En una pequeña habitación, con fotos antiguas de artesanías indígenas, Alessandra Korap, de la aldea Munduruku, comienza a grabar un nuevo video para redes sociales. Con mirada serena, suspira antes de comenzar su discurso de agradecimiento. «Nuestra causa no era solo por el Tapajós, sino por la causa de la Amazonía». En una sola frase, resume el sentimiento tras 34 días de ocupación de la unidad de la multinacional Cargill, cerca de la frontera con Santarém (AP), que resultó en la revocación del Decreto 12.600/2025 del Gobierno Federal.
Mientras miles de brasileños participaban en las festividades del Carnaval, ella y otros líderes intensificaron un movimiento que arrancó el 22 de energía, enfrentó el sol y la lluvia y fue más allá de la protesta física de la ocupación, con unos 1.200 indígenas y organizó redes digitales, talleres en Brasilia y también organizó manifestaciones en São Paulo, donde indígenas y simpatizantes organizaron movimientos en solidaridad con la ocupación en Pará.
Además de las comunidades del río Tapajós, la ocupación en Santarém reunió a familiares de las cuencas de los ríos Madeira, Tocantins y Xingu, ampliando así el alcance territorial del movimiento. Las organizaciones denunciaron los riesgos derivados del decreto, como el dragado de ríos, que podría causar erosión fluvial y posibles impactos en la seguridad alimentaria y la integridad ecológica de la región. El principal punto de tensión fue la ausencia de la Consulta Previa, información libre e informada, prevista en el Convenio 169 de la OIT.
La manifestación en defensa del río se asemeja a movimientos similares que se extienden por la Panamazonía, una región que abarca otros países además de Brasil: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Bolivia es un ejemplo de acciones que cambiaron la constitución hace unos años e inspiraron decisiones judiciales a favor de los ríos como una cuestión de derechos (ver más detalles a continuación, en un reportaje de la periodista boliviana Lisa Mirella Corti para Amazonia Vox).
El movimiento presencial en Tapajós y las redes sociales obliga al gobierno federal a retirarse
Poco después de varias semanas de manifestaciones, el 6 de febrero, el movimiento logró suspender la convocatoria de licitación publicada por el gobierno federal para contratar una empresa especializada en servicios de mantenimiento de dragado en la vía fluvial del río Tapajós, por un monto de 74,8 millones de reales. Con recursos del Programa de Aceleración del Crecimiento (Nuevo PAC), la iniciativa allana el camino para transformar tramos fluviales en corredores logísticos para el flujo de cereales. Para el gobierno, las acciones se clasifican como mantenimiento rutinario para garantizar la navegabilidad durante todo el año, incluida la temporada seca.
Sin embargo, la medida no puede acabar con la protesta: los manifestantes mantuvieron la ocupación y pasaron a exigir la derogación completa del decreto, que incluía tres rutas fluviales (en los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins) en el Programa Nacional de Privatizaciones.
El estancamiento se intensificó con el intento de recuperación y con la presión política sobre el Ministerio de Pueblos Indígenas, liderado por Sônia Guajajara. Los líderes indígenas dijeron que solo aceptarían abrir el diálogo después de la revocación formal de la medida. Al defender la medida, los líderes recordaron el compromiso público del propio gobierno federal. En noviembre, durante la Cumbre del Pueblo, un evento paralelo a la COP30 en Belém, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, declaró que no se autorizaría ninguna obra en el río Tapajós sin una consulta previa , libre e informada para las poblaciones locales. El día anterior, Alessandra Korap, junto con otros líderes de la aldea Munduruku, celebró una protesta en la entrada de la Zona Azul de la COP30 , interrumpiendo el evento durante algunas horas.
Con el recuerdo de las promesas y la fuerza del movimiento, el movimiento en Santarém incrementó la presión y, tras un mes de protestas, se conoció la decisión del gobierno de revocar el Decreto 12.600/2025, publicada en línea en el Diario Oficial el 24 de febrero. Un logro celebrado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y los manifestantes, como resultado directo del movimiento, a pesar de que este ha indicado que se mantendrá alerta ante los nuevos desarrollos planificados para la región.
Tras derogación, movimiento indígena mantiene movimiento y exige diálogo
Tras 34 días de ocupación, el movimiento indígena de Pará ha iniciado la desmovilización del espacio y está planificando los próximos pasos. En un comunicado tras el anuncio de la revocación del decreto, una de las líderes del movimiento, Alessandra Korap, de la aldea Munduruku, celebró el logro, pero recordó que las aldeas permanecerán alerta.
“Tenemos que proteger este río, proteger este bosque. Se detendrán, pero resistiremos cada vez con más fuerza. Esta fuerza, este valor, viene del río, no hay explicación”, digo.
En la misma línea, el líder indígena Lucas Tupinambá, del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns (CITA), reforzó su disposición de mantener el diálogo institucional, pero con un estado de alerta vigilante.
“Solicitamos 48 horas para limpiar el espacio y entregar todo como lo encontramos. El siguiente paso es analizar nuevamente la situación de la educación escolar indígena en Alepa”, dice Lucas Tupinambá.
En 2025, el movimiento indígena —incluyendo a los líderes de Alessandra, Lucas y otras comunidades indígenas— ocupó la sede de la Secretaría Estatal de Educación (Seduc), en Belém, durante aproximadamente un mes. En ese momento, la protesta solicitó y logró la derogación de la Ley n.º 10.820/2024, que modificó el Sistema Educativo Modular (Algunos), incluyendo el sistema aplicado en las comunidades tradicionales, Somei; además de la destitución del Secretario de Educación de Pará, Rossieli Soares.
“Ahora queremos un espacio de diálogo con el presidente (diputado estadual) Chicão, porque nuestro interés es que en abril podamos volver a tratar el proyecto de ley que trata de la educación indígena, para que pueda ser incluido en la agenda y votado”, digo.
En segundo lugar, esta segunda derogación ganada por el movimiento indígena, primero a nivel estatal y ahora a nivel federal, representa un avance momentáneo, pero no acaba con el movimiento histórico en defensa del territorio.
Lo que el gobierno pretendía con este movimiento, que comenzó en agosto de 2025, es volver al punto de partida. Era la mejor alternativa por el momento, pero la lucha en defensa del Tapajós lleva más de 50 años. Celebraremos con la gente del río, pero nos mantendremos vigilantes, porque nuestro río siempre ha sido codiciado por grandes empresas y nuestro movimiento seguirá supervisando», afirmó.
Tupinambá también defendió que la agenda avanza en otras áreas institucionales. “Debemos llevar este debate a la Cámara de Santarém y al Congreso Nacional. El Tapajós es vida. Somos hijos del Tapajós. Nuestro pueblo depende prácticamente al 100% de este río. Queremos reactivar el diálogo y fortalecer la campaña para que, en la práctica, los Tapajós, así como los Arapiuns, por ejemplo, sean reconocidos como sujetos de derechos”, concluyó.
***
Cómo el río Bení reclamó sus derechos en la Amazonía boliviana
Una crónica de Lisa Mirella Corti
Un río no es solo agua. Está vivo. Se alimenta, se nutre, se mueve, se transforma. Cambia de nombre para nutrir a otros ríos y permanece, como todo ser vivo, en constante movimiento. No es una línea azul en un mapa ni un recurso disponible para concesión: es un cuerpo que fluye, recibe sedimentos, transporta nutrientes y sostiene sistemas completos de vida. En Bolivia, esa comprensión dejó de ser únicamente cosmovisión indígena o discurso ambiental para convertirse en norma jurídica, en una conquista popular concreta.
El caso de la defensa de los derechos del río Beni en la Amazonía Boliviana es especial, pero no es el primero. En realidad, toda la Madre Tierra tiene derechos en Bolivia desde 2009, con la nueva Constitución, y particularmente con la Ley de Derechos de la Madre Tierra (071) en 2010, la cual la reconoce como un sistema viviente, dinámico y sagrado desde las cosmovisiones indígenas, otorgándole el carácter de sujeto colectivo de interés público a la Madre Tierra —lo que en otros lugares llaman Planeta Tierra— y a todos sus componentes.
La amenaza en esta zona comenzó a tomar forma en 2017, cuando operadores mineros empezaron a ingresar al río Beni, que desciende desde la cordillera andina hasta la Amazonía, atravesando territorios indígenas, incluyendo el pueblo Mosetén, y municipios agroecológicos como Palos Blancos y Alto Beni.
“No somos mineros. Somos productores de cacao, plátano, banano, arroz, café. No quisiéramos llegar a lo que ha pasado en municipios vecinos donde la minería ha acabado con su territorio”, comenta Renan José Ilipa Maito, presidente del Pueblo Indígena Mosetén, que conforma 18 comunidades que habitan de manera ancestral en las orillas del río.
Rechazar la minería aurífera no es un factor ideológico ni político. Las consecuencias de la extracción de oro en la zona no solo remueven sedimentos; introducen mercurio, alteran cauces y transforman ecosistemas completos. En 2021, un estudio del International Pollutants Elimination Network (IPEN) y el Biodiversity Research Institute (BRI) detectó altos niveles de mercurio en mujeres indígenas de comunidades del río Beni que no ejercen minería, sino que se dedican principalmente a la pesca y actividades domésticas. Los pueblos indígenas, a pesar de no ser mineros, sufren las consecuencias de la contaminación que desciende con la corriente.
“Si trabajan más arriba, el río contaminado viene hacia nosotros. Por eso queremos defender toda la cuenca”, dice Renan.
Y es que defender la cuenca —y no solo el espacio del río que está frente a ellos— es reconocer que el río es un organismo interconectado que se alimenta y alimenta de otros ríos.
Acción Popular para mantener los derechos
Esta lucha no es solo del pueblo Mosetén. Varias comunidades de la zona, que viven del bosque y del agua limpia, y que viven junto y con el río Beni, han alzado su voz en defensa de su vecino de agua. En 2021, dos municipios hermanos que abrazan el río —Palos Blancos y Alto Beni— decidieron mandar un mensaje claro a los mineros y al mundo, declarando sus territorios libres de minería a través de la Ley Municipal 233 (Palos Blancos) y la Ley Municipal 097 (Alto Beni).
Sin embargo, en 2023 la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) notificó el inicio de un proceso de consulta para nuevas operaciones en el área del río Beni colindante con el pueblo Mosetén, Alto Beni y Palos Blancos. Ese acto administrativo evidenció la tensión entre el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y la política extractiva del Estado boliviano.
Frente a este intento de ingreso de los mineros, se interpuso en 2023 una Acción Popular que incluía al propio río como sujeto de derechos.
“La acción tenía el objetivo específico de dejar sin efecto este proceso de consulta”, explica Fátima Monasterio, abogada de Fundación Solón y apoyo jurídico de los municipios.
Esta Acción Popular fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo en representación de dichos gobiernos municipales, el Pueblo Indígena Mosetén y el río Beni.
La Defensoría del Pueblo argumentó que la Acción Popular fue planteada bajo tres enfoques: la vulneración del derecho a la consulta previa, en especial con pueblos indígenas; el respeto al derecho al medio ambiente; y el respeto del río Beni como sujeto de derechos, para no afectar los procesos naturales que lo sustentan, así como sus capacidades y condiciones de regeneración.
En primera instancia, el juez de garantías falló a favor de los municipios y ordenó restricciones administrativas, pero no otorgó tutela directa a la cuenca del río. “la resolución de origen es un primer paso en ese sentido”, comenta Fátima al analizar los alcances de esta primera acción.
La revisión del Tribunal Constitucional se conoció en febrero de 2025 con la Sentencia SCP 1326, que ratificó las determinaciones del juez de garantías y a la vez amplió favorablemente la decisión estableciendo la tutela preventiva al río Beni como sujeto de derechos. “Es una sentencia que funda una línea jurisprudencial muy importante para las luchas socioambientales en el país, aunque no ordena medidas concretas y eso dificulta su cumplimiento efectivo”
A pesar de las limitaciones, el logro y avance es histórico. Hoy existen 53 trámites administrativos superpuestos en el río destinados a obtener contratos mineros en la zona y, gracias a la lucha legal popular de los pueblos, están suspendidos; sin embargo, aún no anulados, y falta mucho por hacer. “Todos estos trámites están suspendidos, pero lo que tiene que pasar es que la AJAM emita resoluciones administrativas de rechazo definitivo”, comenta Fátima.
Vigilancia y lucha permanente
Para las comunidades, la diferencia es vital. “Estos trámites mineros están paralizados, pero no anulados. Eso es lo que no queremos. Cualquier rato pueden volver”, dice Renan, que sabe que la lucha no para; ha sido larga, de años, y espera algún día poder vivir en paz en su propio territorio.
Para Rodrigo Herrera, abogado y director de la Sociedad Legal ‘Justicia Ambiental’, el desafío ya no es normativo sino institucional. “El legislativo y el judicial han tomado decisiones claras, pero el ejecutivo aún no las está cumpliendo.”
La implementación depende de ministerios y agencias que, según advierte, enfrentan presiones económicas. El caso del Beni revela esa fractura: un Estado que reconoce derechos de la naturaleza en su Constitución, pero cuya aplicación efectiva depende de voluntad política.
El proceso en defensa del río Beni tomó aproximadamente dos años, desde las primeras reuniones hasta la ratificación constitucional. Pero para Rodrigo, todo avance es clave en las luchas ambientales, y el solo hecho de presentar la acción ya es una victoria.
Rodrigo comenta que los avances legales para los derechos de los ríos en el mundo pueden inspirar otros procesos en otras partes del mundo, por ejemplo, la sentencia del río Marañón en Perú, que reconoce el derecho que tienen los ríos de alimentarse y alimentar a otros ríos.
“Al igual que nosotros comemos, los ríos también comen. Al igual que nosotros morimos para alimentar la tierra, los ríos cambian de nombre o se pierden para alimentar a otros ríos”, comenta Herrera y destaca cómo este giro del antropocentrismo al ecocentrismo es vital para las luchas ambientales.
Aun así, el aprendizaje y el camino dejan lecciones. Fátima Monasterio insiste en que el reconocimiento debe ser operativo, con medidas claras, inspecciones concretas y decisiones administrativas definitivas; no basta declarar al río sujeto de derechos si no se establecen mecanismos específicos de cumplimiento, porque las entidades estatales no cumplen si no tienen todo escrito con precisión normativa.
Incluso durante 2025 se trabajó y aprobó un protocolo contra la minería ilegal en Palos Blancos y Alto Beni para monitorear los ríos ante futuras amenazas y aún se espera que las actuales autoridades administrativas respeten los acuerdos alcanzados y no tomen medidas ambientales regresivas.
Herrera, por su parte, recomienda que las comunidades no enfrenten solas estos procesos, sino que se articulen con organizaciones, fundaciones y actores jurídicos capaces de sostener la estrategia técnica desde el inicio y solicitar medidas precautorias oportunas.
El caso del río Beni dialoga hoy con todos los ríos donde la disputa entre proyectos extractivos y defensa territorial vuelve a plantear la pregunta sobre quién tiene derecho a existir en paz y sano. Desde las orillas del Beni, el mensaje es claro. Renan, del pueblo Mosetén, lo dice sin rodeos a los defensores de otros ríos: “No se rindan. Si dejan ingresar, en algún tiempo van a tener dinero, pero después qué van a hacer. Es mejor luchar ahora que estar sufriendo después.”
Los ejemplos brasileños también apoyan la perspectiva jurídica de la naturaleza como objeto de derechos
Para el analista senior de Política Climática del Instituto Socioambiental (ISA) y miembro de la Red Climática de la Amazonía (RAC), Ciro Brito , la experiencia en Bolivia y otras acciones con contenido similar en Brasil pueden inspirar y servir de ejemplo para acciones que coloquen más claramente a la naturaleza como un tema de derechos en el ordenamiento jurídico.
“La naturalidad parece ser un tema de tutela y no de derechos, que son categorías que sirven para explicar quién tiene agencia, quién puede exigir derechos, en el sistema legal. Bolivia y Ecuador son ejemplos, son naciones latinoamericanas, con una fuerte cultura de pueblos indígenas”, explica.
Como detalla Ciro, para estos pueblos, la naturaleza, la Pachamama o la Madre Tierra, son como los seres humanos, seres vivos con derechos que deben ser respetados. “Es una visión de la naturaleza con la que te identificas, no una visión que usas. Es la base del concepto de buena vida. Y fue este concepto el que se incorporó a la Constitución de Bolivia, elevando la naturaleza a la categoría de derecho”, explica.
Para él, la Constitución brasileña es bastante avanzada desde el punto de vista ambiental, pero es necesario dejar espacio para este debate. “Es un proceso que nos inspira, en el sentido de repensar nuestro constitucionalismo y cómo repensar la forma en que el poder judicial aborda el debate sobre la naturalidad”, afirma. Cabe recordar que la Autoridad Fiscal Federal y representantes estatales han avanzado en este debate. “Nuestra base constitucional es muy sólida desde el punto de vista de la protección ambiental, una de las más avanzadas del mundo, aunque no considera la naturaleza como una cuestión de derechos. Sin embargo, contiene puntos importantes, como el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, un concepto que nos permite avanzar en este debate jurídico sobre los derechos que existen en los ríos y la naturaleza”, argumenta Ciro Brito.
En Brasil, entre otros casos, Brito menciona una ley municipal aprobada en Guajará-Mirim, la primera de este tipo en el país, en 2023. «La ley determina que el río Lage (RO), que atraviesa el municipio, tendrá derecho a mantener su cauce, a nutrirse y a vivir con las condiciones físicas y químicas necesarias para mantener su equilibrio ecológico. Este es otro ejemplo que puede replicarse», afirma, mencionando el proyecto de ley presentado por el consejo indígena Francisco Oro Waram.
“No hay nada municipal en Santarém ni en otro municipio de la región con el río Tapajós u otros, por lo que esa podría ser una forma de actuar a través del legislativo”, dice Ciro Brito.
***
