Una alianza de organizaciones indígenas, campesinas, centros de investigación social y periodística emitieron un pronunciamiento de emergencia tras la aprobación del Proyecto de Ley Nº 157 en la Cámara de Diputados. Denuncian que la norma representa una violación flagrante a la Constitución Política del Estado (CPE) y advierten sobre la ejecución de un plan estructural para fragmentar los territorios comunitarios y despojar a la pequeña propiedad de sus garantías legales.
El comunicado, firmado por la Fundación Solón, Cejis, Cipca, Fundación TIERRA, CENDA, Ipdrs, Bocinab, PBFCC, CNT Bolivia y Revista Nómadas, alerta que el proyecto vulnera el artículo 394 de la CPE, el cual protege a la pequeña propiedad agraria por su función social y su carácter de patrimonio familiar inembargable. Según las organizaciones, la inembargabilidad es la única garantía que impide que la tierra quede sometida a la usura, la especulación y al control de sectores con mayor poder económico.
El argumento central de la denuncia es que el Proyecto de Ley 157, originado en el Gobierno masista de de Luis Arce y reimpulsado políticamente por el senador Branko Marinkovic, se fabricó y aprobó sin el consenso de los sectores afectados. Las organizaciones de pequeños productores denuncian que nunca fueron consultadas durante el proceso legislativo, pese a que enviaron reiteradas cartas a la Presidencia de la Cámara de Diputados solicitando socialización de la norma.
Al ignorar estas solicitudes, el Legislativo avanzó con una ley sobre la pequeña propiedad que carece de respaldo social y participación plural. Los firmantes, entre ellos Fundación Solón, Cejis, Cipca y Fundación TIERRA, advierten que esta exclusión deliberada vulnera los derechos de las naciones indígena originario campesinas y pone en evidencia que el “paquetazo” agrario busca favorecer intereses ajenos a la seguridad alimentaria y el patrimonio familiar rural.
Si bien la CPE no impide que los pequeños productores reciban créditos, sí establece una protección para que no pierdan su tierra por falta de pago; eliminar esta salvaguarda derivaría en una reconcentración de la tierra y el surgimiento de nuevos latifundios, prohibidos por el artículo 398 constitucional.
La norma introduce mecanismos que debilitan la institucionalidad agraria y el rol fiscalizador del Estado:
- Conversión sin trámite: Se establece una vía rápida de máximo 10 días para que el INRA convierta la pequeña propiedad en mediana con solo una solicitud escrita y declaración jurada, reduciendo a la institución a un “mero tramitador”.
- Suspensión de la FES: El proyecto posterga por 10 años la verificación de la Función Económico Social (FES) para las medianas propiedades convertidas. Esto elimina el principal mecanismo de control estatal, ya que el incumplimiento de la FES es causal constitucional para la reversión de tierras.
- Ausencia de consenso: La norma fue aprobada sin debate público plural, sin estudios técnicos sobre el impacto en la tenencia de la tierra y sin consulta previa a las naciones indígena originarias campesinas.
Amenaza a la existencia de los pueblos indígenas
Los firmantes advierten que el Proyecto de Ley 157 es solo el “primer paso” de un paquete de leyes diseñadas para fragmentar tierras comunitarias. Alertan que esto sentencia a la destrucción sistemática de la cultura, identidad y modos de vida de los pueblos indígenas de Bolivia al afectar su base territorial.
Ante este escenario, las organizaciones anunciaron que, de consolidarse la aprobación de la ley, presentarán de forma inmediata un recurso de inconstitucionalidad por violar el espíritu del régimen de recursos naturales de la CPE. Finalmente, exigieron el rechazo total de la norma y la implementación de políticas que fortalezcan el desarrollo rural con equidad.
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