Hoy, lunes 5 de enero, la tensión en la provincia O’Connor alcanzó un punto crítico. A partir de las 7:00 de la mañana, en el punto de vigilia ubicado en la quebrada de Las Vacas, un contingente de efectivos policiales ejecutó una orden para desbloquear el acceso a Chiquiacá, zona de influencia de la Reserva nacional de flora y fauna Tariquía.
La defensora Nelly Coca, junto a un grupo de comunarios, trató de impedir el avance de forma pacífica, apelando al derecho a la vida y la protección del medio ambiente. Sin embargo, la movilización no pudo contener el despliegue de policías que iban en vehículos que transportaban a personal de una petrolera y efectivos policiales.
“Estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo la vida de nuestro Dios, porque esta empresa va a seguir a destruir esto”, manifestó Coca con desesperación ante el avance de las camionetas. La dirigente denunció que los trabajos se realizan en la cabecera de las vertientes: “¿Usted cree que el gobierno nos va a dar para que salgamos y migremos a otro lugar? No queremos que destruyan nuestra agua”.
La resistencia local sostiene que este proyecto petrolero, aunque avalado por el Gobierno, carece de legitimidad social. Coca denunció la existencia de actas de compromiso que aseguraban la protección de la reserva, las cuales habrían sido ignoradas. “Estamos directamente abandonados de la autoridad. El gobierno lo único que sabe es mandarnos a la policía encima”, sentenció la dirigente.
Según la plataforma Defensores de Tariquía, este despliegue policial fue autorizado directamente por el Gobierno nacional. La organización califica la acción como una “grave traición” a las comunidades que protegen el territorio.
Asimismo, la plataforma recordó que en 2019 se firmó un acta de compromiso para defender la reserva —mencionando incluso el respaldo de figuras como Rodrigo Paz en su momento—, compromiso que hoy consideran totalmente desconocido por las autoridades. “Tariquía no se defiende con policías ni represión. Se defiende respetando la palabra, la ley y a su gente”, señalaron desde la plataforma, bajo la consigna final de que “el pueblo no olvida”.
Bajo un estricto resguardo de la Policía Nacional, Petrobras puso en marcha la fase operativa del proyecto exploratorio Domo Oso X3 (DMO-X3) en el área San Telmo Norte. El despliegue, que comenzó en horas de la mañana en la zona de Saicán, permitió que el consorcio contratista IST-Bolinter ingresara con maquinaria y personal técnico a través de la quebrada Las Vacas, donde se mantenía una vigilia de protesta. Con este avance, la compañía inicia las labores preliminares para la construcción del camino y la planchada, pasos necesarios para la futura instalación del equipo de perforación en este sector del departamento de Tarija.
Petrobras Bolivia, dijo, mediante un comunicado, contar con todas las autorizaciones legales y ambientales para el pozo DMO-X3 en San Telmo Norte. La empresa justificó el ingreso ante los bloqueos de comunarios, ratificando la legitimidad de sus operaciones en la zona.
Judicialización y denuncia de persecución
De forma paralela al ingreso forzado, el medio de comunicación Sumando Voces reveló que la Fiscalía admitió una nueva denuncia penal contra 16 comunarios y un concejal de la provincia O’Connor por presuntos delitos de “asociación delictuosa”, atentados contra la libertad de trabajo y atribuirse derechos del pueblo. La demanda, presentada por representantes de YPFB instruye que los sindicados comparezcan a declarar en un plazo de 24 horas bajo advertencia de aprehensión. Juanita Marina Mercado, una de las afectadas, calificó el hecho como una constante persecución, mientras organizaciones sociales advierten que se trata de una estrategia judicial para desarticular a los defensores ambientales que se oponen al pozo Domo Oso X3, según Sumando Voces.
Nelly Coca, dijo a Revista Nómadas, que ella y un grupo de vecinos, continuarán en vigilia.
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