumando utilidades del 2023 de Bs 235 millones, el balance arroja una necesidad de fondos cercana a Bs 300 millones (unos USD 25 millones a una tasa de cambio razonable para mesas divisas). Por qué usar dólares propios, si puede seguir endeudándose en una moneda que, además, se espera se devalúe?
El resultado, BFC tiene una deuda 25 veces superior a su capacidad operativa (Deuda/EBITDA de 25). Un nivel que, en cualquier sistema financiero serio, sería señal de alerta roja. Pero aquí no solo se tolera, sino que se respalda con recursos públicos. Y todo indica que, con el nuevo rumbo del D.S. 5503 y las promesas de inversión privada del gobierno, ese respaldo se profundizará.
No estamos ante una anomalía, sino ante un modelo de negocios agroexportador, el de una empresa altamente endeudada en moneda nacional, que casi no repatria divisas, y que además es financiada por los fondos que deberían garantizar las pensiones de millones. ¿Quién está asumiendo realmente el riesgo? ¿Quién cosecha y quién paga? ¿Quién deforesta y quién respira ese aire? ¿Quién lucra y quién pierde la Amazonía? Preguntas que el anterior gobierno eligió no responder y a las cuales el actual perpetuará el silencio.
Y cuando los dólares prometidos no vuelvan al país qué pasará? Argentina ya nos dejó lecciones dolorosas, tanto con Macri como con Milei, pese a las medidas que asumieron por atraer divisas, la fuga persistió, y la necesidad de financiamiento los arrastró, una vez más, a los brazos del FMI. Bolivia no está tan lejos de ese guion como algunos quieren creer.
El agronegocio manda: poder, impunidad y costos sociales
Además, cuarto punto, conviene desmontar otro relato, el sector ganadero no es, como pretende Rodrigo Paz, una víctima del MAS. Fue, junto a otros actores agroindustriales, su socio estratégico. Un botón de muestra reciente, Fegasacruz y Fegabeni, las principales entidades del gremio, se sumaron voluntariamente, junto con representantes del gobierno del MAS, al rechazo a la acción popular contra incendios y deforestación impulsada por jóvenes ambientalistas.
Aquella demanda no pedía otra cosa que transparencia y medidas efectivas ante el desastre ecológico. Sin embargo, ni por el supuesto “patriotismo” que hoy invoca Rodrigo Paz, el sector tomó voluntariamente medidas para frenar la creciente destrucción ambiental. Y no es un dato menor, el 57 % de la deforestación en Bolivia es responsabilidad directa del sector ganadero, y al menos la mitad de toda la deforestación nacional es ilegal.
No es que me quite el sueño que la carne sea accesible, honestamente, hay formas más saludables, sostenibles y éticas de alimentarse. Lo que inquieta es que, hoy por hoy, con la dieta popularizada en el país, es la fuente de proteína principal de una gran parte del país, y al igual que otras mercancías que exporta el agro, subirán de costo y con ello las facturas ya elevadas de gran parte de la población. Y por sobre todo que a nombre de un bien común, se legitime un modelo de expansión agroextractivista con altísimos costos socioecológicos, mientras las facturas suben para todos, los impactos se socializan, mientras las ganancias suban para solo algunos.
Ahora bien, no todo el sector ganadero es igual. Hay matices que importan. En Beni, por ejemplo, existen menos de 9.000 predios ganaderos. La mayoría son explotaciones familiares, cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir un salario mínimo. Pero al subir de escala, la historia cambia, las ganancias pueden volverse millonarias.
En Santa Cruz, según sus propios datos, Fegasacruz agrupa a casi 30.000 ganaderos, pero el 1 % más grande, unas 300 unidades productivas, concentra el 33 % del hato ganadero del departamento. Si sumamos al 7 % de ganaderos medianos, alcanzamos otro 38 %. Es decir, menos del 10 % controla más del 70 % del ganado.
A eso se suman los tres grandes frigoríficos exportadores, BFC, Frigor y Fridosa que dominan la cadena y son los únicos que se benefician directamente de las divisas generadas.
Conviene igualmente volver, una vez más, a las palabras. En 2016, Julio Roda, entonces presidente de la CAO, decía sin titubeos: “Evo Morales ha hecho más por nosotros que Banzer”, su amigo personal. Se refería a las políticas menos restrictivas de desmonte y regularización de tierras. Además en 2019, durante los megaincendios, el presidente de Fegasacruz defendía las leyes llamadas “incendiarias” diciendo: “No matemos la gallina de los huevos de oro”. Esa gallina sigue viva, sigue desmontando, y sigue recibiendo beneficios.
Lo cierto es que el grueso de la política agropecuaria boliviana no ha cambiado tanto desde Evo. La diferencia es que ahora, no hay tanto presupuesto y que ya no se gobierna para el agronegocio. Ahora, el agronegocio gobierna.
Y cuando las promesas del espejismo agroextractivista no se cumplan, como ha ocurrido en tantos otros países, cuando la riqueza no derrame, pero sí la crisis ecológica se desborde, habrá que recordar quiénes tomaron estas decisiones. Porque no será por falta de advertencias.
Como alertaron recientemente científicos bolivianos e internacionales, los efectos de la deforestación y el cambio climático ya se hacen sentir sobre los ríos voladores de la Amazonía boliviana, situándonos en una de las zonas más vulnerables al punto de inflexión ecológica del bioma.
De forma paralela, otro grupo de científicos nacionales emitió una advertencia urgente sobre las consecuencias socioecológicas de mantener el rumbo extractivista. Recordemos que, años antes de la brutal sequía de 2016, que dejó sin agua a ciudades como La Paz, El Alto y muchos mas municipios más, ya existían estudios que alertaban sobre ese riesgo inminente. Sin embargo, dichas investigaciones fueron ignoradas por las autoridades, y el desastre llegó tal como se había anticipado.
No olvidemos, Potosí, ese departamento que está siempre entre los mayores exportadores del país, sigue, según el censo 2024, concentrando algunos de los niveles más altos de pobreza. La paradoja extractivista se repite, territorios que producen riqueza para el mercado global, pero viven bajo la amenaza del despojo, la sequía y la exclusión. Exportar más no es sinónimo de bienestar. Mucho menos si el modelo económico que se impone destruye, no beneficia localmente y deja tras de sí territorios arrasados.
¿De verdad creen que el sector agroexportador va a velar por la seguridad alimentaria del país? ¿Creen que dejará de contrabandear o de sobreendeudarse, apostando a la devaluación del boliviano como quien apuesta en una ruleta?
¿Creen que se autorregulará espontáneamente y asumirá su responsabilidad frente a las consecuencias socioecológicas de su expansión?
¿Creen que apostar al crecimiento del agronegocio nos va a enriquecer como sociedad?
¿Y quién va a asumir el costo del desastre ecológico que, a estas alturas, ya no es futuro, sino inminente?
El colapso no es futuro, es modelo
El Decreto Supremo 5503 contiene muchas más disposiciones que no han sido abordadas, o lo han sido apenas de forma tangencial. Aprovecho para invitar a la lectura del análisis realizado por CEJIS sobre las medidas de “fast track” para inversiones extranjeras, que afectan directamente derechos colectivos y profundizan la fragilidad del ya precario marco ambiental vigente. Varios de estos artículos vulneran abiertamente la Constitución o modifican, por decreto, disposiciones establecidas en leyes orgánicas.
A eso se suman anuncios ya hechos, como la inminente aprobación por el AJAM de más de 4.000 tramites de derechos mineros rezagados, que por ley deben ser evaluados por la Asamblea Legislativa y que hoy el Ejecutivo busca aprobar por la vía rápida.
Y sobre el resto de las medidas asumidas del DS, quiero recordarles que el ajuste en el precio de los combustibles, tiene una vigencia de seis meses. Esto no es el final del ajuste, es apenas el primer movimiento. Una vez que se oficialice una nueva devaluación del tipo de cambio, el precio del combustible volverá a subir.
Si hoy un litro se paga a 6,50 Bs porque equivale a un dólar oficial, cuando ese dólar pase a valer 10 o 12 bolivianos, el precio también lo hará. Y si no sube, entonces el subsidio habrá vuelto. Todo apunta a que se establecerá un esquema de precios variables, ajustados al mercado internacional. No es para alarmarse, o sí, pero sí para prepararse, esto es apenas el inicio de una cadena de aumentos.
Todavía hay margen para corregir el rumbo. Es posible establecer precios justos y segmentados, con subsidios focalizados para sectores estratégicos como el transporte público, el sistema de salud y algunas ramas productivas populares.
Al mismo tiempo, en lugar de desmontar subsidios de forma generalizada, se podría aplicar impuestos diferenciados a los sectores más intensivos en el consumo de diésel, como la minería aurífera y el agronegocio. Aunque esta medida sería insuficiente desde una perspectiva socioecológica, al menos representaría un gesto mínimo de justicia fiscal.
No se trata solo de recortar, se trata de reequilibrar. Aún así, la única solución de fondo sigue siendo la reducción progresiva de la escala de estos sectores antes de que colapsen lo que queda del tejido ecológico del país.
Y por sobre todo, es urgente adoptar medidas que mitiguen el impacto social de este ajuste. Incluso investigadores de Oxfam Bolivia y de la Universidad Privada Boliviana lo han advertido: frente a la inflación ya vivida, y la que se avecina, el riesgo de caer bajo el umbral de pobreza y deteriorar condiciones mínimas de vida es inminente. Y es una responsabilidad pública, no un daño colateral.
Por eso, lean el decreto. No se queden con el titular. Cuestionen las narrativas de los medios que no verifican ni contrastan. Porque una falsedad no se vuelve verdad solo porque la repite una autoridad, incluso el presidente o un ministro. En Perú, por ejemplo, algunos medios replicaron, y en Bolivia lo retomaron, que ya no habría contrabando de gasolina boliviana y que eso habría generado desabastecimiento. Medias verdades que construyen narrativas falsas pero convenientes.
Periodistas consultados en Perú desmintieron categóricamente esos reportes. La escasez de combustible en ciertas zonas del Perú tuvo que ver con impagos internos, no con Bolivia. El contrabando sigue siendo atractivo porque en Perú los precios a tasa de cambio paralela del Diesel y gasolina son muy superiores a los actuales en Bolivia. La verdad no es lo que diga quien tiene micrófono, sino lo que se verifica.
También el horizonte que se nos propone debe ser puesto en tela de juicio. Rodrigo Paz, al igual que antes Tuto Quiroga, ha señalado a Paraguay como modelo a seguir en materia agroexportadora y económica.
Sin embargo, como lo explicó a Revista Nomadas en una entrevista reveladora la investigadora Marielle Palau, ese supuesto “modelo paraguayo” se sostiene sobre una estructura profundamente desigual y socialmente excluyente, el 83 % de la tierra está concentrada en manos del 3 % de los propietarios, y más del 20 % del territorio nacional está en manos extranjeras.
Aunque ha mostrado crecimiento macroeconómico, Paraguay ha atravesado seis recesiones entre 2009 y 2020 (2009, 2012, 2015, 2016, 2019 y 2020). Ese crecimiento no ha ‘’derramado’’, ha venido acompañado de exclusión, desplazamiento sistemático de comunidades campesinas e indígenas, el uso masivo de agrotóxicos, y una escalada sostenida de conflictos sociales y ambientales.
Presentar este modelo como un horizonte deseable no es solo un error de diagnóstico técnico, es una renuncia explícita a cualquier proyecto que priorice la justicia social, la soberanía territorial y la sostenibilidad ecológica.
Este horizonte, en apariencia novedoso, en realidad reactualiza viejas promesas que ya han fracasado antes. Justamente eso advertía el texto “Santa Cruz S.A.” del Centro de Estudios Populares: que el agronegocio, lejos de ser la salvación económica del país, opera como un bloque de poder que concentra tierra, recursos públicos y decisiones estratégicas. Lo que hoy se presenta como receta de futuro, ya fue desenmascarado como una apuesta estructuralmente desigual, fiscalmente regresiva y ecológicamente inviable.
El problema no es que esto sea un “capitalismo para pocos” disfrazado de “capitalismo para todos”. El problema es el modelo extractivista planteado, que externaliza los daños y socializar los costos sin nunca hacerse cargo. Y no cambia de rumbo, sino que lo profundiza.
Lo que vivimos hoy no es el error de un modelo. Es su guion.
No estamos ante una desviación del sistema, sino ante su forma más coherente: devorar, desplazar, despojar.
Y lo más perverso: presentarlo como progreso.
El colapso no llegará mañana. Ya está en curso. Y quienes lo aceleran, no lo ignoran. Solo prefieren que no miremos.
[1] A diferencia de otros decretos, cuyos anexos son accesibles y descargables públicamente, los del Decreto Supremo 5503 no han sido puestos a disposición en la Gaceta Oficial hasta la fecha.
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