En agosto del año pasado, la Cumbre de Presidentes de la Amazonía aprobó una declaración de 113 puntos para relanzar a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) como instancia articuladora de acciones para hacer frente a la deforestación, la minería ilegal del oro y evitar el punto de no retorno de la Amazonía.
Sin embargo, en la actualidad la OTCA se encuentra descabezada, sin Secretaría General y sin acciones efectivas contra los flagelos de la Amazonía. A las puertas de iniciarse una nueva temporada de incendios, la OTCA está acéfala por el veto del gobierno dictatorial de Dina Boluarte que bloquea el consenso para la designación de la candidatura propuesta por Colombia; mientras que en su país fomenta leyes y proyectos de inversión que alientan la deforestación, el despojo de tierras, las economías ilegales y vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Estas mezquinas rencillas políticas se dan en medio del agravamiento de la crisis de la Amazonía que sufre la expansión de la minería ilegal del oro y los garimpeiros que promueven las plagas de contaminación de los pueblos indígenas y los sistemas acuáticos, el avasallamiento de las áreas protegidas, la ampliación del narcotráfico y la criminalidad, y la proliferación de la trata, las violencias patriarcales y coloniales que afectan el cuerpo y la vida de las mujeres y niñas, y del tráfico de personas.
A seis meses de la Cumbre de Presidentes de la Amazonía, salvo en Brasil y en Colombia, no se ven acciones efectivas de los gobiernos para prevenir los incendios y la deforestación. La mayoría de las medidas gubernamentales son reactivas frente a los incendios y permisivas con la ampliación asesina de la frontera agropecuaria. En el caso de Bolivia, se observa que el gobierno acaba de dar 10 concesiones a los empresarios privados del agro, la minería y las finanzas sin poner ninguna condición para que dejen de provocar incendios forestales ilegales en las propiedades empresariales y medianas que son responsables de un tercio de las cicatrices de quema en todo el país. Los combustibles subvencionados por todo el pueblo boliviano y los escasos dólares que tiene el país deben ir únicamente a las empresas que no contaminan los ríos ni deforestan la Amazonía. Alto a la subvención de la minería ilegal del oro. Toda empresa que destruye la Amazonía no debe ser sujeta de crédito y su propiedad debe ser revertida por incumplimiento de la Función Económica Social.
En el caso de Bolivia, se observa que el gobierno acaba de dar 10 concesiones a los empresarios privados del agro, la minería y las finanzas sin poner ninguna condición para que dejen de provocar incendios forestales ilegales…
El Comité Internacional del Foro Social Panamazónico (FOSPA) reunido en Santa Cruz, Bolivia, para la organización del XI Foro Social Panamazónico que se llevará a cabo del 12 al 15 de junio en las ciudades de San Buenaventura y Rurrenabaque, observa con preocupación la falta de avance en los mecanismos de participación social que se anunciaron en la Cumbre de Presidentes de la Amazonía, y reitera su propuesta de crear una OTCA Social para que las organizaciones indígenas, quilombolas, de mujeres y de la sociedad civil intervengan de manera decidida en esta organización amazónica.
Por último, el Comité Internacional del FOSPA acuerda gestionar reuniones con los gobiernos y embajadas en los distintos países amazónicos para expresar de manera directa estas preocupaciones y buscar que realmente se adopten acciones decisivas para salvar a la Amazonía. Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Nómadas.
