El 29 de agosto, en Sucre, se realizó la primera audiencia pública de la Acción Popular interpuesta por siete jóvenes activistas contra los incendios y desmontes en Bolivia. La sala fue escenario de un choque frontal entre generaciones: de un lado, un grupo de seis mujeres y un hombre, entre quienes se encuentran Fabiana Rebollo Ortubé, Fabiana Marcela Pérez Morales, Ángeles Mamani Rocha y Mariana Orías López, reclaman al Estado asumir su responsabilidad frente a la destrucción ambiental; del otro, ministerios gubernamentales y gremios agroempresariales que llegaron con un mismo objetivo: frenar el proceso a cualquier costo.
En plena época de incendios forestales en Bolivia, la ofensiva legal fue contundente. Varias instituciones de la agroindustria y del Estado boliviano desplegaron varios memoriales que buscaban anular la causa con argumentos de incompetencia, nulidad, impersonería o supuestos defectos de la demanda. Ministerios como los de Economía, Gobierno, Justicia, Medio Ambiente, Presidencia, Desarrollo Rural, Defensa y hasta las Fuerzas Armadas, coincidieron en cuestionar la admisión del proceso o en pedir su inconstitucionalidad. A ellos se sumaron los principales gremios empresariales del agro —ANAPO, CAO, CAINCO, FEGABENI y FEGASACRUZ— que exigieron lo mismo: sepultar la demanda antes de que avance.
El resultado de la audiencia del 29 de agosto:
Se presentaron 39 memoriales en total.
Entre ellos, 14 de “amigos de la corte”, que buscan influir sin ser parte directa.
15 excepciones de distinto tipo (principalmente alegando que el Tribunal no tiene competencia).
1 incidente de nulidad para anular el proceso.
6 recursos de reposición para revertir la admisión de la demanda.
¿Quién pidió qué?
ABT, Viceministerio de Tierras, Procuraduría: alegaron incompetencia del Tribunal.
Ministerio de Economía y Finanzas: pidió nulidad y habló de “defectos” en la demanda.
Ministerio de Gobierno: denunció vulneración de garantías constitucionales.
Ministerio de Justicia y Gobierno del Beni: pidieron dejar sin efecto la admisión.
Policía Boliviana: alegó impersonería.
Ministerios de Presidencia, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Defensa y FFAA: interpusieron acción de inconstitucionalidad.
Gremios agroempresariales (ANAPO, CAO, CAINCO, FEGABENI, FEGASACRUZ): coincidieron en pedir nulidad o reposición.
Y SERNAP: sí entregó la información solicitada.
Lo que resolvió el Tribunal:
Pero, pese a la presión conjunta, el Tribunal Agroambiental no cedió. Ratificó las medidas precautorias ya dictadas y exigió a las instituciones públicas que entreguen informes técnicos y presupuestarios sobre lo que se hizo frente a los incendios de 2024 y lo que se está haciendo hoy para prevenir nuevos desastres. La decisión final fue postergada hasta el 8 de septiembre, cuando se analizará la información recibida y se determinará si la causa avanza o queda atrapada en la maraña de recursos legales.
El tribunal no solo mantuvo abierta la causa, sino que ratificó su competencia y profundizó las medidas precautorias, exigiendo transparenencia y acción inmediata.
“Se han dictado medidas cautelares iniciales, es un pequeño avance, pero aún falta mucho. Este 8 de septiembre esperamos que el Tribunal Agroambiental adopte decisiones firmes en defensa de nuestros bosques y derechos colectivos. Invitamos a personas, colectivos e instituciones a adherirse a la demanda o presentar sus amicus curiae esta semana. Convocamos a la población a participar de la audiencia pública, el apoyo ciudadano será muy importante para demostrar la fuerza y el compromiso compartido que respaldan esta causa”, enfatizó Mariana Orias López, una de las jóvenes demandantes.
Medidas Clave Ordenadas por el Tribunal:
Sofocación Inmediata de Incendios: Se ordena al MMAyA, VIDECI, ABT, SERNAP y gobiernos autónomos actuar con máxima urgencia y diligencia para controlar los incendios en áreas protegidas, tierras fiscales, sitios RAMSAR y zonas de amortiguamiento, en aplicación de los principios de prevención y precaución.
Transparenencia Total en 72 Horas: El tribunal exige a las entidades del Estado —incluyendo los ministerios de Economía, Planificación, Defensa y Medio Ambiente— entregar información detallada y pública sobre:
Los presupuestos ordinarios asignados a la prevención de incendios antes de la emergencia.
Los recursos extraordinarios movilizados tras el Decreto Supremo 5447 del 20 de agosto que declaró la emergencia nacional.
Los informes de ejecución y resultados de dichos fondos.
Investigación Penal: Se exhorta a la Fiscalía General del Estado a iniciar investigaciones de oficio por delitos ambientales relacionados con los incendios, aprovechando la imprescriptibilidad de estos crímenes según la Constitución.
Fundamentos: Derecho Internacional y Bloque de Constitucionalidad
La resolución se sustenta en el Acuerdo de Escazú, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de la Madre Tierra. El tribunal destacó que el acceso a la información ambiental es un derecho fundamental y una herramienta esencial para el control social y la participación pública.
La demanda, presentada por el grupo de jóvenes, el 25 de junio de 2025, no se limita a denunciar un incendio concreto. Su ambición es mayor: busca que el Estado boliviano responda por el modelo institucional y normativo que permite y fomenta la quema de bosques. Los jóvenes piden la implementación de medidas preventivas y precautorias, un plan integral y coordinado entre todas las instituciones, transparencia para garantizar el control social y una revisión profunda de las normas que habilitan la expansión agrícola mediante fuego.
La audiencia del 29 de agosto dejó una escena inédita en Bolivia: jóvenes ciudadanos enfrentando en los tribunales tanto al aparato estatal como al poder agroempresarial en defensa de los bosques. El próximo 8 de septiembre se sabrá si la justicia boliviana abre el camino hacia una nueva etapa de protección ambiental o si el caso se hunde en la telaraña de tecnicismos legales que hoy lo amenazan.
Contexto: ¿De qué trata la demanda?
Esta no es una demanda común. Fue presentada el 25 de junio de 2025 por siete jóvenes de Sucre (seis mujeres y un hombre). Piden que el Estado sea responsabilizado no solo por incendios específicos, sino por el modelo institucional y legal que habilita la quema de bosques.
La demanda plantea:
Medidas preventivas y precautorias frente a los incendios.
Un plan integral y coordinado entre todas las instituciones.
Mayor transparencia para que la sociedad civil pueda hacer control social.
Revisión de las normas que permiten la expansión agrícola mediante fuego.
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