El pasado 10 de agosto, una comisión de siete personas, integrada por representantes de la comunidad indígena de Buena Vista, la Central de Comunidades Indígenas Chiquitos Turubó (CCICH-T) y el Control Social de San José de Chiquitos, con apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, acudió directamente a la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, presidida por la magistrada Rocío Vásquez, para conocer qué está ocurriendo con el recurso de casación del caso del río San Lorenzo, exigir su pronta resolución y presentar pronunciamientos de respaldo de comunidades, autoridades e instituciones de San José de Chiquitos.
Es la segunda vez que representantes de la Chiquitanía tienen que trasladarse por sus propios medios hasta Sucre, para buscar respuestas sobre un proceso del que depende la restitución del cauce natural del río, la única fuente de agua con la cuentan y que fue privada por la construcción de dos infraestructuras ilegales en la hacienda San Lorenzo. El proceso, que debió ser resuelto en un plazo de 20 días, se encuentra casi cinco meses —según los vecinos afectados de las comunidades chiquitanas— en el despacho de la Magistrada Rocío Vásquez.
Los integrantes de la comisión expresaron preocupación por las dificultades para conocer oportunamente el estado de la causa, la falta de respuestas claras sobre la demora y el trato recibido durante sus gestiones. Ante esta situación, solicitan a la magistrada Rocío Vásquez, celeridad y transparencia en la resolución del proceso.
La demora mantiene pendiente la ejecución de la Sentencia N.º 06/2025, de 27 de noviembre de 2025, mediante la cual el Juzgado Agroambiental de Roboré declaró probada la demanda de responsabilidad ambiental y ordenó, entre otras medidas, la remoción de dos infraestructuras y la restitución del cauce natural del río San Lorenzo.
Los pronunciamientos entregados al Tribunal expresan el respaldo de comunidades, autoridades municipales, organizaciones indígenas, Control Social y otras instituciones de San José de Chiquitos a la demanda de las comunidades de la TCO Turubó Este y evidencian que la defensa del río San Lorenzo se ha convertido en una demanda regional por la protección del agua y las cuencas de la Chiquitanía.
Las comunidades de San Juan, Buena Vista, Entre Ríos, Ramada e Ipiás reiteran que no solicitan un trato excepcional, sino acceso transparente a la información, cumplimiento de los plazos y una resolución oportuna que permita avanzar en la ejecución de la sentencia.
Después de dos viajes hasta Sucre y meses de espera, la demanda continúa siendo la misma: justicia para el río San Lorenzo. Mientras el recurso de casación permanezca sin resolución, seguirá pendiente la restitución de una fuente de agua fundamental para la vida y el territorio de las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este.
