Hoy, 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, se cumplen once días desde que comenzó la marcha indígena y campesina pandina y beniana rumbo a La Paz. Once días de caminata bajo el sol, el polvo y la intemperie. Once días en los que hombres y mujeres del mundo rural avanzan con el cuerpo como único megáfono, porque en Bolivia, los indígenas y los campesinos todavía tienen que marchar cientos de kilómetros para que el poder apenas se digne a escucharlos.
La marcha supera ya el millar de personas y en ella confluyen organizaciones campesinas e indígenas de Pando, del Beni y poco a poco de otras regiones de Bolivia, acompañadas por redes de solidaridad de distintos puntos del país. Marchan porque conocen, por experiencia propia, la sordera selectiva del Estado. Saben que cuando no se tiene suficiente peso económico, mediático, o de presión social, la democracia boliviana suele reducirse a una pedagogía del desgaste, caminar, protestar, bloquear, soportar el desprecio, insistir hasta que la fatiga colectiva arranque al menos una señal de atención. Es una verdad dura, pero nuestra historia la confirma una y otra vez y hoy no es la excepción.
Conviene decirlo sin rodeos, cuando, década tras década, los pueblos indígenas y campesinos deben recorrer cientos o miles de kilómetros para defender sus derechos más elementales, no estamos ante una anomalía coyuntural, sino ante una estructura histórica de exclusión, abandono y jerarquización territorial. Y un gobierno que solo escucha cuando la indignación llega a sus puertas, agotada, ampollada y hambrienta, no puede seguir llamándose a sí mismo garante de justicia social sin desmentirse a sí mismo.
Esta marcha no nace en el vacío, nace en la periferia más abandonada del país, en esa Amazonía boliviana que suele ser invocada en discursos oficiales como patrimonio de la vida, pero que en la práctica sigue siendo tratada como frontera de sacrificio, reserva extractiva o botín territorial en disputa. Desde allí vienen quienes hoy sostienen la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios”. Vienen a advertir que lo que se presenta como ajuste normativo o reordenamiento agrario puede convertirse, en los hechos, en un nuevo ciclo de despojo, concentración de tierra, conflictividad social y devastación ecológica.
Sus demandas son concretas y plenamente legítimas.
- Exigen la anulación de la Ley 1720 (anteriormente ante proyecto de Ley 157) que habilita la conversión de pequeña propiedad en mediana propiedad. Lo hacen porque la consideran anti constitucional y una violación a su derecho a la consulta previa e informado y por su ‘’riesgo de la seguridad jurídica de la tierra y territorio en beneficios de intereses particulares’’.
- Demandan un decreto para la titulación de comunidades campesinas e indígenas post saneamiento. Porque efectivamente existen a diciembre 2025 1254 dotaciones de tierra ‘’en proceso’’ de las cuales 880 en Santa Cruz, 190 en Beni, 115 en Pando y 51 en La Paz.
- Rechazan los proyectos orientados a criminalizar la protesta social, sintetizados en lo que denuncian como una “ley antibloqueos”. Dado que existen varios proyectos de Ley en desarrollo o tratamiento, abogados a penalizar los bloqueos.
Pero vayamos por partes: ¿qué es la Ley 1720?
Es la ley que Revista Nómadas, junto a otras organizaciones expertas en materia agraria y derechos humanos colectivos —particularmente indígenas y campesinos—, ha denunciado por debilitar derechos, erosionar la institucionalidad agraria y poner en riesgo la base territorial de la vida.
Se trata de una norma impulsada por el gobierno del MAS de Luis Arce Catacora, respaldada por organizaciones representativas del empresariado agroindustrial cruceño y reactivada en el Senado por Branko Marinkovic, del partido Libre de Tuto Quiroga. En lo sustancial, la ley habilita que la pequeña propiedad sea convertida, mediante un trámite burocrático breve y sin verificación suficiente, en propiedad mediana, perforando así un régimen agrario que surgió tras largas disputas históricas sobre la función social de la tierra, su protección y sus límites frente al mercado.
Y esa conversión arrastra consecuencias muy concretas. Una vez transformada en mediana propiedad, la tierra deja atrás parte del resguardo jurídico que la protegía bajo la lógica de la pequeña propiedad y adquiere otras cualidades: puede ser comprada por empresas, usada como garantía bancaria para préstamos, embargada y fragmentada. En otras palabras, una forma de propiedad pensada para sostener vida familiar, arraigo territorial y reproducción material de miembros de comunidades rurales queda expuesta a lógicas de endeudamiento, mercantilización y concentración.
Ese es el corazón del problema. Porque cuando se flexibiliza el régimen de la pequeña propiedad en nombre de la eficiencia o del crédito, lo que se está haciendo en la práctica es correr la frontera jurídica que separa la tierra como sustento de la tierra como mercancía.
El principal argumento del agroempresariado cruceño y del gobierno que hoy acompaña esta orientación es que esta ley permitiría ampliar el acceso al crédito, ya que volvería posible usar la propiedad como colateral. Pero ese argumento hace agua por varios lados.
Para empezar, si lo que realmente se buscaba era abrir acceso al crédito sin exponer la pequeña propiedad a una mayor mercantilización, existían otros caminos. Pudo haberse discutido, incluso mediante una reforma específica, un mecanismo semejante al contemplado en el Decreto Supremo 10401 aprobado por Banzer en 1972, que permitió el uso hipotecario de la pequeña propiedad sin convertirla en mediana ni abrirle la puerta tan directamente a su captura por actores empresariales. Es decir, si el objetivo hubiera sido estrictamente financiero, se podía haber optado por una vía menos agresiva para el régimen agrario y menos funcional a la concentración de tierra.
Pero incluso ese argumento parte de una premisa dudosa: que el principal obstáculo para el acceso al crédito de los pequeños productores es la ausencia de garantías hipotecarias. La historia muestra otra cosa. Ya en los años setenta, aun con mecanismos que permitían respaldar préstamos con tierra, el acceso del pequeño productor al crédito bancario siguió siendo marginal. Y siguió siéndolo por una razón elemental, el problema no radica solamente en la garantía, sino en la forma en que el sistema financiero clasifica el riesgo, la rentabilidad y la solvencia de quienes producen a pequeña escala.
Hoy esa realidad es todavía más evidente. En Bolivia, según Fundación Tierra, el 74% de las pequeñas propiedades tiene menos de 2 hectáreas y promedian apenas 0,43 hectáreas, es decir, unos 4.300 metros cuadrados de tierra rural. Con extensiones tan reducidas y con valores comerciales generalmente bajos, esa tierra difícilmente constituye una garantía atractiva para la banca formal. Más aún en un contexto de crisis económica y financiera como el actual, marcado por inflación, aumento de costos de producción, contracción de ventas y mayor exposición al riesgo para los pequeños productores. Para los bancos, estos productores siguen apareciendo como actores poco solventes, de ingresos fluctuantes y con modelos de negocio percibidos como poco rentables.
La verdad es otra y mucho menos cómoda para quienes venden esta ley como una llave mágica al crédito. El acceso financiero de los pequeños productores depende de instrumentos específicos, adecuados a sus ciclos productivos, a su escala, a su inserción comercial y a sus formas de organización. Depende de políticas públicas, de banca de desarrollo, de fondos de garantía pensados para la agricultura familiar y campesina. No depende, al menos no es hoy el principal cuello de botella, de volver más vulnerable la propiedad agraria que sostiene su reproducción material.
Y aun en el hipotético caso de que una parte de esos productores lograra acceder a préstamos, el costo potencial seguiría siendo enorme. Porque en muchísimos casos esa pequeña propiedad no es solo un activo rural. Es tierra-hogar, base alimentaria, lugar de pertenencia, anclaje comunitario y última defensa frente a la expulsión social. Ponerla en riesgo significa exponer a miles de familias a perder no solo una parcela, sino la posibilidad misma de seguir habitando y produciendo en sus territorios. Significa, también, empujar nuevas olas de migración hacia ciudades ya saturadas de precariedad, informalidad y abandono, engrosando las periferias urbanas como si el país no hubiera aprendido nada de sus propias fracturas.
En materia ecológica, el asunto es todavía más grave. Una parte nada despreciable de la pequeña propiedad del país conserva bosque. El 36% de la superficie bajo pequeña propiedad es boscosa: alrededor de 3,5 millones de hectáreas, una extensión equivalente al departamento de Tarija. De ese total, el 42,5% se encuentra en Santa Cruz, el 21,6% en Chuquisaca, el 12,1% en Cochabamba y el 8,6% en La Paz. No estamos, por tanto, ante una categoría agraria secundaria desde el punto de vista ambiental. Estamos hablando de una forma de tenencia que todavía sostiene una porción importante del bosque boliviano.
Y ese dato pesa todavía más cuando se lo cruza con la tendencia reciente. La deforestación en pequeña propiedad ha aumentado de forma sustancial en los últimos dos años y alcanza un promedio anual de 84.253 hectáreas, es decir, cerca del 20% de la deforestación de 2023 y 2024. Todo esto ocurre en medio de una expansión agropecuaria acelerada, de un ciclo de incendios cada vez más destructivo y de una presión creciente sobre bosques y territorios que no se ha frenado ni en 2025 ni en lo que va de 2026. En ese contexto, facilitar la conversión de pequeña a mediana propiedad no es una decisión neutra. Es una señal más de flexibilización territorial en un país donde la frontera agropecuaria avanza demasiado rápido y con demasiada impunidad.
Hay además una dimensión política y social que vuelve esta ley todavía más frágil en términos de legitimidad. En Bolivia existen cerca de 1,5 millones de pequeñas propiedades que abarcan 9,72 millones de hectáreas. De ellas, 89.100, es decir el 5,9%, se encuentran en Santa Cruz. En cambio, La Paz concentra el 34,7%, Cochabamba el 29,3%, Chuquisaca el 12,6% y Potosí el 8,7%. Entre esos cuatro departamentos reúnen el 85,4% de las pequeñas propiedades del país, aunque concentran el 49,7% de la tierra bajo esta categoría.
Ese dato debería bastar para encender todas las alarmas. Porque muestra con claridad que el universo social de la pequeña propiedad no está anclado principalmente en Santa Cruz, aunque desde allí provenga buena parte de la presión política para alterar su régimen. La pequeña propiedad tiene un peso nacional, campesino, indígena y popular mucho más amplio. Afecta a cientos de miles de familias cuya voz no puede ser reemplazada por las demandas del agroempresariado ni por acuerdos cocinados entre élites políticas, parlamentarias y corporativas.
Por eso llama poderosamente la atención que, desde semanas antes de la aprobación del proyecto de ley, se haya levantado una cantidad extraordinaria de organizaciones sociales de base —campesinas, indígenas y aliadas— para exigir que esta norma no fuera aprobada sin debate ni socialización. Lo que expresaban entonces era tan elemental como contundente, no es aceptable modificar un régimen de tierra de semejante alcance sin consultar a quienes serán directamente afectados por sus consecuencias.
Y hoy que el Proyecto de ley 157 ha sido aprobado ese descontento no deja de crecer. Cada día se suma una nueva subcentral indígena o campesina, un nuevo sindicato agrario, una nueva organización social, vecinal o aliada al rechazo de esta ley. No se trata de una reacción aislada ni de una susceptibilidad pasajera. Lo que se está acumulando es una conciencia cada vez más extendida de que aquí no se disputa una formalidad administrativa, sino el sentido mismo de la tierra en Bolivia: si seguirá siendo, al menos en parte, sustento, territorio y derecho, o si se convertirá todavía más en garantía, mercancía y botín. A eso las organizaciones sociales indígenas y campesinas recuerdan que tienen una agenda de demandas sociales y económicas extensa y de larga data que sigue sin ser abordada y que este proyecto de Ley nunca fue parte de dichas demandas.
¿Y a qué se refieren con el segundo punto, el de la titulación de tierras comunitarias campesinas e indígenas post saneamiento?
Se refieren a algo tan básico como grave: a que el Estado cumpla, de una vez, con entregar los títulos propietarios de aquellas dotaciones de tierra cuyo proceso de saneamiento ya ha concluido. Porque lo que hoy existe no es un simple ‘’estado tranca’’, sino una forma prolongada de inseguridad jurídica que deja a comunidades enteras en una suerte de limbo, vulnerables frente al despojo, al avasallamiento, a la manipulación política y a la arbitrariedad institucional.
Entre 2006 y 2025 se realizaron 2.095 dotaciones de tierra. Sin embargo, a diciembre de 2025, 1.254 de ellas seguían “en proceso” y todavía no contaban con título propietario. Detrás de esa cifra no hay papeles demorados sin rostro ni carpetas olvidadas en un escritorio. Hay comunidades campesinas e indígenas que viven, producen, cuidan bosque, defienden territorio y, sin embargo, continúan esperando que el Estado les reconozca plenamente un derecho que ya debió haber sido garantizado.
Este reclamo nos conduce, inevitablemente, a una pregunta mayor y mucho más incómoda, la de la auditoría integral al INRA y, más ampliamente, a la política agraria de las últimas décadas. Desde el gobierno de Evo Morales, pasando por Jeanine Áñez, hasta llegar al gobierno de Luis Arce Catacora, el país ha acumulado suficientes indicios, denuncias y heridas como para seguir mirando hacia otro lado. Como ya señalamos en una editorial publicada en noviembre, esa auditoría debe realizarse de manera inmediata, independiente y transparente. No solo para restablecer confianza en una institucionalidad agraria profundamente desgastada, sino también para corregir injusticias que no pueden seguir normalizándose.
Porque lo que preocupa no es menor. Preocupan los casos de despojo de comunidades, las dotaciones sobre territorios en disputa, los avasallamientos a propiedades comunitarias y privadas, la permisividad frente a ocupaciones violentas, la opacidad en ciertos procedimientos y la incapacidad —o falta de voluntad— del Estado para intervenir cuando los hechos ya son demasiado evidentes. Preocupa, en suma, que la tierra siga siendo administrada en demasiados casos como si fuera un campo abierto a presiones, favores, influencias y hechos consumados, en lugar de un bien estratégico cuyo ordenamiento debería obedecer al interés público, a la justicia agraria y al respeto irrestricto de derechos colectivos.
Por eso reiteramos una vez más algo que no admite más demora: es imprescindible que el gobierno actúe y haga justicia en casos como el de las 40 familias ayoreas de la comunidad Yoquiday 27 de Mayo, en Pailón, que hace cinco años fueron despojadas violentamente de su territorio, incluso con sus casas quemadas, en un hecho de extrema gravedad que el propio INRA constató, aunque luego se declarara sin competencia. Esa escena resume con crudeza una de las formas más perversas del abandono estatal: reconocer el daño, registrar el atropello y, aun así, no reparar ni proteger.
Y ese no es, por desgracia, un caso aislado. También preocupan los mecanismos de acaparamiento y extranjerización de tierra que permiten concentrar superficies muy por encima de las 5.000 hectáreas establecidas como tope máximo por ley. No siempre se trata de una violación abierta y burda de la norma. Muchas veces opera mediante formas más sofisticadas y por eso mismo más difíciles de rastrear: la dispersión de propiedades entre distintos miembros de una misma familia, la multiplicación de razones sociales, o el uso de entramados empresariales que impiden ver cuánta tierra termina acumulando, en los hechos, un mismo grupo económico o un mismo accionista.
Ahí radica uno de los problemas más delicados del presente agrario boliviano: la brecha entre el espíritu de la ley y las formas concretas en que esta es burlada, rodeada o vaciada de contenido. Sobre el papel existen límites; en la práctica, abundan mecanismos para eludirlos. Y cuando el Estado carece de voluntad política, capacidad de fiscalización o independencia frente a intereses poderosos, esos límites dejan de ser un resguardo y se convierten en una ficción.
La alarma crece aún más si se observa el contexto regional. Hoy, empresarios brasileños conocidos por su participación en procesos de acaparamiento de tierra en Brasil buscan expandir hacia Bolivia su modelo de negocios basado en bienes raíces rurales, especulación territorial y valorización acelerada de tierras. No se trata solo de producir. Se trata de capturar territorio barato, reordenarlo según lógicas de mercado y convertirlo en un activo financiero. Y cuando esa presión se posa sobre un país con institucionalidad agraria debilitada, controles insuficientes y conflictos de tierra no resueltos, el riesgo de una nueva ola de concentración y extranjerización se vuelve demasiado real como para seguir tratándolo como una hipótesis remota.
Eso es también lo que está en disputa cuando las comunidades exigen títulos post saneamiento. No piden un trámite. Piden protección efectiva frente a un escenario donde la tierra vale cada vez más para quienes quieren acumularla, y c
Y finalmente, porque rechazan proyectos de Ley anti bloqueos?
Porque saben que, sin esa medida de presión, pierden una de las pocas herramientas efectivas que les quedan para ser escuchados. Y no se trata de una sospecha infundada ni de una reacción exagerada. Es una lección histórica aprendida por los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia a lo largo de décadas: cuando no hay poder económico, tribuna mediática ni acceso directo a las instancias de decisión, el cuerpo colectivo, la marcha y el bloqueo siguen siendo los lenguajes que el poder todavía no puede fingir no escuchar.
Esa verdad no nace de la coyuntura. Tiene una raíz larga. Silvia Rivera Cusicanqui lo mostró con lucidez hace ya más de cuatro décadas en ‘’Oprimidos pero no vencidos’’, al reconstruir cómo el bloqueo de caminos emergió no como gesto arbitrario ni como desviación antidemocrática, sino como respuesta legítima frente a gobiernos sordos, estructuras de dominación excluyentes y medidas impuestas contra el pueblo. Allí donde la representación formal se vacía de contenido y la institucionalidad se vuelve impermeable a las demandas de las mayorías, la acción directa reaparece como una forma de irrupción democrática desde abajo.
Algo semejante recordaban Xavier Albó y Josep Barnadas en ‘’La cara india y campesina de nuestra historia’’, al mostrar que fueron precisamente los bloqueos campesinos e indígenas los que permitieron arrancar conquistas concretas en medio de la crisis. Entre ellas, la incorporación de trabajadores de la zafra y del algodón del oriente a la Ley General del Trabajo, así como la construcción de mercados campesinos en el oriente, en una expresión notable de solidaridad entre occidente y tierras bajas. Conviene subrayarlo, porque desarma una caricatura todavía muy extendida: los bloqueos no han sido solamente instrumentos de protesta sectorial, sino también momentos de articulación nacional y de defensa de derechos colectivos más amplios.
Miguel Urioste lo decía con una claridad que hoy sigue golpeando por su vigencia. En su texto ‘’Por qué los campesinos bloquean los caminos’’, publicado en 1984, escribía: “Parece que la mayor asignación de recursos, atención estatal, investigación, asistencia técnica… antes que la voluntad política de este gobierno, dependerá de la capacidad de presión del movimiento campesino actual. Esto lo saben los campesinos bolivianos y están dispuestos a hacerlo saber al país”.
Y lo decía todavía con mayor crudeza en otro pasaje que el tiempo no ha desmentido, sino que casi vuelve insoportablemente actual: “Los campesinos bloquean los caminos porque no se les atiende en sus justas demandas y reivindicaciones. Los campesinos bloquean los caminos porque quieren desesperadamente modificar sus condiciones de vida. Los campesinos bloquean los caminos porque necesitan imperiosamente precios justos para sus productos; respeto a su cultura e idioma. Los campesinos bloquean los caminos porque ya no quieren que sus hijos se mueran de diarrea, porque necesitan más escuelas, mejores maestros y postas sanitarias en funcionamiento”.
Han pasado más de cuarenta años desde esas palabras y cuesta no reconocer, con amargura, cuánto de ese diagnóstico sigue en pie. Han cambiado los discursos oficiales, se han refinado las retóricas del poder y se han multiplicado los lenguajes del desarrollo, la inclusión y la plurinacionalidad. Pero en demasiados rincones del país persiste la misma estructura de fondo: demandas legítimas que se postergan, comunidades que no son escuchadas, derechos que solo parecen existir cuando son defendidos al borde del camino o a las puertas de la sede de gobierno.
Por eso preocupa tanto la ofensiva legal contra los bloqueos. Porque no busca únicamente “garantizar el libre tránsito”, como suelen alegar sus promotores, sino disciplinar la protesta, criminalizar la desobediencia civil y desarmar a los sectores populares de una de sus herramientas históricas de interlocución política. En un país atravesado por desigualdades tan hondas, donde no todos tienen el mismo acceso a la palabra pública ni a los centros reales de poder, penalizar el bloqueo equivale, en muchos casos, a blindar el privilegio y a clausurar el único canal que todavía obliga al Estado a responder.
Una vez más se aproxima a La Paz una marcha numerosa, que en poco tiempo llegará a la sede de gobierno y será recibida con solidaridad por la población alteña y paceña, así como por organizaciones sociales rurales y urbanas de distintos puntos del país. Ocurrió con la marcha indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990. Ocurrió también con la marcha del TIPNIS en 2011. Y vuelve a ocurrir hoy, porque persiste una memoria política que sabe reconocer cuándo una movilización no defiende un interés menor, sino una causa de alcance nacional: la tierra, el territorio, los bosques, los derechos colectivos y la posibilidad misma de frenar retrocesos antes de que se vuelvan irreversibles.
Es tiempo de recapacitar y cambiar el rumbo de la política agraria. No solo por la Ley 1720, sino por el conjunto de señales que se acumulan y que apuntan en una dirección inquietante. Preocupan los proyectos que buscan una devolución de la tierra fiscal no distribuida mediante saneamiento, así como otras iniciativas orientadas a la individualización de la tierra comunitaria, anunciadas o promovidas por actores del agronegocio cruceño. Vistas en conjunto, no parecen piezas aisladas. Parecen más bien parte de una misma presión histórica: flexibilizar los resguardos, debilitar lo colectivo, reabrir la frontera de la mercantilización y colocar nuevas porciones de territorio al servicio de intereses privados cada vez más voraces.
Y eso, en un día como hoy, 22 de abril, cuando el país y el mundo dicen honrar a la Madre Tierra, tendría algo de ironía cruel. No se defiende a la Madre Tierra con discursos vacíos mientras se deja solos a quienes defienden sus bosques. No se honra la vida permitiendo retrocesos que amenazan territorios, derechos y equilibrios ecológicos fundamentales. No se puede hablar de plurinacionalidad mientras los pueblos indígenas y campesinos deben marchar extenuados para recordar que existen.
La marcha que hoy avanza hacia La Paz merece ser escuchada no por compasión, sino por justicia. No como gesto de buena voluntad, sino como obligación democrática. Porque cuando los guardianes de los bosques y de los territorios deben caminar hasta el corazón del poder para exigir lo obvio, lo que está en crisis no es solo una política agraria: es la calidad ética del Estado y la verdad material del Estado Plurinacional.
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