A través de un pronunciamiento público, ambas organizaciones afirmaron que el Ministerio deshabilitó el formulario de registro y acreditación para periodistas antes de que concluyera el plazo originalmente anunciado, lo que dejó sin posibilidad de inscripción a comunicadores que buscaban registrarse dentro del periodo establecido.
Además, señalaron que algunos periodistas recibieron una respuesta negativa a sus solicitudes de acreditación bajo el argumento de que no habían demostrado pertenecer a un medio “especializado en minería”. Para la APLP y el CMPLP, este criterio constituye una restricción arbitraria y una forma de obstrucción al ejercicio periodístico, ya que consideran que ninguna autoridad puede decidir discrecionalmente qué medios o periodistas tienen legitimidad para cubrir un tema de interés nacional.
El pronunciamiento también cuestiona la decisión del Ministerio de limitar la cobertura de los periodistas acreditados únicamente a los actos de inauguración y clausura de la cumbre, excluyéndolos de las deliberaciones y actividades centrales del encuentro.
Las organizaciones consideran que esta situación reviste especial gravedad debido a que durante la cumbre se discutirán definiciones relacionadas con la futura Ley de Minería y Metalurgia, cuyas disposiciones tendrán impacto en el desarrollo económico del país, los territorios, las comunidades, los recursos naturales y el medio ambiente.
En ese sentido, sostienen que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué temas se debaten, quiénes participan, cuáles son las propuestas y qué decisiones se adoptan en torno a un sector estratégico para Bolivia. “No se puede debatir de espaldas al país”, enfatiza el documento.
La APLP y el CMPLP advirtieron que las políticas restrictivas de información y los criterios discrecionales de acreditación vulneran la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a recibir información oportuna, plural y completa sobre asuntos de interés público.
Por ello, exigieron al Ministerio de Minería y Metalurgia garantizar el acceso oportuno a la información y facilitar el trabajo de la prensa, en lugar de obstaculizarlo. Asimismo, recordaron que la información sobre asuntos de interés público no pertenece a las autoridades y no puede ser administrada discrecionalmente mediante mecanismos de acreditación destinados a decidir quién puede informar y quién no.
Finalmente, las organizaciones recalcaron que la censura previa está prohibida por la Constitución Política del Estado y afirmaron que la prensa no puede ser excluida de informar sobre debates que comprometen el presente y el futuro del país. “La sociedad tiene derecho a saber y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho”, concluye el pronunciamiento emitido en La Paz este 19 de julio de 2026.
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