En un contexto de renovada tensión por el control político y territorial del Isiboro Sécure, la Subcentral Tipnis, la Subcentral Sécure y el Consejo Indígena del Sur (Conisur) han decidido cerrar filas. Mediante la Resolución de Directorio N° 001/2026, las organizaciones matrices declararon una alerta ante la aparición de un grupo de exautoridades que, según la denuncia, pretende usurpar la representación del territorio ante instancias estatales y la opinión pública.
La resolución, firmada por líderes como Esaud Molina Nogales (Subcentral Tipnis), Samuel Moye Roca (Subcentral Sécure) y José Víctor Moy Noza (Conisur), enfatiza que ninguna demanda, solicitud o declaración presentada por terceras personas tiene validez orgánica si no emana del mandato colectivo de las 74 comunidades que habitan el parque.
“Nuestras comunidades no han otorgado autorización ni mandato alguno para que terceras personas presenten demandas en nombre del Tipnis”, reza el documento, que también exige al Sernap, al Ministerio de Planificación y a otros entes públicos el respeto irrestricto a su estructura orgánica vigente.
El contexto: un territorio en disputa permanente
Para entender la relevancia de este pronunciamiento, es necesario recordar que el Tipnis es un área protegida de un millón de hectáreas y también un símbolo de la resistencia indígena en Bolivia. El territorio, que se encuentra en los departamentos de Cochabamba y Beni, ha enfrentado décadas de presión por la construcción de una carretera que atraviese su núcleo, así como por el avance de la frontera agrícola y los avasallamientos.
El Tipnis posee una doble condición jurídica. Es Parque Nacional (creado en 1965) y Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), habitado ancestralmente por los pueblos Yuracaré, T’simane y Mojeño-Trinitario. Esta dualidad ha provocado que la representación política sea un activo crítico; quien habla por el Tipnis tiene el poder de decidir sobre la gestión de recursos y la protección —o apertura— del territorio frente a megaproyectos estatales.
Blindaje institucional y legal
Lo más novedoso de esta reciente resolución es el despliegue de pruebas de legitimidad que las organizaciones han adjuntado para evitar cualquier ambigüedad legal. El documento menciona la posesión de personerías jurídicas actualizadas, actas de elección orgánica y certificados del INRA que acreditan el derecho propietario colectivo bajo el Título Ejecutorial No TCO-NAL-000229.
Con este movimiento, las subcentrales buscan neutralizar cualquier intento de interlocución paralela que pudiera ser utilizada para validar proyectos o normativas que afecten la integridad del territorio sin el consentimiento de las bases legítimamente constituidas.
Las organizaciones firmantes lamentar que instancias del Gobierno nacional hayan recibido y otorgado su apoyo a dicho grupo, advirtiendo que dichas personas carecen de mandato vigente y respaldo orgánico de las comunidades. Al respecto, la resolución enfatiza que cualquier apertura oficial hacia estos actores externos vulnera la estructura legítima de la Subcentral Tipnis, la Subcentral Sécure y el Conisur, quienes exigen a las autoridades estatales el respeto pleno a su representación legal y a sus procedimientos propios de decisión.
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