En nombre del progreso y de la integración territorial, vuelve a tomar fuerza la posibilidad de construir una carretera que atraviese el corazón del Ñembi Guasu, el área de conservación creada por la Autonomía Indígena Charagua Iyambae y reconocida desde 2019 como la primera área protegida indígena de Bolivia. La obra partiría en dos uno de los últimos grandes bloques continuos de bosques secos tropicales del Chaco y la Chiquitanía, un territorio de enorme riqueza biológica, cultural y espiritual.
Sus promotores la presentan como una vía para impulsar el crecimiento económico y mejorar la conectividad. Sin embargo, cuando una carretera cruza un área protegida y territorios indígenas, la discusión deja de ser únicamente una cuestión de infraestructura. También pone sobre la mesa preguntas esenciales sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de los pueblos que habitan estos territorios y el tipo de desarrollo que el país está dispuesto a construir.
La posible apertura de una carretera que parta ecosistemas estratégicos y territorios ancestrales plantea interrogantes profundos: ¿quiénes se benefician realmente de estas obras?, ¿quiénes asumen los costos?, ¿qué se pierde cuando un bosque deja de ser bosque para convertirse en una ruta de paso?
Para muchas comunidades indígenas y campesinas, el bosque no es un obstáculo para el desarrollo. Es su hogar, su farmacia, su mercado, su escuela y su fuente de agua. Es, en palabras de muchos habitantes del territorio, un verdadero “menú de vida”.
Una herida irreversible para la biodiversidad
Los impactos ambientales de una carretera en áreas de alta biodiversidad no se limitan a la franja asfaltada. La apertura de caminos suele facilitar la expansión de asentamientos, la extracción ilegal de recursos, los incendios forestales, la cacería y la deforestación.
Cuando un ecosistema se fragmenta, numerosas especies pierden corredores biológicos fundamentales para alimentarse, reproducirse y migrar. Animales que durante siglos recorrieron libremente los territorios quedan aislados en pequeñas porciones de bosque, reduciendo sus posibilidades de supervivencia.
La pérdida de biodiversidad no solo afecta a la fauna y flora. También altera procesos ecológicos esenciales como la polinización, la regeneración natural del bosque y la regulación climática. Una vez destruidos estos sistemas, su recuperación puede tomar décadas o incluso resultar imposible.
El agua: la riqueza que podría desaparecer
Detrás de cada bosque existe una compleja red de servicios ecológicos que rara vez son visibles desde una perspectiva económica tradicional. Entre ellos, el más importante es el agua.
Los bosques regulan los ciclos hidrológicos, protegen nacientes, recargan acuíferos y reducen la erosión del suelo. Cuando la cobertura forestal desaparece, aumenta la sedimentación de ríos y quebradas, disminuye la infiltración del agua y se incrementa la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones.
En un contexto donde el país enfrenta cada vez mayores problemas relacionados con el acceso al agua y fenómenos climáticos extremos, destruir los ecosistemas que la producen parece una contradicción difícil de justificar.
Las comunidades locales lo expresan de manera simple: no tiene sentido destruir de donde bebemos. Tampoco destruir de donde nace el agua que abastece a poblaciones enteras.
La pérdida silenciosa de la memoria cultural
Los impactos de una carretera no son únicamente ambientales. También afectan de manera profunda el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos indígenas.
Los territorios indígenas son mucho más que una extensión de tierra. En ellos habitan historias, conocimientos ancestrales, sitios sagrados, prácticas tradicionales y formas de comprender el mundo construidas durante generaciones.
Cuando un territorio se fragmenta o se transforma aceleradamente, también se debilitan los vínculos culturales que sostienen la identidad colectiva. Los jóvenes encuentran más dificultades para aprender las prácticas tradicionales; los conocimientos sobre plantas medicinales, ciclos ecológicos y manejo sostenible del bosque comienzan a perderse.
Se trata de una erosión silenciosa. No destruye edificios ni monumentos visibles, pero afecta una herencia cultural invaluable que pertenece a toda la humanidad.
Un país donde muchas voces siguen sin ser escuchadas
La discusión sobre grandes proyectos de infraestructura también revela una problemática más amplia: la limitada participación de la ciudadanía en decisiones que afectan directamente su futuro.
Diversos sectores sociales expresan que las políticas públicas suelen privilegiar intereses económicos de gran escala por encima de las necesidades de las poblaciones locales. Esta percepción es aún más fuerte entre los pueblos indígenas, quienes históricamente han enfrentado dificultades para que sus opiniones sean tomadas en cuenta de manera efectiva.
Aunque los discursos oficiales hablan de consulta y participación, muchas comunidades consideran que sus preocupaciones aparecen cuando los proyectos ya han sido diseñados y las decisiones prácticamente tomadas.
La situación genera desconfianza y profundiza la sensación de exclusión. Para los habitantes de los territorios, el verdadero desarrollo debería construirse con las comunidades y no sobre las comunidades.
¿Quién gana y quién pierde?
Una de las principales críticas a este tipo de proyectos es que los beneficios suelen concentrarse en grupos económicos específicos, mientras que los impactos ambientales y sociales son asumidos por las poblaciones locales y hasta urbanas.
Las ganancias derivadas de nuevas actividades extractivas o de expansión económica pueden favorecer a sectores empresariales, mientras que las comunidades enfrentan la pérdida de bosques, fuentes de agua y medios de vida tradicionales.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿es justo sacrificar territorios que sostienen la vida de miles de personas para obtener beneficios económicos de corto plazo?
Alternativas para un desarrollo verdaderamente sostenible
Las comunidades y organizaciones ambientales proponen caminos distintos que permitan mejorar la conectividad y las oportunidades económicas sin destruir ecosistemas estratégicos.
Entre las principales alternativas se encuentran:
- Diseñar rutas que eviten atravesar áreas protegidas y territorios indígenas.
- Mejorar y optimizar caminos ya existentes en lugar de abrir nuevos corredores.
- Fortalecer economías basadas en el manejo sostenible de los recursos naturales.
- Impulsar el turismo comunitario y ecológico.
- Promover sistemas agroforestales compatibles con la conservación del bosque.
- Garantizar procesos de consulta efectiva y participación vinculante de las comunidades.
- Incorporar estudios independientes sobre impactos ambientales y culturales antes de aprobar cualquier obra.
Estas alternativas buscan compatibilizar las necesidades de transporte y desarrollo con la protección de la naturaleza y los derechos colectivos.
El bosque como menú de vida
Para quienes habitan los territorios, el bosque provee alimentos, medicinas, materiales de construcción, agua, sombra, conocimiento y equilibrio climático. Su valor no puede medirse únicamente en términos económicos.
Destruir un bosque es afectar una red compleja que sostiene la vida de comunidades enteras. Es comprometer el agua del presente y del futuro. Es poner en riesgo especies irreemplazables. Es también borrar parte de la memoria de pueblos que han convivido con estos ecosistemas durante siglos.
El desafío para el país no consiste en elegir entre desarrollo o conservación. El verdadero reto es construir un modelo de desarrollo que respete los derechos de la Madre Tierra, escuche a las comunidades y reconozca que no existe bienestar posible cuando se destruyen las bases que sostienen la vida.
Porque cuando desaparece el bosque, no solo se pierde vegetación. Se pierde agua, cultura, biodiversidad y futuro. Y esas son pérdidas que ninguna carretera puede devolver.
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