Revista Nómadas, junto a nueve medios de comunicación digitales independientes de Bolivia, decidimos unir fuerzas para denunciar una práctica que amenaza la sostenibilidad del periodismo, la apropiación sistemática de investigaciones, reportajes, fotografías y producciones audiovisuales que otros equipos realizan con sus propios recursos, tiempo y trabajo. La denuncia apunta a medios generalistas y páginas agregadoras que reproducen contenidos ajenos sin reconocer a sus autores ni enlazar las publicaciones originales, convirtiendo el esfuerzo periodístico de terceros en tráfico y posibles ingresos propios.
Nómadas, La Región, Verdad con Tinta, Agencia Marka Registrada, Cultura Chiquitos Viva, Andrés Unter, La Portada, Agencia de Noticias Ambientales (ANA), Red Ambiental de Información y Economy, suscribieron un pronunciamiento público, en el que exigen el cese inmediato de estas prácticas y anuncian que documentarán cada vulneración para activar, si corresponde, acciones administrativas, civiles y penales.
El problema, advierten, va mucho más allá de compartir una noticia o citar una fuente. Según el pronunciamiento, existe un patrón de reproducción íntegra o sustancial de investigaciones y materiales periodísticos, en ocasiones sin mencionar siquiera el medio que produjo la información ni al periodista que la trabajó. También denuncian la reescritura de contenidos originales para publicar versiones que conservan los datos y hallazgos de las investigaciones, pero eliminan cualquier referencia a sus verdaderos autores.
La operación tiene una lógica económica, mientras unos medios destinan recursos a investigar —como es el caso de Revista Nómadas y todos los medios que suscribieron el comunicado público—, además de verificar información, desplazarse a los territorios, producir fotografías y desarrollar piezas audiovisuales, otros, aprovechan ese trabajo para alimentar sus plataformas y atraer audiencias sin asumir los costos de producir periodismo original.
«No se trata de omisiones aisladas ni de descuidos: es un expolio informativo que convierte el trabajo ajeno en tráfico y en ingresos propios», señala el documento firmado por los siete medios periodísticos.
Los firmantes remarcan que todos son medios digitales independientes y autosostenibles, cuya producción periodística se sostiene con recursos propios. En el caso de las investigaciones ambientales, ese trabajo puede implicar meses de reportería, desplazamientos a zonas remotas, verificación documental, testimonios y, en determinadas circunstancias, riesgos para la integridad de los equipos.
La denuncia también pone en evidencia una contradicción dentro del ecosistema digital. Quienes invierten en producir información original terminan financiando indirectamente a plataformas y páginas que la utilizan sin asumir los costos ni las responsabilidades de hacer periodismo.
Un caso reciente que ilustra la gravedad de esta práctica es el de Go Comunicaciones Bo, que se apropió de manera descarada del reportaje de investigación de Revista Nómadas titulado «Los menonitas que llevaron la deforestación a Surinam regresan expulsados a Bolivia». La publicación utilizó recursos textuales e imágenes de nuestro trabajo sin reconocer la autoría de Nómadas ni enlazar la investigación original, presentando como propio un contenido que requirió reportería, investigación y producción periodística. Es precisamente este tipo de prácticas las que los medios firmantes decidimos denunciar públicamente.
El derecho a compartir no es el derecho a apropiarse
Los firmantes recuerdan que la republicación de contenidos tiene reglas y que cada uno de sus medios dispone de políticas públicas para orientar a quienes desean compartir o reproducir sus materiales. Estas establecen condiciones que deben respetarse: atribución visible del medio y del autor, enlace directo a la publicación original, reproducción sin alteraciones que desnaturalicen el contenido y respeto a las restricciones sobre fotografías y materiales audiovisuales. Cuando las políticas lo establecen, se requiere autorización previa y expresa.
El pronunciamiento también recuerda que el derecho de cita contemplado en la normativa boliviana no habilita la apropiación indiscriminada de contenidos. Exige identificar la fuente y al autor, respetando los usos honrados y la extensión justificada por la finalidad de la cita.
La advertencia tiene respaldo en el artículo 102 de la Constitución Política del Estado, la Ley 1322 de Derecho de Autor, su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 23907 y la Decisión 351 de la Comunidad Andina, además de las disposiciones que correspondan de la Ley de Imprenta.
A partir de la publicación del pronunciamiento, los medios afectados anuncian que se reservan el derecho de impulsar acciones conjuntas o individuales ante las instancias competentes.
Los firmantes convocan también a las asociaciones de periodistas, agencias de noticias y plataformas digitales a asumir una posición frente a estas prácticas y evitar que contenidos obtenidos mediante la apropiación indebida sean amplificados o legitimados.
La denuncia colectiva plantea una discusión que atraviesa a todo el periodismo boliviano. ¿Quién sostiene el costo de producir información cuando otros pueden apropiarse de ella y convertirla en un negocio?
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