El crimen que profanó nuestra selva: 40 años de impunidad en Huanchaca

Hace 40 años cubrí esta historia como reportero de la Red Universo-Canal 5. El 7 de septiembre de 1986 llegamos en una avioneta contratada por los ejecutivos del medio, dos días después de aquella jornada trágica y dolorosa para el país, las familias, la dignidad y la cruceñidad. El 5 de septiembre, en las mesetas de Caparuch —un escenario espléndido por su belleza natural y misterioso por la flora y fauna que estudiaba el sabio cruceño—, narcotraficantes acribillaron a balazos y sin contemplaciones al profesor Noel Kempff Mercado, al piloto Juan Cochamanidis y al guía Franklin Parada. Solo el científico español Vicente Castelló logró escapar y sobrevivir.

Los autores materiales tenían órdenes específicas: disparar y no dejar acercar a nadie. Las cumplieron de forma disciplinada y cruel, sin percatarse de las enormes consecuencias que generaría este triple asesinato.

Fue una herida que sigue abierta, como una llaga sangrante; una historia de impunidad y complicidad entre el Estado y sus tentáculos de poder. Más aún cuando el entonces ministro del Interior, Fernando Barthelemy, admitió ante los periodistas de Santa Cruz que tardaron en ingresar a la fábrica bajo el argumento de que no contaban con avionetas: excusas que olieron a encubrimiento en esos años y que se fueron extendiendo a lo largo de estas cuatro décadas.

Llegamos al lugar y estuvimos a punto de ser acribillados por los policías que custodiaban la enorme factoría de producción de cocaína, un emporio en medio de la selva. “Casi le disparamos al verlo con su chamarra negra, gafas oscuras y parándose en el ala de la avioneta; parecía un narco más”, me dijo un capitán.

Observamos lo impresionante de Huanchaca en medio de tanta belleza natural inaccesible: cataratas, ríos, bosques enormes, clima saludable y animales de todas las especies como testigos. Contaban con una larga pista de aterrizaje, carpas bien instaladas, muebles, tractores y productos para la elaboración del polvo blanco: galones de querosén y diésel, ácidos, coca, instrumentos de toda clase y un suculento cargamento en el suelo, listo para ser trasladado a alguna avioneta.

Nos quedamos un día. Por la noche se escuchaban gritos y disparos al aire que estremecían, no muy lejos del campamento. Según el policía, eran de los narcos que escapaban y a quienes no intentaron seguir para aprehenderlos.

El piloto Mario Áñez, quien llegó después a rescatar los tres cuerpos, advirtió: “El crimen a un hombre tan importante es doloroso y triste, porque se trata de un flagelo que sigue azotando a nuestro país desde décadas pasadas. Seguimos y estamos peor. Los narcos se van a adueñar de todo en Bolivia”.

También observamos —y así lo difundimos en un documental sobre Huanchaca y el asesinato de Noel— que, durante la operación de desmantelamiento de la fábrica, se reportó que oficiales de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural saquearon las instalaciones en lugar de asegurar las pruebas. Este acto de corrupción mostró la infiltración del narcotráfico en las instituciones del orden, debilitando la lucha contra el crimen organizado.

Una voz ronca llamó al canal de televisión para ofrecer 20.000 dólares con el fin de que el documental no saliera al aire. Los directores nos apoyaron, el trabajo periodístico provocó muchas repercusiones y terminó siendo asumido por la comisión interparlamentaria encargada de las indagaciones.

Huanchaca fue mucho más que una enorme y moderna fábrica de cocaína: fue el refugio de grandes narcotraficantes y de la red de apoyo que tenían en las élites empresariales, el poder y el sistema judicial. Prueba de ello es que, a 40 años, solo se detuvo y sentenció a dos ciudadanos brasileños como autores materiales de los tres asesinatos, quienes cumplieron condena en Palmasola.

Julio Kempff, sobrino del profesor Noel Kempff, relató en una publicación de El Deber al cumplirse 35 años que nunca se conoció a los autores intelectuales del asesinato ni a los dueños de la fábrica, revelando que entre ellos había colombianos, brasileños y bolivianos: “Detuvieron a dos ciudadanos brasileños que confesaron ser los autores materiales y dijeron que tenían órdenes específicas de disparar al que vieran merodear por el lugar”. Así lo hicieron.

“Acá hubo una tapadera extraordinaria. Nunca hubo intención de investigar, nunca se intentó develar quiénes eran los dueños, los empresarios de la droga”, criticó el criminólogo Alejandro Colanzi.

Pocas semanas después del 5 de septiembre de 1986 emitimos el documental. En él expusimos, con la ayuda del diputado por el FRI Edmundo Salazar, algunas directrices del accionar del narcotráfico en Bolivia que siguen intactas cuatro décadas después. Salazar fue asesinado el 10 de noviembre de 1986, cuando estaba muy cerca de difundir su informe completo con nombres de empresarios de la droga, relaciones con la DEA y la CIA, testimonios que involucraban al Gobierno y otros datos reveladores. Cinco balazos acabaron con su vida cuando se aprestaba a ingresar a su domicilio. No hubo detenidos.

El narcotráfico y sus tentáculos han contado con protección oficial. Prueba de ello es que la justicia y el poder político se contentaron con sancionar a los dos brasileños y nunca más investigaron.

Las complicidades y el encubrimiento vinieron desde el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que tenía su alfil en el ministro Barthelemy, quien luego renunció por este hecho. No hubo voluntad gubernamental de profundizar las investigaciones, como tampoco la hubo en los gobiernos que se sucedieron en democracia.

Informes internacionales dieron cuenta de que esta fábrica pertenecía a la CIA, pues le permitía extraer ingentes recursos económicos para financiar a la Contra que luchaba contra el régimen sandinista. Michael Levine lo detalla en su libro La guerra falsa.

En una entrevista que le hice a Francisco Kempff, hijo del científico, habló del “huanchacazo”: “Se debe aclarar quién fue el que apretó el gatillo, quién es el dueño de la fábrica, quiénes han sido los encubridores y quiénes han proporcionado la materia prima; que se aclare toda la nebulosa que no ha permitido el esclarecimiento de este bochornoso caso. La DEA tiene máxima responsabilidad antes, durante y después, eso no se puede negar. Están involucrados todos” (El Día, 15/03/1992).

Francisco nunca tuvo respuestas. Falleció hace algunos años y su esperanza de que se esclarecieran los crímenes de Huanchaca murió con él. Reinaron la oscuridad y las sombras.

Más allá de la indignación nacional y departamental —que incluyó una marcha masiva en la plaza principal para señalar y rechazar a los narcos cruceños que en esos años eran padrinos de promoción, asistían a fiestas sociales y hacían gala de su poder económico financiando eventos, desfiles y concursos de belleza—, queda algo profundo que no se podrá borrar nunca: la alta complicidad del Estado con las mafias y los carteles, que siguen actuando en la democracia boliviana. Como hace 40 años, el narcotráfico está en su esplendor, con el agregado mortal de que casi a diario se ejecuta a ciudadanos al mejor estilo del ajuste de cuentas, tal como lo hacían los carteles de Pablo Escobar, el Chapo Guzmán y otros.

“Parece que la memoria de un pueblo es frágil después de cuatro décadas… El narcotráfico vuelve a ser aceptado de forma hipócrita como una anomalía tolerable e incluso aspiracional”, nos escribió un ciudadano con las iniciales E. G.

Sin embargo, hay un dato esperanzador. Las generaciones actuales de la carrera de Periodismo de la UPSA están realizando un trabajo de investigación sobre lo sucedido el 5 de septiembre de 1986 y sus efectos. Varios universitarios me llamaron para recoger mis impresiones y valoraciones.

Bien por ellos y por su profesor. Huanchaca no puede quedar en el olvido ni en la penumbra; debe volver a golpearnos y hacernos saltar de la hamaca.

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