En Tariquía, la defensa del agua vuelve a mostrar uno de los rasgos más problemáticos del extractivismo boliviano: la tendencia a responder con judicialización, amenaza penal y desgaste institucional a quienes defienden sus territorios. No se trata de un hecho aislado ni de una novedad reciente. En Bolivia, los defensores ambientales suelen enfrentar una doble carga: resistir proyectos que ponen en riesgo sus fuentes de vida y, al mismo tiempo, defenderse de acusaciones que buscan presentarlos como obstáculos al “desarrollo”.
Ese maniqueísmo —desarrollo contra naturaleza, progreso contra comunidad, inversión contra agua— ha sido una de las coartadas más eficaces para deslegitimar luchas territoriales legítimas. En Tariquía, las comunidades no rechazan la vida digna ni el bienestar material; cuestionan que el costo de la crisis económica nacional se descargue sobre una reserva, sus ríos, sus bosques y quienes la habitan. El proyecto Domo Oso X3, impulsado en el bloque San Telmo Norte por YPFB y Petrobras, no es leído por sus defensores como una simple perforación exploratoria, sino como la puerta de entrada a una transformación petrolera más amplia del territorio.
Durante más de una década, comunarios y comunarias de Tariquía han sostenido vigilias, marchas, decisiones orgánicas de rechazo y acciones legales para proteger una zona clave para la recarga hídrica, la biodiversidad y la vida campesina del sur del país. La respuesta estatal y empresarial ha combinado presión política, operativos policiales, campañas de desprestigio y procesos penales que producen desgaste económico, emocional y comunitario.
Juan Mendoza Gutiérrez, miembro del comité de defensa de Chiquiaca, fue uno de los comunarios procesados por sostener esa resistencia. Tras una sentencia absolutoria emitida el 8 de mayo, conversa con Revista Nómadas sobre la criminalización de la protesta ambiental, los costos silenciosos de enfrentar a YPFB y Petrobras, las fracturas que deja el avance petrolero en las comunidades y la convicción de seguir defendiendo una reserva que, para sus habitantes, no es una abstracción ecológica: es su casa, su agua y su forma de vida.
— Muy buenos días, Juan Mendoza. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para atendernos. Antes que nada, quisiera pedirle que se presente: ¿quién es usted, de dónde viene y qué ha pasado en Tariquía, en sus propias palabras, para nuestra audiencia que quizás no está al tanto de la situación?
— Muy buenos días y gracias por este espacio. Primeramente, estoy agradecido con Dios porque gracias a él uno tiene vida y salud para informar a través de sus medios hasta donde llegue esta señal. Mi nombre es Juan Mendoza Gutiérrez y soy uno de los defensores de la reserva de Tariquía. En este momento, personalmente le digo que nos sentimos un poco mejor después de lo ocurrido el pasado viernes 8 de mayo.
Pero antes de entrar en ese tema, quiero aclarar que soy un luchador que viene defendiendo este territorio desde hace diez años; esto no es algo reciente. Ya han pasado tres gestiones: el gobierno de Evo Morales, el de Jeanine Áñez y el de Luis Arce. Es una lucha de más de una década. El objetivo es claro y el país lo sabe, somos defensores del territorio donde vivimos, un lugar donde existe mucha agua y donde la gente subsiste gracias a la ganadería, la agricultura y la apicultura. Lo que estamos haciendo es defender las fuentes de agua que consumimos, protegiendo nuestro principal río. Por esta labor, soy uno de los defensores que ha sido procesado por el gobierno.
— Don Juan, para entrar en materia: acaba de mencionar que este es un juicio del gobierno, pero yo tenía entendido que era una demanda de la empresa Petrobras. ¿Podría aclararme quién es el demandante exactamente, de qué se les acusa y cuánto tiempo ha tomado este proceso judicial?
— Esta judicialización y persecución comenzó y se fortaleció en la gestión actual. La cabeza es YPFB en conjunto con Petrobras. Nosotros, los que vivimos en la zona, simplemente exigíamos respeto a las decisiones orgánicas de nuestras comunidades, que rechazaron el ingreso de las petroleras.
En octubre de 2024, Petrobras, junto con un contingente policial, atropelló nuestras vigilias para ingresar a trabajar. Ante nuestra resistencia, nos notificaron con un proceso penal. El demandante directo fue Petrobras, en coordinación con Yacimientos (YPFB) y bajo el respaldo del gobierno de turno.
— ¿De qué delitos se les acusó específicamente y cómo se sintió usted al recibir esta denuncia?
— Se nos acusó de “obstrucción al trabajo” y a otro compañero incluso se le acusó de “asociación delictuosa”. Mire, cuando me llegó la primera notificación, me sentí muy mal. Me sentí perseguido y humillado; por un momento pensé que debía abandonar la lucha.
Sin embargo, gracias a Dios, hubo un fortalecimiento entre nuestros compañeros y compañeras, además de apoyo a nivel nacional. Ellos nos animaron y nos recordaron que esto es parte de la lucha y que no queda otra que seguir de pie defendiendo la vida. Recapacitamos y decidimos continuar, porque si desistíamos, era darle vía libre a YPFB y a Petrobras para continuar sus trabajos en el bloque San Telmo Norte, específicamente en el pozo Domo Oso X3. Eso es lo que hemos estado defendiendo.
Se nos han suspendido muchas audiencias por negligencia; a veces no se presentaba el demandante, otras faltaba el fiscal. Nosotros teníamos que salir con frío o bajo la lluvia, enfrentando muchas dificultades para buscar transporte. Todo esto ha generado un gasto económico enorme para nuestros bolsillos, porque salir a la ciudad no es fácil. Del grupo original de 28 procesados, al final quedamos 12 en este primer proceso.
A pesar de todo, nos sentimos fortalecidos por el apoyo de otras instituciones. Pertenecemos a una organización nacional llamada Contiocap, con la que coordinamos estrategias de lucha. Ellos nos han enseñado que esto es parte del camino y nos ayudan a mantenernos firmes.
— Para entender bien la cronología, entiendo que hubo un proceso que inició en 2024 y otro que comenzó en diciembre de 2025 bajo el gobierno de Rodrigo Paz. ¿Es correcto decir que han enfrentado dos juicios abiertos por YPFB y Petrobras?
— Así es, exactamente.
— Este viernes (8 de mayo) hubo una resolución. ¿Se trata de la absolución del primer juicio o del segundo?
— Fue respecto al primer juicio. Llevábamos más de un año y medio esperando este momento. Necesitábamos esta sentencia porque se nos estaba restringiendo nuestra libertad; nos sentíamos perseguidos. En cuanto al segundo juicio, ese se cayó porque no tenían evidencias ni pruebas suficientes contra nosotros.
Sin embargo, no nos sentimos del todo seguros. Como defensores, tememos que Yacimientos apele la sentencia del 8 de mayo. Si apelan, continuará la persecución y el atropello. Pero quiero ser claro: aunque apelen, no vamos a dejar de luchar. Seguiremos adelante porque lo que defendemos es nuestro hábitat, nuestras tierras, nuestros bosques y la biodiversidad de Tariquía.
— Don Juan, ahora que han sido absueltos, surge una duda: ¿quién se hace cargo de todo el dinero que gastaron en trámites y viajes? ¿Quién responde por el daño psicológico y el sentimiento de impotencia que han sufrido?
— Mire, como comité de defensa lo hemos pensado mucho. Absolutamente nadie nos va a resarcir los daños económicos, sociales o psicológicos. Enfrentar a un gigante como Yacimientos o armar una demanda contra Petrobras requiere muchísimo dinero que no tenemos. No hemos acudido a la justicia por eso, pero si hubiera abogados internacionales dispuestos a asesorarnos para una demanda por daños y perjuicios, estaríamos dispuestos a abrir ese proceso.
El daño ha sido profundo. Las comunidades han sido fraccionadas. Antes de que llegaran YPFB y Petrobras, vivíamos en armonía; podías conversar con el vecino o compartir un deporte. Eso se rompió. Nos han tildado de muchas cosas, pero nosotros luchamos con evidencias legales y con el respaldo de nuestras bases. Ese daño social no se borra de un año para el otro; tomará mucho tiempo sanar la división que causaron.
— Entonces la lucha continúa, al menos en el ámbito legal. Para cerrar, ¿en qué queda el tema de Tariquía? ¿Cree que el Gobierno respetará la decisión de las comunidades sobre la exploración y explotación de gas?
— Estamos agradecidos con la Defensoría del Pueblo porque lograron una resolución para establecer una pausa ambiental, pero eso no nos garantiza nada. El caso ahora ha sido derivado al juez agroambiental en Sucre, pero para nosotros la única garantía real será cuando se anulen los decretos que abren las puertas de las reservas a las “zonas de explotación”. Mientras esos decretos existan, no estaremos tranquilos.
Pedimos al Gobierno que respete las decisiones tomadas por las comunidades de Tariquía. Muchos políticos entran con un discurso de defensa de la naturaleza, pero cuando llegan al poder se olvidan de sus compromisos. Ni la izquierda ni la derecha han respetado la gestión comunitaria; parecen cumplir proyectos ya diseñados de antemano.
Queremos que se entienda: los defensores no estamos en contra del desarrollo, pero pedimos que se haga en lugares donde no se destruya el ecosistema. Si entran a Tariquía, se destruiría más del 50% de la reserva y se convertiría en un campo petrolero lleno de movimiento industrial. En ese caso, prácticamente nos estarían expulsando de nuestro territorio y tendríamos que irnos a otro lugar para sobrevivir.
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