Fanny Ticona y su pequeña familia viven en pleno desierto. A su alrededor no hay prácticamente nada. Todo es tierra, pocas casas pequeñas y otras abandonadas. El viento levanta el polvo y se lo lleva lejos como la historia de Julaca, esta comunidad cercana al salar de Uyuni en Bolivia. Este pueblo fue el primero en exportar quinua boliviana a finales de los 80 desde el puerto chileno de Antofagasta. Julaca tenía el privilegio de tener un suelo húmedo por sus aguas subterráneas, pero eso se terminó. Hoy, la tierra es árida y el agua cada vez es más escasa en este lugar donde la ganadería camélida y la plantación de quinua son las principales actividades económicas.
Julaca parece un pueblo fantasma: no viven más de 20 familias. Los rieles del tren cubiertos de tierra muestran lo importante que antes era esta comunidad. Desde allí salían vagones llenos de quinua hacia Chile y, luego, el cereal andino terminaba en mesas de lujosos hoteles de Estados Unidos y Europa. La familia de Fanny producía quinua, pero a partir de los 90 del siglo pasado, ya dejaron de hacerlo por la falta de agua. Fanny ahora tiene su pequeño negocio que vende alimentos a los turistas que viajan al salar de Uyuni.
Fanny recuerda que una mañana de mayo de 2021 prendió la radio y escuchó que el proyecto del litio que impulsa el gobierno de Bolivia iba a necesitar agua de las comunidades del salar de Uyuni para despegar. Ese año empezó una gran preocupación no solo para ella, sino para todos los pueblos que están a las orillas del majestuoso espejo de sal: que empeore la escasez de agua.
La comunaria relata que el agua subterránea desapareció en 1994, pero desde ese momento llega desde el pueblo vecino de Calcha K, lo que generó no pocos conflictos. Calcha K les cobró por el uso de sus aguas y Julaca tuvo que hacer una conexión para evitar peleas. La industria del litio irrumpió en un tema que ya era delicado en la zona.
“Los de (la comunidad de) Llipi y los de YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) vinieron acá a decirnos que van a necesitar agua (para el litio). Han hecho perforación atrás del cerro, van a ser tres pozos nos dijeron, esos tres pozos que lo hagan hemos dicho, pero con la condición de ver el agua acá, ver si es consumible o es para regar, eso queríamos ver, no para que se lo lleven”, reclama Fanny.
Los vecinos del Salar de Uyuni no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos, que se extienden hasta el horizonte revelando la magnitud del imponente salar. Ellos lo único que saben es que si pierden el agua sus vidas se complican. Y temen que los proyectos de litio terminen con ella.
Debajo de sus salares, Bolivia esconde un tesoro: es el país con más recursos de litio del mundo. Evo Morales nacionalizó este mineral hace más de 15 años, pero recién en los últimos meses el gobierno de Luis Arce ha convocado a empresas extranjeras para comenzar con la explotación del litio bajo el paraguas estatal YLB.
Arce dio el primer paso cuando anunció un acuerdo con la empresa china CBC (CATL, Brunp y CMOC) para la construcción de dos plantas para la extracción directa de litio con una inversión aproximada de US$ 1400 millones. Le sumó, luego, la firma de un nuevo convenio con la empresa estatal rusa Uranium One para construir otra planta procesadora de litio en el salar de Uyuni, cuyo fue el primero en formalizarse, el pasado septiembre.
Es la primera inversión de una empresa extranjera para explotar este mineral a gran escala, aunque el contrato quedó sujeto a la aprobación del Congreso, que está atravesado por el conflicto interno entre el presidente boliviano y Evo Morales. Todavía le queda a Bolivia mucho camino por andar en esta materia: exportó 600 toneladas de litio en 2023 por US$ 52 millones, según datos de YLB. Una cantidad mínima comparada con la que produce su vecino Chile, que exportó ese mineral por un valor de US$ 7.700 millones.
Más allá de estos convenios, la empresa pública YLB avanza en paralelo con una licitación para la explotación de litio en siete salares y lagunas bolivianas. Además de Uyuni, estas empresas explorarían los recursos en Coipasa, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa. La única información que se conoce hasta el momento es que las compañías CBC (China), Protecno (Italia), Eramet (Francia) y Eau Lithium (Australia) fueron preseleccionadas para la siguiente fase del proceso.
Es un gran abanico de posibilidades, ya que Bolivia se calcula que tiene recursos por 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque.
Mientras espera que se concreten las inversiones privadas, YLB se puso manos a la obra: construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi cerca del salar de Uyuni y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial. La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia y, también, la que más conflictos está ocasionando.
Todos los movimientos de YLB están bajo la sombra de la más profunda opacidad. Una investigación de Revista Nómadas, junto con Red Ruido de Argentina, CIPER de Chile, Dialogue Earth y estudiantes de maestría de la Universidad de Columbia, en Nueva York, coordinada por el Centro Latinoamericano de investigación Periodística (CLIP), revela que el gobierno de Bolivia no publica la información sobre las reservas de aguas en la zona del salar de Uyuni, lo que impide conocer el impacto actual y a futuro de la minería de litio.
Las comunidades de esa zona consultadas durante esta investigación perciben que, a pesar de estar al 50% de su producción, las perforaciones realizadas por YLB cerca del salar de Uyuni ya registran incipientes consecuencias que afectan al ecosistema local, como el desplazamiento de vicuñas hacia otras regiones por la escasez de agua. Y aseguran que, cuando funcione en toda su capacidad, el impacto será mucho más grave.
Las autoridades, en cambio, afirman que las reservas de agua de la zona no se vieron afectadas por su actividad y que tampoco habrá consecuencias cuando la planta de Llipi funcione al máximo de su capacidad. Sin embargo, las comunidades reclaman sin éxito que la empresa estatal comparta los resultados de los estudios hidrológicos.
La falta de transparencia en los proyectos de litio ya motivó varios pedidos de información y de transparencia de organizaciones ambientales, entre ellas, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y la Fundación Solón. Revista Nómadas comprobó que no hay información pública sobre los proyectos, no hay socialización ni hay confirmación de que se hayan realizado los estudios de agua necesarios. Tampoco se han realizado consultas previas en al menos seis comunidades que habitan alrededor de los salares.
La normativa boliviana prevé un proceso de extracción sostenible y justa de cualquier recurso natural, pero sobre todo tiene normas que exigen un proceso de consulta a comunidades indígenas para saber si están de acuerdo en explotar los recursos en sus territorios.
Es verdad que, cuando realizó los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, YLB hizo dos consultas públicas con el objetivo de obtener las licencias ambientales para las plantas industriales de cloruro de potasio y de carbonato de litio. La primera fue en 2012 pero, en los hechos, fue un simple evento informativo donde las organizaciones de la región expresaron algunas preocupaciones, según el investigador y sociólogo José Carlos Solón, que estuvo allí. El acta consta de apenas tres páginas y no explica el impacto de las piscinas industriales de evaporación, aseguró el experto. La empresa estatal informó que requerirá 20 metros cúbicos de agua por cada 100 toneladas de cloruro de potasio producido y que las fuentes de agua serán en San Jerónimo (agua dulce) y en Río Grande (agua salobre).
El segundo proceso de consulta pública —agregó Solón— se llevó a cabo en 2018, en vista de la construcción de la planta industrial de carbonato de litio en Llipi, cerca del salar de Uyuni. En el evento participaron 152 personas y el acta es aún más escueta que la anterior: tiene solo dos páginas. Entre los asistentes se contó con la presencia de diputados nacionales, alcaldes, corregidores y miembros de las comunidades afectadas: Río Grande, Llica, Colchani, Pampa Grande, Colcha K, San Pedro de Quemes, Villa Mar, Zoniquera, Julaca, Pozo Cavado y Culpina K.
Guillermo Villalobos es politólogo con una maestría en Ciencias Ambientales y es parte de la Fundación Solón. Lo primero que responde el experto cuando se le consulta sobre los impactos ambientales que conlleva el proyecto del litio es que el Gobierno debe hacer públicos los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de la extracción de salmueras, las piscinas de evaporación y las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio.
“No es posible equiparar automáticamente los impactos ambientales del salar de Atacama u otro lago de sal, al salar de Uyuni. Cada uno de estos salares es un ecosistema singular, con características singulares como niveles de precipitación fluvial, relación magnesio/litio, tasa de evaporación de la salmuera y otros. No podemos afirmar que las problemáticas ambientales y sociales en los salares chilenos y argentinos se reproducirán de manera automática en el salar de Uyuni; sin embargo, son un punto de referencia muy importante a tomar en cuenta”, destaca Villalobos.
La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente tiene un impacto socio-ambiental. “Es importante resaltar que toda actividad minera de litio sobre los salares bolivianos, indiferentemente de que sea un proyecto estatal o del sector privado, posee un impacto socio-ambiental importante”, insiste Villalobos.
La planta de YLB en Llipi trabaja con el método más tradicional, que es la extracción por evaporación en piscinas de salmuera. Según informó el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, cuando opere al máximo de su capacidad será una de las más grandes de Latinoamérica, tendrá más de 35 kilómetros de acueductos, ocho pozos y una capacidad de tratamiento de alrededor de 350 metros cúbicos. Su construcción demandó US$ 110 millones y en su inauguración, en diciembre de 2023, se dijo que tenía una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales. El financiamiento de esta obra corrió por cuenta exclusiva del Banco Central de Bolivia (BCB), según esta fuente oficial.
YLB indicó en un comunicado enviado a esta alianza periodística que “cumple con el monitoreo mensual de los pozos de producción de los tres salares del país, en los que actualmente se desarrollan trabajos de recuperación, producción e industrialización de litio”. El trabajo de supervisión -indican los funcionarios- busca determinar la variabilidad de concentración y niveles de los acuíferos.
Pero la perforación de estos pozos ya empieza a entregar indicios de afectación sobre el ecosistema local. No hay datos oficiales, pero los comuneros dicen que con el tiempo el problema se podría agravar si la planta de Llipi funcionara al cien por ciento. En Argentina, en la región norteña de Catamarca, la Justicia ordenó frenar la extracción de litio tras una serie de demandas de los comuneros luego de verse afectados porque se secó un río.
Este medio solicitó información a YLB sobre el impacto que su proyecto de producción de litios podría tener en el agua y en el medio ambiente y no hubo respuesta. Sin embargo, en un comunicado publicado en abril de este año esta entidad aseguró que la extracción de litio no requerirá ni el 50% del agua disponible cuando las plantas alcancen su máxima capacidad. La entidad estatal agregó que este cálculo está respaldado por los estudios hidrogeológicos, pero no se conocen.
“Los resultados de los estudios fueron socializados con las comunidades aledañas. Estamos trabajando de manera responsable, lo que no se quiere es causar un impacto ambiental grande, ni afectar a las comunidades, fauna o flora de la zona”, expresó YLB en su comunicado. Sin embargo, los dirigentes de las comunidades aseguran no haber tenido acceso a esos estudios.
El tema le despierta a Pablo Solón, director de la Fundación Solón, muchos interrogantes que aún no han sido esclarecidos: “¿Cuál será el grado de contaminación de los residuos mineros derivado de las piscinas de evaporación por medio de la línea de los sulfatos? ¿Cómo será afectada la cuenca del Río Grande, el único afluente del salar, y las aguas subterráneas? ¿Cuál será la proporción de aguas fósiles que se usará para todo el proyecto? y ¿Cuál será el impacto de la reducción de la capa freática y el acceso al agua en los manantiales y bofedales sobre la fauna y flora especifica que habita alrededor del salar de Uyuni?”, cuestiona.
Luego, el investigador se pregunta cuál será el impacto en la actividad económica local de estas comunidades, por ejemplo, en la producción de quinua, en la ganadería y el turismo, una vez que se comience a bombear en grandes cantidades la salmuera y afectar la capa freática y el suministro de agua. Esas incógnitas son las mismas que preocupan a las comunidades que viven alrededor del salar de Uyuni. Aparte de Julaca hay otros poblados que están en alerta por el uso de sus aguas para el proyecto del litio, como Río Grande, Calcha K, Colcha K y San Juan.
Donny Alí es el presidente del Comité de Movilización de la comunidad de Río Grande. El dirigente está molesto porque en su pueblo YLB no coordinó con ellos la perforación de 16 pozos de agua. Alí dice que los diez primeros pozos se autorizaron en 2021 para los estudios iniciales de litio a cambio de recibir información del estudio hidrológico para saber cuánta agua tienen. Hasta ahora no recibieron esa información.
“Nosotros estimamos que no está funcionando al cien por ciento la planta (de Llipi). Hemos hecho monitoreo y no hemos permitido más perforaciones en el lugar. Simplemente los pozos que se han hecho para alimentar la planta de industrialización de carbonato de litio, pero los mismos trabajadores nos dicen que no está funcionando al cien por cien esa planta. Por el momento estamos tranquilos, porque no vemos afectaciones a nuestro consumo de agua”, relata Alí.
La comunidad más afectada
El dirigente camina en medio de las calles angostas de Río Grande. No agarra ningún papel, todo lo tiene en la memoria. Alí dice que si la planta de YLB funcionara en su plenitud los resultados para Río Grande serían catastróficos. “Una sobreexplotación nos dejaría prácticamente sin agua. Los pozos subterráneos que se explotan para el consumo humano de Río Grande son los mismos que se llevan para la planta de litio; entonces, una sobreexplotación pondría en riesgo el consumo humano de agua y, obviamente, el terreno sería más árido y no nos permitiría sembrar quinua y las llamas y vicuñas no tendrían qué comer y tomar”, anuncia Alí.
Revista Nómadas hizo un recorrido por las comunidades que están a las orillas del salar de Uyuni. Este medio de comunicación comprobó que las vicuñas ahora están realizando una migración hacia la frontera con Chile debido a que los suelos están más áridos y no hay vegetación típica para su alimentación. “Esto se debe a que las aguas subterráneas se están debilitando”, afirma Alí. “Las vicuñas están migrando, eso lo comprobamos ahora porque es época de esquila de estos animales y eso es un ingreso más para nosotros. No hay muchas vicuñas”, se lamenta el dirigente.
Alí dice que YLB les comunicó que tienen estudios hidrológicos y que a la fecha solo consumen el 50% de la cantidad explotable. La cuenca de San Gerónimo, donde está Río Grande, tiene la capacidad de 200 litros por segundo para explotar racionalmente, según datos oficiales. Según el dirigente, YLB estaría usando solo 100 litros de agua por segundo. “Eso es a la fecha, pero cuando lleguen a explotar a su máxima capacidad, realmente nosotros no sabemos qué va a pasar, ni ellos saben. Todo es en base a estimaciones”, dijo Alí.
Río Grande es un pequeño pueblo lleno de camiones. Cada familia tiene su propio camión, y es que en esta comunidad se recolecta boro y se lo procesa para llevarlo a los puertos de Chile. El edificio más nuevo y grande pertenece a una de las cooperativas locales dedicadas al boro. En medio de la población está el hostal Lithium, lo que muestra ese fanatismo por el litio y el turismo. Por su cercanía, Río Grande podría ser la población más afectada por el proyecto del litio.
Sara Mamani tiene su negocio de comida. No sabe qué está pasando con el proceso de industrialización del litio. Sara está muy cerca del ambicioso proyecto estatal, pero para ella no hay beneficios. Dice que los comunarios de Río Grande no trabajan en la planta de litio “ni de barrenderos”. “Lo único que nos hacen es daño. Nos están quitando nuestra agua, no vemos afectación ahora, pero luego qué pasará cuando esa planta (de Llipi) empiece a funcionar bien. ¿Ellos nos darán agua?”, cuestiona Mamani.
Los especialistas que han seguido de cerca el plan para la extracción de litio en Bolivia también tienen muchas dudas. Uno de ellos es Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), quien asegura que no es posible tener acceso a información pública sobre la estrategia del litio y sus consecuencias ambientales.
“El problema es que no hay información. La política del Estado es mantener en total oscuridad esos aspectos, entonces no hay información sobre prácticamente ningún convenio”, dice Campanini, quien añade que no hay claridad sobre el detalle de los acuerdos, si estos solo están considerando la construcción de plantas de procesamiento o si las empresas elegidas tendrán otros roles. “Un tema tan básico como el presupuesto que se está manejando, tampoco es de dominio público”, lamenta.
El pasado 4 de abril se originó el último de muchos conflictos por el tema del litio. Río Grande dispuso la toma de pozos de agua que abastecen al Complejo Industrial de YLB. Los comunarios argumentaron la afectación a los acuíferos. Además, presentaron un pliego petitorio que, entre otros puntos, exige el acceso al cerro Llipi para actos rituales, el alquiler de sus volquetas para el transporte del litio y construcción de terraplenes para futuros caminos en la zona.
Llegaron a un acuerdo, asegura Alí a este medio, pero Río Grande todavía está en estado de emergencia y esperan que YLB entregue los estudios hidrológicos para saber cuáles son las reservas de agua y cuánto utilizarán para la explotación del litio.
Por un momento, el paisaje del salar de Uyuni hace olvidar los problemas: es una inmensidad infinita hasta donde alcanza la vista. Ese suelo blanco y cristalino está cubierto por una capa baja de agua, lo suficiente para difuminar la línea del horizonte. Es el desierto salado más grande del mundo. Llegar allí es una travesía, pero la recompensa es incomparable: el cielo infinito reflejado en un manto cristalino. Los especialistas advierten que ese espacio surrealista podría sufrir daños severos sin los controles adecuados para la explotación del litio.
La preocupación por el agua es un común denominador entre todos. Ya con la crisis climática la situación es desesperante. Mientras tanto, el sol continúa reverberando contra la blancura del salar de Uyuni y reflejándose sobre como un gran espejo de agua. Nadie puede asegurar si este maravilloso espectáculo será el mismo dentro de algunos años.
Las Grietas del Litio es una investigación de Red Ruido (Argentina), Revista Nómadas (Bolivia), CIPER (Chile), Dialogue Earth y estudiantes de la clase “Usando datos para investigaciones transfronterizas” de la Universidad de Columbia, coordinada por el el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
