El 2023 quedará marcado como otro año más en que la codicia e irresponsabilidad de algunos propietarios rurales sumieron a Bolivia en una gestión con enormes pérdidas de bosques que quedará marcada en la historia. Una descontrolada ola de incendios forestales arrasó con 3,5 millones de hectáreas, una superficie mayor a la de países como Belgica o Hawaii. Pero estas quemas que asfixiaron con humo tóxico a gran parte del país hasta ahora quedaron impunes.
A finales de 2023, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia organizó un conversatorio en el cual su secretario general anunció de forma pública, que el INRA inicie las investigaciones correspondientes a ‘’ quienes desarrollen desmontes ilegales deberán enfrentar la reversión de sus tierras, tal como lo ha mencionado el director del INRA, y es algo que va a empezar desde el próximo año.’’. En enero de este 2024, el Procurador General del Estado, Cesar Adalid Siles, mediante el Dictamen Procuradurial 001/2024 instruyó que se investigue con contundencia las propiedades de quienes con sus quemas agrícolas prohibidas vulneraron los derechos de la Madre Tierra y del pueblo boliviano a un ambiente sano.
Esta iniciativa ordena a las autoridades ambientales como la Autoridad de Fiscalización de Bosques (ABT) y al Instituto de Reforma Agraria (INRA) identificar de inmediato todos los predios rurales y ganaderos donde se originaron los incendios que luego se propagaron de manera catastrófica, consumiendo bosques, fauna y raleando el aire con densas humaredas durante semanas. Según fuentes consultadas, la última vez que hubo reversión de tierra por incumplimiento de la Función Económica y Social fue entre los años 2010 y 2011.
Pero las sanciones podrían ir más allá de la reversión. El dictamen ordena que la ABT y el INRA informen mensualmente sobre los procesos penales y administrativos instaurados contra los propietarios y empresas involucradas en estos hechos que ocasionaron cuantiosos daños y perjuicios. Según datos gubernamentales presentados en el conversatorio de la Vicepresidencia por el director nacional del INRA, el 35% de los incendios del 2023 ocurrieron en tierras denominadas ‘’empresariales[1]’’ y ‘’medianas[2]’’ lejos delante de los 17% que representan juntos los Pueblos Indígenas, Campesinos e Interculturales.
La iniciativa ordena a la ABT y al INRA identificar y sancionar rápidamente los predios rurales y ganaderos donde se originaron los incendios que devastaron bosques, fauna y contaminando el aire durante semanas.
La investigación técnica y satelital ya ubica las primeras “cicatrices” de esta tragedia. Por ejemplo —según el dictamen de la Procuraduría— el 16 de agosto ardieron las propiedades “El Porvenir” en Pailón (Santa Cruz) y “Carolita” en Ixiamas (La Paz). Luego se detectaron numerosos focos en predios del Beni como “6 de Mayo”, “Agua Dulce”, “Lago Moreno”, “La Esperanza”, “El Tamarindo” y otros más. En total, se han georreferenciado más de 40 propiedades agrarias y ganaderas privadas tituladas por el INRA donde se habrían realizado quemas agrícolas ilegales.
Además, el secretario general de la Vicepresidencia dio a conocer una lista de las 10 propiedades que más quemaron y deforestaron de “forma ilegal” en el 2023. Las cuales coincidentemente se localizan todas en el Beni, que fue el nuevo frente de expansión agropecuaria de ese año, aunque aún de menor importancia que en Santa Cruz. Es importante recalcar que esas 10 propiedades suman 43.647 hectáreas de deforestación e incendios “ilegales” lo que representa una gota de agua frente los 3,5 millones de hectáreas quemadas el 2023. Sin embargo, el antecedente que la procuraduría ordene a las demás instancias correspondientes que realicen, investigaciones, sanciones y procesos, como la ley lo establece, es novedoso.
LA 10 PROPIEDADES ACUSADAS DE PRODUCIR MÁS INCENDIOS EL 2023 [3]
Ahora, a más de cinco meses del dictamen, queda esperar sobre los avances de esta investigación que ha sido poco publicitada, y saber cuántos predios están siendo investigados y qué proporción de las áreas afectadas por incendios y deforestación ilegal representan. De la misma forma, en un contexto en el que el Gobierno nacional está discutiendo y negociando las medidas que va tomar para favorecer las exportaciones agropecuarias, reside la duda si esta iniciativa llegará a culminar y si contará hasta el final con el apoyo político necesario para que las disposiciones de la norma vigente sobre incendios y deforestación ilegal se apliquen.
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[1] Según la Ley INRA del 1996 corresponde a una tenencia de la tierra de una empresa y cuya extensión del predio puede ser hasta un máximo de 5000 ha.
[2] Según la Ley INRA del 1996 corresponde a una tenencia de la tierra de una empresa o individuo y cuya extensión del predio puede ser hasta un máximo de 2500 ha.
[3] Extraído de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/21204.pdf
