El pasado sábado 7 de marzo, el ministro de Planificación y Medio Ambiente, Fernando Romero Pinto, presentó en la Exposoya de Santa Cruz, y sin ofrecer mayores detalles, la autorización del evento transgénico (variedad de cultivo) de soya HB4.
Hay al menos dos dimensiones que conviene analizar para entender el alcance de esta decisión. Por un lado, sus implicaciones socio-ecológicas concretas, qué cambia realmente en los sistemas productivos y en los territorios donde se cultiva soya. Por otro, sus implicaciones socio-políticas, es decir, qué revela esta medida sobre la correlación de fuerzas entre el Estado y los intereses del agroextractivismo.
El mito de la modernización agrícola
En primer lugar, conviene revisar el argumento más repetido por el sector soyero para justificar la liberación de nuevos eventos transgénicos, que permitirían aumentar los rendimientos y cerrar la supuesta brecha tecnológica que separa a Bolivia de otros países productores. Según esta narrativa, se trataría de un paso casi inevitable en un proceso de “modernización” agrícola del que Bolivia estaría rezagada.
La paradoja es que este discurso proviene precisamente del sector que impulsa uno de los cultivos más directamente vinculados a la deforestación en el país. La soya contribuye a alrededor del 17% de la deforestación nacional, y su producción requiere proporcionalmente 7 veces más deforestación que en Brasil y 5 veces más que Paraguay. Datos que, por cierto, fueron presentados al Ministro Romero cuando ejercía la presidencia de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). Pese a ello, el sector ha negado sistemáticamente su responsabilidad y no ha adoptado medidas para reducirla, sosteniendo que la legalización de las variedades transgénicas, hoy ampliamente utilizadas, permitiría disminuir la presión sobre los bosques.
Conviene aclarar, además, algo que rara vez se menciona en este debate, la soya HB4 no es una novedad en Bolivia y tan solo está autorizada para su cultivo en 4 países. Esta semilla circula y se utiliza desde hace años en Bolivia de manera informal, o, dicho con mayor precisión, ilegal. Lo que acaba de ocurrir no es la introducción de una nueva tecnología, sino la legalización por resolución de una variedad que ya se usa. En esencia, se trata de la regularización de un mercado que hasta ahora operaba en la sombra.
Esta situación tampoco es excepcional dentro del agro boliviano. El caso del maíz amarillo es particularmente ilustrativo, pese a que no existe ningún evento transgénico autorizado para este cultivo, el propio Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz señalaba ya hace años su amplio uso y hoy están confirmadas por un reciente estudio de Fundación Tierra que indica que más del 80% de la producción del departamento utiliza variedades transgénicas, y eso sin que sus rendimientos mejoren. Algo muy similar ocurre con la soya, como señalado por una investigador de Fundación Tierra. En ambos casos su producción está estrechamente asociada a un paquete tecnológico basado en el uso intensivo de agrotóxicos. En ese contexto, quienes intentan producir sin estas semillas terminan convirtiéndose en refugio de plagas que migran desde los monocultivos vecinos, lo que refuerza aún más la dependencia tecnológica del sistema.
Legalizar lo ilegal difícilmente producirá un milagro agronómico. En un contexto marcado por la ausencia casi total de servicios de extensión agrícola desde los años noventa, el problema nunca ha sido el potencial genético de la semilla. Lo que falla es, más bien, el modelo productivo.
En realidad, la discusión sobre los transgénicos suele plantearse como si se tratara de una decisión puramente técnica. Pero no lo es. Lo que está en juego no es simplemente una semilla, sino la consolidación de un modelo agrícola basado en monocultivos extensivos, alta dependencia de insumos químicos y una creciente concentración económica en torno a un puñado de actores que controlan semillas, agroquímicos y exportaciones.
La soya HB4, de hecho, no fue desarrollada para aumentar los rendimientos. Su principal característica es la tolerancia a la sequía, que en condiciones de estrés hídrico puede mejorar el desempeño del cultivo entre un 10% y un 20% respecto a otras variedades. Dicho en otras palabras, reducir perdidas agrícolas, y no aumentar rendimientos. Pero el rasgo más relevante de esta semilla es otro, está diseñada para ser utilizada junto a un paquete específico de agroquímicos, particularmente el glufosinato de amonio, un herbicida autorizado en Bolivia pero prohibido en la Unión Europea debido a sus efectos tóxicos sobre la reproducción y el desarrollo humano.
Este detalle no es menor, la expansión del modelo soyero en Bolivia se sostiene sobre un cóctel creciente de plaguicidas, insecticidas y fungicidas cuya toxicidad está ampliamente documentada. El país permite actualmente el ingreso de más de 450 principios activos de agroquímicos, de los cuales al menos dos decenas están clasificados como probables o posibles cancerígenos por organismos internacionales y prohibidos en diversos países. Se trata de una importación en crecimiento que ronda por los USD 300 millones anuales, aproximadamente el doble en valor de las importaciones de medicamentos del país.
Entre los compuestos más utilizados se encuentran sustancias como el glifosato, el 2,4-D, el mancozeb o el clorotalonil, vinculadas a efectos que van desde disrupciones endocrinas y daños reproductivos hasta toxicidad aguda para organismos acuáticos y polinizadores. Aun así, lejos de existir un sistema robusto de evaluación y monitoreo, el propio Estado reconoce que carece de capacidades técnicas y laboratoriales suficientes para estudiar los efectos crónicos de estas sustancias. Y sin embargo, a pedido del sector agroindustrial, a lo largo de estos años, los autoriza uno a uno, sin anuncios o que la población se dé por enterada.
El resultado es, en la práctica, un experimento a gran escala, millones de litros de compuestos altamente peligrosos aplicados cada año sobre paisajes agrícolas y poblaciones rurales, con poco apego por reglas de bioseguridad, sin un escrutinio científico serio sobre sus impactos acumulativos. Es más, en Bolivia ya existen varios estudios que evidencian cómo ocurre aquello. En uno de ellos, realizado con productores de Santa Cruz, de los cuales algunos soyeros, el 100% de los 244 evaluados presentaba glifosato en el organismo y el 93% DDT. Ambos agrotóxicos parte de los paquetes productivos de semillas transgénicas. A nivel de productos alimentarios, otro estudio, esta vez en Cochabamba, evidencia que más del 40% de los alimentos analizados en supermercados y mercados contenían residuos de agrotóxicos potencialmente dañinos para la salud. Lo único que falta, y que el gobierno nunca ha querido realizar, es un estudio sistemático que analice la incidencia y la severidad de enfermedades asociadas a estas exposiciones.
En otras palabras, el modelo productivo que se presenta como motor del desarrollo agrícola traslada una parte significativa de sus costos a los ecosistemas y a la salud pública. Son costos invisibles en las estadísticas de exportación, pero muy reales en los territorios donde se producen. Desde luego de ninguna forma serán asumidos por el sector soyero que genera grandes ganancias o el gobierno que hoy está en manos del sector.
En resumen es poco probable que esta medida puntual cambie algo sustancial en términos de productividad agrícola. Los rendimientos de la soya boliviana seguirán dependiendo de factores mucho más estructurales: la escasa fertilización de los suelos, su degradación progresiva, la creciente variabilidad climática o la propia lógica extensiva del modelo productivo.
Lo que sí cambia es algo mucho más simple. Quienes hoy introducen estas semillas de contrabando podrán mañana venderlas abiertamente, publicitarlas sin restricciones y ofrecerlas junto a otros eventos transgénicos que ya circulan en el país de manera ilegal. En teoría, eso reducirá sus costos y ampliará su mercado.
Pero más allá de sus implicaciones agronómicas, esta decisión revela algo aún más significativo, la dirección política que está tomando la gestión del agroextractivismo en Bolivia.
La convergencia entre Estado y extractivismo
En segunda instancia, según declaró el Ministro Romero, se trata de “una demostración firme de los compromisos asumidos por este gobierno”. Y añadió, aunque de forma algo críptica, lo suficiente para que quede claro para quien entiende, pero dejando margen para matizar más adelante si fuera necesario, que esta decisión forma parte de un proceso de “liberación plena de todas las tecnologías”; en castellano, es decir, de los demás eventos transgénicos que esperan su aprobación. No se trata, por tanto, de un hecho aislado, sino del primero de muchas más autorizaciones por venir.
El anuncio, sin embargo, no tuvo lugar en su despacho ministerial ni en una conferencia de prensa abierta a preguntas y escrutinio público. Ocurrió en el marco de un evento organizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), organización que representa el sector soyero nacional, aunque en los hechos principalmente los intereses de las empresas soyeras. Desde la testera, frente a los representantes más “destacados” del sector, es decir, los grandes productores, las empresas transformadoras y exportadoras, y los proveedores de maquinaria e insumos, el ministro comunicó una decisión que beneficia directamente a ese mismo oligopolio económico.
La escena adquiere un matiz aún más problemático si se considera que Fernando Romero Pinto fue presidente de ANAPO durante dos gestiones consecutivas (2023–2024 y 2024–2025) antes de asumir su actual cargo como ministro de Planificación y, sobre todo, de Medio Ambiente. Aunque no se le conozcan méritos particularmente destacables en materia ambiental, más bien todo lo contrario, hoy es la Máxima Autoridad Ejecutiva del ministerio bajo cuya tutela se encuentra la Comisión de Bioseguridad, la instancia encargada de evaluar y aprobar los eventos transgénicos en el país.
Durante años, ANAPO, incluido el periodo del gobierno de Jeanine Áñez, cuando Branko Marinkovic ocupó en dos ocasiones cargos ministeriales, ha impulsado la aprobación de eventos transgénicos sin éxito alguno. Hoy, quien fuera presidente de esa organización es precisamente la autoridad llamada a velar por “minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientales negativos” que “la producción, utilización (…) comercialización, uso y liberación de organismos genéticamente modificados” podrían ocasionar “a la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica”, tal como establece el Decreto Supremo 24676 de 1997.
Sin embargo, a juzgar por los anuncios realizados, y ante la ausencia total de información que demuestre el cumplimiento de las medidas y procedimientos establecidos por dicho decreto, todo indica que su papel consiste más bien en poner las instancias ambientales del Estado al servicio de los intereses de su antiguo sector y, desde luego, de los demás pilares del agronegocio empresarial: la ganadería y la caña de azúcar.
Volviendo a Fernando Romero Pinto, conviene recordar que bajo su presidencia ANAPO defendía en eventos públicos una tesis tan grotesca como absurda, que la soya casi NO genera deforestación. Y que, en los raros casos en que esta ocurre, sería poco menos la culpa del ‘’gobierno central’’, por no crear las condiciones adecuadas para su expansión. Una pirueta argumental que hoy adquiere un matiz particularmente revelador, considerando que su principal defensor es ahora, nada menos, que el ministro encargado de velar por el medio ambiente del país.
No es casualidad, el agronegocio cruceño también tiene otro asiento directo en el gabinete. Los sectores soyero y ganadero están representados por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), cuyo expresidente, Óscar Mario Justiniano Pinto, ocupa hoy el cargo de ministro de Desarrollo Productivo, Economía Plural y Agua. Hace apenas unas semanas decidió liberalizar las exportaciones de soya mediante resoluciones ministeriales, reintroduciendo por la puerta trasera una medida que formaba parte del ya célebre Decreto Supremo 5503, abrogado apenas a mediados de enero.
Algo similar ocurre con la minería, incluida la aurífera, que hoy cuenta con dos de sus dirigentes al frente de viceministerios clave para el sector, el de Cooperativas Mineras y el de Minería y Metalurgia. A su vez, el nuevo presidente de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) anunció al asumir su cargo que avanzará en la “regularización”de cerca de 4.000 derechos mineros estancados desde hace 8 años. Para lograrlo, se prepara un decreto supremo que, en el caso de las cooperativas auríferas, ni siquiera exigiría licencia ambiental ni certificación de cumplimiento tributario.
Cuáles son exactamente los méritos técnicos o institucionales que justifican todos esos nombramientos queda, cuando menos, en duda. Lo que sí parece claro es que representan a sectores sociales cuyo respaldo el gobierno considera políticamente indispensable.
En otras palabras, lo que emerge es algo más que una simple coincidencia de nombramientos. Estamos frente a una creciente convergencia entre el aparato estatal y los principales sectores extractivos del país. Ya no se trata simplemente del tradicional laissez-faire regulatorio. Varios de estos sectores están consiguiendo hoy lo que durante décadas no lograron arrancar al Estado. En ese sentido, el actual gobierno se aproxima peligrosamente a convertirse en algo inédito en la historia reciente del país: el gobierno del agronegocio cruceño y de las cooperativas mineras, auríferas.
Todo esto nos obliga a mirar el avance del agroextractivismo de forma integral. No podemos seguir compartimentando las luchas ecológicas ni contentarnos con que, de forma casi milagrosa, se nombre a una persona comprometida en alguna institución ambiental, por ejemplo en el SERNAP, si al mismo tiempo se le niega el presupuesto necesario para operar o el peso político para contrarrestar lo que ocurre en otras carteras del Estado.
Estos procesos deben entenderse en su conjunto. De lo contrario, el avance del modelo agroextractivista se vuelve casi imperceptible: pequeñas resoluciones administrativas, decisiones tomadas sin mayor transparencia, ajustes regulatorios de rango aparentemente menor. Cada medida, por sí sola, parece insignificante. Pero todas juntas empujan en la misma dirección.
La situación recuerda inevitablemente a la vieja fábula de la rana en la olla. El agua se calienta lentamente, casi imperceptiblemente. Tan lentamente que la rana no percibe el peligro y nunca salta para escapar. Hasta que, cuando finalmente reacciona, ya es demasiado tarde.
Y cuando finalmente entendamos lo que se está cocinando, descubriremos que el agua ya está hirviendo… y que la rana somos nosotros.
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