En este mes que Revista Nómadas cumplió cinco años, el panorama social, ecológico y político del país resulta desalentador. No solo porque Bolivia atraviesa una crisis económica aguda, con consecuencias directas y palpables en el bolsillo de la mayoría de la población, sino porque los principales actores políticos parecen haber encontrado un falso consenso: salir de la crisis profundizando el extractivismo, aun cuando la historia del país demuestra, una y otra vez, que ese camino empobrece comunidades, fractura territorios, destruye ecosistemas y le cobra al país un precio cada vez más alto.
Durante los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce Catacora, la agenda socioambiental fue relegada, minimizada o directamente sacrificada frente a otros intereses y promesas de “desarrollo”. La decadencia institucional de la cartera ambiental fue elocuente. Durante el gobierno de Arce Catacora, dos de los cuatro ministros de Medio Ambiente y Agua fueron investigados por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción; uno de ellos, además, había presidido una asociación departamental de ganaderos, el sector más vinculado a la expansión de la deforestación en el país. Entre los otros dos, uno —que también fue viceministro de Agua— llegó a minimizar públicamente la toxicidad del mercurio, afirmando que de niño jugaba con ese producto. Pocas imágenes retratan con tanta claridad el lugar marginal que el Estado le asignó a la defensa de la vida, los ríos y los ecosistemas.
Hoy, bajo el gobierno de Paz y en medio de una crisis económica profunda, la agenda socioambiental aparece casi borrada de la conversación pública y aún más subordinada a las promesas de reactivación extractiva. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua quedó inicialmente a cargo de un expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y luego fue desmantelado en dos viceministerios, el de Medio Ambiente conducido por un expresidente de ANAPO, la organización vocera del sector soyero, el segundo sector más vinculado a la expansión de la deforestación en el país. Lo más grave es que la crisis ecológica —expresada en la deforestación y los incendios, en la contaminación minera que enferma ríos, cuerpos y ecosistemas, en el deterioro de las fuentes de agua y en el avance sobre territorios indígenas y áreas protegidas— sigue siendo tratada como un asunto secundario, justo cuando debería estar en el centro de las decisiones del Estado y del debate nacional.
Todo aquello ocurre pese a que Bolivia depende, de manera profunda y cotidiana, de la salud de sus ecosistemas. La destrucción sostenida de bosques, ríos, humedales y territorios no es un daño aislado ni local: altera el clima, intensifica su variabilidad y agrava la frecuencia y severidad de los eventos extremos. Las fuentes de agua que sostienen a las ciudades y las lluvias de las que depende buena parte de la producción agropecuaria del país están cada vez más expuestas. Como advierten diversos estudios sobre los llamados ríos voladores de la Amazonía —corrientes de humedad que influyen en el clima de buena parte del continente—, el camino que hemos tomado nos acerca peligrosamente a un punto de quiebre ecosistémico. Es una advertencia sobre el país que estamos dejando sin agua, sin bosque y con un futuro cada vez más estrecho.
Por eso, en este aniversario, queremos dirigirnos a nuestra querida audiencia, a quienes han visto que, desde Revista Nómadas, hemos trabajado con rigor y con un compromiso socioecológico indeclinable en defensa de los ecosistemas y de sus habitantes humanos y no humanos. Y reiterando nuestro compromiso para que Bolivia no puede pensarse contra su naturaleza, sino con ella; no desde la destrucción de sus bosques, ríos y territorios, sino desde la posibilidad de cuidarlos y prosperar junto a ellos.
Sabemos, además, que en este país existe un sinfín de personas, colectivos y comunidades —urbanas y rurales, jóvenes y mayores, de distintos orígenes y condiciones sociales— que, pese a las dificultades económicas que las atraviesan, sostienen una sensibilidad, un cariño y un compromiso real con la defensa socioecológica. Personas que imaginan un país donde el extractivismo deje de ser presentado como destino inevitable; donde la salud y la educación públicas sean prioridades irrenunciables; donde existan alternativas económicas capaces de generar empleos dignos y de calidad; y donde las futuras generaciones no vean en Bolivia un país del que quieren huir, sino un país en el que todavía pueden cumplir sus sueños.
Por todo ello, queremos, sin pretender ser exhaustivos, poner sobre la mesa dos frentes esenciales de la agenda pública y de la lucha socioecológica que viene, y que, en realidad, tiene ya larga data:
El avance sin control de la minería aurífera
El primero es la minería aurífera. En Bolivia, esta actividad ha tenido un crecimiento sostenido desde hace más de una década y hoy atraviesa un nuevo auge, empujado por precios internacionales del oro que se encuentran en niveles históricamente altos. Ese ciclo expansivo ocurre en un contexto de política ambiental debilitada, permisiva y, en muchos casos, abiertamente tolerante frente a su avance legal e ilegal. De hecho, el 30 de abril, mediante una resolución ministerial y sin que mediara presión social visible, el gobierno sentó las bases para regularizar más de 4.000 “derechos mineros preconstituidos”, bajo condiciones que debilitan derechos colectivos y principios precautorios, una medida que ni siquiera el nefasto gobierno de Arce se había atrevido a llevar adelante. No es un dato menor que hoy dos viceministerios estén ocupados por representantes vinculados al sector minero aurífero.
A ello se suma que, el 14 de mayo, el gobierno firmó un acuerdo con el sector minero aurífero que, aprovechando el contexto de movilizaciones, obtuvo el compromiso estatal de habilitar una mayor ampliación de sus actividades en áreas protegidas y territorios indígenas. Esto ocurre en abierta tensión con el derecho a la consulta previa de las poblaciones afectadas y con los principios precautorios que deberían regir en territorios de alto valor ecológico. Todo esto sucede mientras las poblaciones ribereñas de los ríos devastados por el saqueo aurífero —e incluso los propios trabajadores mineros— presentan altos niveles de contaminación por mercurio, sin que hasta ahora exista una respuesta estatal, social o privada a la altura de esa tragedia. Ocurre, además, pese a que esas poblaciones vienen demandando un plan real y efectivo para reducir el uso del mercurio y, más ampliamente, para por lo menos contener la expansión de la minería aurífera sobre sus ríos, territorios y formas de vida.
A este primer punto, como Revista Nómadas, pedimos, además de un retroceso de las ultimas medidas adoptadas, una veda sobre toda nueva actividad minera aurífera, una restructuración del ridículo tributo fiscal que realizan, un plan real y efectivo para la reducción del uso del mercurio y finalmente un fondo de restauración de los ecosistemas afectados, y de resarcimiento de las poblaciones afectadas.
El avance desmesurado de la frontera agropecuaria
El segundo frente es el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques y ecosistemas no boscosos. Su expresión más visible son los megaincendios; su forma más persistente, la transformación silenciosa del territorio. Sin columnas de humo, sin llamas visibles y sin cielos ennegrecidos, este proceso ha quedado peligrosamente relegado de la conversación pública. Pero no por eso es menos grave.
Como hemos reportado desde Revista Nómadas, en 2024 Bolivia registró 623.383 hectáreas de ecosistemas transformados, casi en su totalidad vinculadas al avance agropecuario. La tendencia no parece haber decaído en 2025 y nos mantiene en el podio mundial del ecocidio forestal. Por el contrario, se consolidan nuevos frentes de expansión, sobre todo en la Amazonía beniana, asociados a megaproyectos agroindustriales y ganaderos impulsados por capitales brasileños y actores regionales de gran escala. Todo ello con el apoyo sostenido del gobierno de Rodrigo Paz, que presenta la expansión agropecuaria como salida económica mientras sus costos ecológicos, sociales y territoriales se vuelven cada vez más evidentes.
Lo que se anuncia como “ampliación productiva” es, en realidad, una reorganización acelerada del territorio. La tierra boscosa se vuelve una mercancía escasa y codiciada, disputada por interculturales, colonias menonitas, empresarios soyeros, ganaderos medianos y grandes, y capitales del agronegocio regional. Bosques y humedales son convertidos en potreros, monocultivos y activos de especulación; territorios vivos, reducidos a oportunidades de negocio.
Este avance amenaza funciones ecosistémicas esenciales. La destrucción de bosques, humedales y otros ecosistemas altera los ciclos del agua, debilita la regulación climática y pone en riesgo la estabilidad de los ríos voladores, claves para los flujos de humedad y el régimen de lluvias del continente. Sus consecuencias no serán solo ambientales: afectarán la agricultura, el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria y las condiciones de habitabilidad de amplias regiones del país.
Todo esto ocurre cuando El Niño vuelve a imponer condiciones propicias para incendios severos en 2026 y, sobre todo, en 2027. Aunque persiste incertidumbre sobre su intensidad, las señales son suficientemente alarmantes como para exigir prevención, coordinación y responsabilidad estatal desde ahora. Sin embargo, en nombre de la seguridad alimentaria, la modernización y el desarrollo, la narrativa agroindustrial busca cerrar el debate sobre los límites ecológicos del país y las zonas de sacrificio que está dejando. Ese es quizás uno de los riesgos más graves: que la destrucción avance también sobre nuestra capacidad colectiva de imaginar otro horizonte para Bolivia.
Frente a este segundo frente, desde Revista Nómadas reiteramos una vez más la necesidad imperativa de una auditoría ambiental y agraria a la gestión anterior. Hace meses, el gobierno se comprometió a realizar una auditoría al INRA; sin embargo, como en tantos otros temas, ha incumplido su palabra y continúa por el mismo camino, con los mismos errores y la misma visión extractivista que marcó al gobierno del MAS.
Exigimos, además, que el gobierno transparente de una vez por todas los datos georreferenciados anuales de incendios de los últimos 20 años, así como las estimaciones oficiales de deforestación de 2024 y 2025, sobre las cuales aún no se ha publicado información completa. Y exigimos también que acate la sentencia del Tribunal Agroambiental sobre incendios y deforestación, que lo conmina a rendir cuentas, actuar con responsabilidad, prevención y transparencia, por más que sus socios políticos prefieran seguir administrando la opacidad y el incumplimiento.
Finalmente, reiteramos que la lucha por la ecología, por los derechos colectivos y por la defensa de los territorios seguirá adelante. El camino no puede ser la criminalización ni la judicialización de quienes sostienen esa lucha, como ocurre con los defensores de Tariquía. Presidente Rodrigo Paz, cumpla la promesa que les realizo en el 2019. Tampoco puede ser convertir la crisis en una excusa para profundizar normas como la Ley 1720 —antes Proyecto de Ley 157—, impulsadas por el MAS y retomadas por actores agroindustriales en desmedro de los ecosistemas y de sus habitantes, y que, gracias a la presión de una marcha indígena y campesina, fue finalmente abrogada.
Ese camino solo conduce a más autoritarismo, más despojo y más polarización, justo cuando Bolivia necesita lo contrario: verdad, responsabilidad, reparación y horizonte común. Tenemos demasiadas heridas sociales, ecológicas y territoriales abiertas como para seguir gobernando contra los ríos, contra los bosques, contra las comunidades y contra el futuro. Desde Revista Nómadas, a cinco años de nuestro nacimiento, reafirmamos nuestro compromiso de seguir contando, investigando y acompañando esas luchas. Porque defender la vida no es un gesto romántico ni una consigna vacía: es, hoy, una de las formas más urgentes de defender la posibilidad misma de país.
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