El asesinato de un jaguar en Guayaramerín, Beni, ocurrido el 8 de agosto, vuelve a poner bajo la lupa las medidas de protección para esta especie en Bolivia. El animal fue abatido a tiros y después decapitado, desollado y mutilado, según informó Daniela Justiniano, de Alas Chiquitanas Voluntarios.
La Fiscalía investiga el caso por biocidio y porte ilícito de armas. A esta investigación se suma una preocupación de las organizaciones de conservación: determinar si los indicios encontrados están relacionados con un posible tráfico de partes de jaguar.
Para Alas Chiquitanas Voluntarios, el caso no debería ser tratado como un hecho aislado. La muerte del felino plantea además una pregunta sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir las medidas destinadas a proteger al jaguar y su hábitat.
En abril de 2025, el Tribunal Agroambiental ordenó una serie de medidas para fortalecer la protección del jaguar. Entre ellas están el fortalecimiento de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), el apoyo a los guardaparques, la educación ambiental y la creación de un Fondo Nacional de Conservación del Jaguar.
Más de un año después de esa resolución, el hallazgo de un jaguar muerto en estas condiciones vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que esas medidas se traduzcan en acciones concretas en el territorio.
“¿De qué sirve una resolución del Tribunal Agroambiental que protege al jaguar si en el territorio no existen prevención, recursos, capacitación y respuesta efectiva?”, cuestionó Justiniano.
La investigación fiscal deberá establecer las circunstancias y responsabilidades por la muerte del animal y determinar si existen elementos que permitan vincular el caso con el tráfico ilegal de partes de jaguar.
Para las organizaciones de conservación, la protección de la especie no puede activarse únicamente después de que un ejemplar haya sido asesinado. La prevención, la capacidad institucional y la aplicación de la justicia deben funcionar antes.
El caso de Guayaramerín vuelve así a poner a prueba el compromiso del Estado con la protección del jaguar y el cumplimiento efectivo de las medidas que ya fueron ordenadas.
Fallaron la prevención y los protocolos
El 8 de agosto, un jaguar fue encontrado muerto en el barrio San Francisco de Guayaramerín, Beni. El animal había sido abatido a tiros y posteriormente fue encontrado decapitado, desollado y mutilado, según Alas Chiquitanas.
La Fiscalía Departamental del Beni abrió de oficio una investigación por los presuntos delitos de biocidio y porte o portación ilícita de armas. El Ministerio Público también informó que existen elementos que sustentan la probabilidad de autoría respecto de uno de los investigados y que se solicitarán las medidas cautelares correspondientes.
Las personas investigadas, sin embargo, deben ser consideradas presuntamente responsables mientras no exista una sentencia ejecutoriada, remarca Alas Chiquitanas.
Pero para esta organización, la investigación no debería concentrarse únicamente en establecer quién disparó contra el jaguar. La decapitación, el desollamiento y la mutilación del animal abren otras interrogantes: ¿quién realizó esas acciones?, ¿dónde están la cabeza, la piel, los colmillos, las garras y las demás partes?, ¿fueron recuperadas y permanecen bajo cadena de custodia?, ¿qué destino tenían?
A partir de esas preguntas, Alas Chiquitanas considera que corresponde investigar una posible relación con el tráfico ilegal de partes de jaguar, una amenaza que afecta a esta especie. La organización plantea determinar si las partes fueron destinadas a conservación, comercialización o entrega a terceros y si participaron otras personas.
¿Se activaron los protocolos?
Hay otra pregunta que, según Alas Chiquitanas, debe formar parte de la investigación: ¿qué ocurrió antes de que se utilizara un arma de fuego contra el animal?
La presencia de un jaguar en una vivienda o en una zona urbana requiere, de acuerdo con el documento, activar mecanismos institucionales para proteger tanto a las personas como al animal. Entre las acciones planteadas están aislar el área, evitar provocar o acorralar al felino, contactar a las autoridades competentes, activar a POFOMA y a las autoridades ambientales y solicitar personal técnico especializado.
También se debe evaluar el comportamiento y la condición del animal y, cuando sea técnicamente posible, realizar un operativo para capturarlo y rescatarlo con vida.
Alas Chiquitanas cita como antecedente un operativo realizado en San José de Chiquitos para rescatar un puma, en el que se aplicaron protocolos de contención, sedación y reubicación segura. Para la organización, ese caso demuestra que existen alternativas técnicas para responder a la presencia de fauna silvestre cuando los equipos especializados son activados oportunamente.
Por eso plantea una pregunta específica para las autoridades del Beni: ¿se activaron los protocolos y se solicitó la intervención de personal especializado antes de utilizar un arma de fuego?
Y, si no ocurrió, ¿por qué?
Una resolución judicial que ya está vigente
El caso de Guayaramerín ocurre además mientras está vigente una protección judicial específica para el jaguar.
El 23 de abril de 2025, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental emitió la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, referida a la protección del Panthera onca y su hábitat. Según Alas Chiquitanas, la resolución reconoce las amenazas que enfrenta la especie y establece medidas preventivas y de protección. El Tribunal continuó posteriormente con actuaciones de seguimiento y supervisión dentro del mismo expediente.
Entre las medidas vinculadas a esa protección se encuentran acciones para proteger el hábitat y los corredores biológicos, prevenir la caza, combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, fortalecer la educación ambiental y mejorar las capacidades de las instituciones responsables de proteger la fauna. También se contempla la coordinación entre autoridades ambientales, POFOMA y el Ministerio Público, además de la necesidad de contar con recursos suficientes.
Uno de los puntos que Alas Chiquitanas considera especialmente relevante es el referido al Fondo Nacional de Conservación del Jaguar. El Tribunal Agroambiental exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar una ley para crear este fondo, con recursos provenientes de distintas fuentes nacionales y de cooperación internacional.
La propuesta busca fortalecer a los guardaparques, POFOMA y los centros de custodia de fauna silvestre, además de mejorar las capacidades técnicas, el equipamiento, la tecnología y la investigación para la protección del jaguar y su hábitat.
Para Alas Chiquitanas, esto plantea otra pregunta: ¿qué hizo la Asamblea Legislativa desde abril de 2025 para cumplir con esa exhortación?
El desafío es que la protección salga del papel
El caso de Guayaramerín vuelve a colocar frente a frente una resolución judicial y lo que ocurre en el territorio.
Alas Chiquitanas plantea que el nuevo caso sea incorporado al seguimiento de la resolución del Tribunal Agroambiental y que la Sala Plena ejerza sus facultades de supervisión. También pide que se soliciten informes al Ministerio Público, POFOMA, SERNAP, ABT, la Gobernación de Santa Cruz y la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el cumplimiento de las medidas de protección.
La organización considera además necesario evaluar las capacidades de POFOMA para atender delitos contra la fauna: cantidad de personal especializado, presupuesto, equipamiento, tecnología y protocolos.
En el caso específico de Guayaramerín, propone determinar si POFOMA fue convocada antes de que se disparara contra el animal, si existe un protocolo para rescatar jaguares en áreas urbanas del Beni, cuántos efectivos especializados existen en ese departamento y con qué equipamiento cuentan.
La Asamblea Legislativa también tiene preguntas pendientes, según Alas Chiquitanas: qué acciones realizó para cumplir el punto 6 de la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, si existe un proyecto de ley para crear el Fondo Nacional de Conservación del Jaguar, qué comisión lo trata y qué presupuesto se prevé para POFOMA, guardaparques y centros de custodia.
La organización sostiene que el caso de Guayaramerín no debería analizarse como un episodio aislado, sino dentro de un contexto de amenazas al jaguar que ya fueron reconocidas judicialmente.
La pregunta que queda planteada es directa: si el jaguar ya tiene una protección judicial en Bolivia, ¿qué falló para que uno de estos animales terminara muerto en una zona urbana?
La respuesta deberá buscarse no solo en la investigación penal, sino también en la prevención, los protocolos de rescate, la capacidad de las instituciones y el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Tribunal Agroambiental.
Para Alas Chiquitanas, la protección del jaguar no puede comenzar después de su muerte.
“Es necesario que el Tribunal como máxima autoridad judicial en la materia haga el seguimiento correspondiente y pida a las autoridades el cumplimiento de la resolución y de sus funciones que por ley corresponden”, exigió Daniela Justiniano, de Alas Chiquitanas.
Tribunal Agroambiental exige investigar la muerte de un jaguar
El Órgano Judicial instó a la Fiscalía del Beni a determinar responsabilidades y recordó que las medidas cautelares ambientales emitidas en 2025 son de cumplimiento estricto e ineludible.
El Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su profunda preocupación ante la reciente muerte de un jaguar (Panthera onca) en el municipio de Guayaramerín, departamento del Beni, un hecho que remarcó que no puede ser considerado como algo aislado ni ordinario. A través de un pronunciamiento institucional emitido en Sucre, el ente judicial recordó que la tutela y conservación de la biodiversidad es una obligación legal que involucra tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto, puesto que este felino cumple un rol ecológico fundamental en la preservación de los ecosistemas, sus hábitats y corredores biológicos.
Asimismo, la entidad remarcó que mediante la Resolución SP-TAA 001/2025-AA y su posterior seguimiento con la Resolución SP-TAA 01/2025-SCS, dictadas en la causa “Protección del Jaguar y su Hábitat”, ya se habían establecido medidas cautelares preventivas de carácter obligatorio para autoridades y particulares. Al respecto, enfatizó que los principios preventivo y precautorio del Derecho Ambiental pierden su razón de ser si las decisiones judiciales no se cumplen de manera efectiva. Frente a la presencia de animales silvestres en zonas urbanas o pobladas, la máxima instancia agroambiental instó a privilegiar la prevención y el manejo especializado antes de aplicar respuestas letales que ocasionen daños irreversibles.
Por todo ello, el Tribunal Agroambiental exhortó a las autoridades competentes, y en particular al Fiscal Departamental del Beni, a continuar con las investigaciones hasta esclarecer las circunstancias del hecho, establecer las sanciones correspondientes y verificar si se activaron los protocolos de contención de fauna silvestre de forma oportuna. Finalmente, reafirmó su compromiso con la defensa de la biodiversidad y los derechos de la Madre Tierra, subrayando que la protección de las especies amenazadas requiere de acciones concretas, coordinación interinstitucional y una responsabilidad colectiva que trascienda las simples declaraciones formales.
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