Este viernes 27 de febrero, la Chiquitanía marcó un hito en la historia ambiental de Bolivia. Su “hija querida”, la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural (UCPN) y Refugio de Vida Silvestre Departamental (RVSD) Tucabaca, recibió la certificación FSC, convirtiéndose en la primera área protegida del país en obtener este sello y en la más grande de toda Latinoamérica.
Bajo el lema “Bosques para todos, para siempre”, la organización Forest Stewardship Council (FSC) —o Consejo de Administración Forestal— otorgó este reconocimiento tras una serie de exhaustivas auditorías ambientales y el cumplimiento de estrictos estándares. El sello certifica el alto nivel de conservación del área, validando tanto su Plan de Manejo como la verificación de sus Servicios Ecosistémicos (SE).
¿Qué implica esta verificación y cuál es el impacto?
Este proceso consiste en auditorías independientes que evalúan la calidad de los servicios hídricos, la captura y almacenamiento de carbono, la conservación del suelo y la calidad del aire. Estos criterios, alineados con los principios de la FSC, permiten que un bosque con manejo forestal o cadena de producción eleve sus estándares comerciales para productos sostenibles en el mercado global y, en el caso de un área protegida, funcione como un puente hacia el financiamiento externo.
Actualmente, la FSC ha certificado más de 150 millones de hectáreas de bosques a nivel mundial, de las cuales más de un millón se encuentran en Bolivia. María Luisa Salvatierra, directora de FSC Bolivia, explica que el objetivo es promover el uso responsable y sostenible del bosque.
“Al certificar reservas, nosotros podemos apalancar recursos porque hay muchos organismos internacionales y empresas que quieren invertir en lo que es la conservación”, relata Salvatierra.
Sin embargo, la directora advierte sobre la fragilidad de estos logros: aunque existen aproximadamente 25 áreas certificadas en el mundo, muchas carecen de patrocinio. Por ello, subraya que cuando el Estado certifica un área, debe invertir activamente o captar patrocinadores.
“Hay muchas áreas que se certifican y no avanzan; la certificación se cae y eso es lo que tratamos de evitar”, advierte Salvatierra. En ese sentido, la organización recomienda a la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural (DICOPAN), al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y al Gobierno Municipal, la búsqueda urgente de aliados para financiar guardaparques y proteger la biodiversidad y el agua.
Por su parte, Chiara Delgado, directora de DICOPAN, coincide en que este sello no es la meta final, sino el inicio de una mejora continua para hallar soluciones al déficit de fondos. Delgado enfatiza:
“Necesitamos fortalecer el cuerpo de protección, dotar de mejores equipos a nuestros guardaparques e implementar tecnología para el monitoreo. El apoyo de la empresa privada y organismos internacionales es fundamental, porque los recursos estatales suelen ser limitados para la magnitud de estas áreas”.
Y es que sin guardaparques y sin ciencia, un área solo es “protegida” en papel y no en los hechos. Recorrer el territorio, conocerlo, identificar las amenazas y oportunidades es un trabajo constante y en equipo.
La UCPN Tucabaca comprende bien este desafío. Durante años, y pese a las limitaciones presupuestales de la DICOPAN y Gobernación – entidad a cargo de las áreas protegidas municipales – la comunidad que habita dentro, Santiago de Chiquitos ha logrado captar fondos de diversas ONG que valoran la región. La historia de este lugar está marcada por la visión de su gente, pionera en entender que el bosque y el agua son el futuro de sus hijos. Ya hace 15 años, Tucabaca se convirtió en la primera área protegida municipal del país. Rubén Darío, presidente del Comité de Gestión, recuerda con orgullo la lucha del pueblo: “En 2011, Santiago de Chiquitos se paró para defender algo que no es tangible: su patrimonio natural”.
Hoy, la reserva protege 262.305 hectáreas de bosque —una superficie equivalente a cuatro veces la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra—. Además, resguarda 45 ríos, 30 quebradas principales y más de 1.198 especies de flora y fauna, manteniendo una cobertura boscosa natural del 94,5%. A esto se suma su incalculable valor cultural, que incluye sitios arqueológicos con arte rupestre y el conocimiento ancestral de la medicina natural.
Para los guardaparques, la certificación es un motor de compromiso. Vibeke Taceó, educadora ambiental, bombera voluntaria y una de las pocas mujeres guardaparques de la región, resume su misión: “El objetivo es siempre cuidar; gracias a los primeros guardaparques que estuvieron, a los que están y a los que vendrán”.
Finalmente, Rubén Darío quien, lleva toda su vida luchando por la gestión responsable y sostenible de la zona, dio un discurso claro y contundente a las autoridades :
“Que esto sirva como un tercer candado y que sirva para que tengamos directores,
guardaparques y los recursos suficientes para realizar los estudios técnicos y científicos que se necesitan. Cada vez que hay un cambio político nos están cambiando al personal, gente que ama su territorio necesita y merece tener ese trabajo y la seguridad de que, gracias a esa área protegida, van a tener el pan de cada día”.
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