
El mundo al otro lado de la ventana
Miles de hectáreas permanecen bajo amenaza por el avance del fuego, mientras los fuertes vientos dificultan las labores de control en varios municipios. La investigación apunta a presuntos responsables de las quemas y crecen los cuestionamientos por las débiles sanciones ambientales.
Milton Condori Apaza
Una caída de seis metros hacia el fondo rocoso de una quebrada, un cráneo fracturado, una vértebra fisurada y la compañía de uno de los paisajes más bellos del Planeta en el momento más crítico de un hombre. En las profundidades del cañón del Pilaya, un accidente rutinario de investigación biológica se transformó en una agónica odisea de más de 24 horas para salvar una vida. Esta crónica en primera persona de su principal rescatista, narra el rescate del biólogo Romer Miserendino; una travesía donde la solidaridad incondicional de una comunidad campesina se convirtió en el más valioso refugio de la esperanza.

Desde el 2000 hasta el 2020, Bolivia ha consumido 2.110 millones de kilos de fungicidas, insecticidas, fertilizantes y herbicidas. A ello hay que sumar 63 millones de kilos más que ingresó por contrabando. El uso de químicos por hectárea aumentó en 178 %, mientras que el rendimiento de ese pedazo de suelo creció solo en un 16%.

Recientes estudios de laboratorio en Bolivia demostraron que unas 118 personas experimentan un daño genético en sus células a causa de haber estado expuestas a distintos tipos de plaguicidas, algunos de ellos prohibidos, que contaminan a humanos y al medioambiente.

El piloto ha decidido no callar lo que ocurre en el mundo poco conocido de la fumigación y uso de agrotóxicos en los campos de cultivos de Bolivia. Dice, por ejemplo, que hay agroquímicos chinos genéricos y letales que están entrando a Bolivia sin control, que los aviones de fumigación aérea no registran plan de vuelo, que ninguna autoridad del Estado fiscaliza la letalidad de las aplicaciones en el campo. Se compromete a gestionar reuniones con el sector productivo para evitar que vuelva a registrarse la muerte masiva de abejas como ocurrió en Santa Cruz el 27 de mayo.

El director de Manejo de Bosques y Tierras de la ABT, Saúl Yasmani Morón, respondió a un cuestionario por escrito que le hizo llegar Revista Nómadas. Entre varios temas, dijo que la superficie total deforestada en el municipio de San Ignacio de Velasco en la gestión 2020 fue de 39.871 hectáreas, más de la mitad de ellas, sin autorización.

Juan Carlos Catari, master en Biodiversidad, nos mete en la piel de los animales que sufren —invisibles y silenciosos— los efectos de la deforestación: “Cuando la oruga baja su pala y la introduce en el suelo, en ese accionar comienza a descuartizar toda la fauna subterránea de reptiles y anfibios, se suele ver culebras cortadas a la mitad, cutuchis aplastados, lagartijas sin colas o cabezas y algunos roedores destrozados”.

Solo el año pasado se desmontó en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz, Bolivia) un equivalente a cuatro veces el tamaño de París. Desde 1986 hasta el 2020, las manos del hombre y sus maquinarias, han deforestado 555.234 hectáreas, 50 veces más que el tamaño de la capital francesa.

Lo que les pase a las abejas repercute en el ser humano. Eso lo sabe el gerente de Adapicruz, Osvaldo Soruco. Por eso, propone que a las abejas se las cuide como a la niña de los ojos.

La fumigación aérea en campos de cultivos en Santa Cruz, Bolivia, desató el desastre en la apicultura. Una docena de productores perdió el cien por ciento de 450 colmenas y 200 núcleos que iban a dar una cosecha de 15 toneladas de miel. Estiman que la ráfaga de veneno mató a más de 27 millones de polinizadoras. Otro duro golpe que recibe el medioambiente.

Damián Rumiz, uno de sus creadores, nos lleva de viaje por las entrañas de una obra clave para combatir el tráfico de vida silvestre. Revista Nómadas le permite descargar gratis la Guía de identificación de partes de félidos* de Bolivia, mientras disfruta de esta entrevista.

El director ejecutivo de la Fundación Avina lidera una campaña mundial para que se liberen las patentes y la vacuna contra el Covid-19 sea declarada un bien público global. De no conseguirlo, Bolivia terminaría de vacunar a su población dentro de más de dos años, Perú, en cinco, y Venezuela, dentro de 13 años.
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