– ¿Este 2024, cómo evalúa la problemática ambiental en el país, sobre todo para los bosques y todo lo que vive en ellos?
– Me temo que no hemos visto tan buenas noticias. Han aumentado los casos de persecución a los defensores de las áreas protegidas y crecen las amenazas al interior de las áreas protegidas y reservas forestales, como avasallamientos, cacería ilegal, tráfico de madera, narcotráfico, incendios provocados y minería ilegal incontrolable que continúa envenenando a pueblos indígenas, ante una mirada indolente e inútil del Gobierno.
En consecuencia, la pérdida de bosque primario ha seguido su incremento alarmantemente estos últimos años e incluso, de acuerdo con el reporte de Global Forest Watch, Bolivia ocupa el tercer lugar en el mundo con mayor pérdida arbórea primaria. Además, existe una amenaza latente para las 11 áreas protegidas del Departamento de Santa Cruz, por el recurso interpuesto por David Choquehuanca sobre conflictos de competencia. Es contradictorio porque internacionalmente, donde él va, lleva un discurso proteccionista, cuando las estadísticas son totalmente contradictorias y la realidad es cruel.
La zona del Chaco está siendo asediada por los ávidos de tierras y depredadores de bosques
María José Salazar en el “puente clandestino”, luchando por la preservación de nuestros ecosistemas y la protección de la biodiversidad.
– Un tema que usted ha fiscalizado de cerca, desde ya hace unos buenos años, es el de los guardaparques en Áreas Protegidas nacionales. ¿Cómo resumiría lo que ha estado pasando y qué perspectivas ve para mejorar sus condiciones y trabajo?
– Se han violado sus derechos humanos y laborales, en muchísimos casos deben trabajar con sus propios recursos. Patrullan grandes extensiones sorteando amenazas naturales y crimen organizado, en promedio cada guardaparque atiende 619 KM2 (¡cada uno!), el tamaño de una ciudad, en gran parte desprovistos de vehículos, combustible, elementos de supervivencia y defensa personal, lo cual debería proporcionarles el Estado, además de pagarles puntualmente los sueldos, bonos y subsidios. No es suficiente. Es una situación injusta hacia ellos como también para nuestro patrimonio natural, que se compone, entre otros, en 22 áreas protegidas nacionales.
Desde nuestra labor, hemos tratado de hacer eco de sus demandas, enviar notas, realizar peticiones de informe, como también sé que desde la sociedad civil organizada les han apoyado amplificando las denuncias y en sus demandas legales. Lamentablemente temas como éste no son de interés para algunas autoridades, para muchos periodistas o medios de comunicación, excepto cuando se vuelve mediático, coyuntural o puede capitalizarse de alguna manera. Una sociedad desinformada es caldo de cultivo para las injusticias.
– Respecto a la expansión de la deforestación, en zonas del Chaco, como en los Bañados del Isoso, ¿qué perspectivas ve para revertir esa situación, en particular, dado las atribuciones respectivas que tienen la gobernación y el gobierno nacional??
– La zona del Chaco está siendo asediada por los ávidos de tierras, depredadores de bosques y la ruta del narcotráfico.
Tomamos conocimiento del caso del puente clandestino sobre el río Parapeti, construido por un grupo de menonitas para acceder al predio Cuarindena. Iniciamos una solicitud de medidas cautelares. En abril 2022, el Juzgado Agroambiental prohibió desmontar, chaquear o realizar otros trabajos agrícolas en la propiedad Cuarirenda, sobrepuesta al sitio RAMSAR Bañados de Isoso y Río Parapetí. La ABT dispuso medida precautoria de paralización de 33 autorizaciones de desmonte, pero se continuó chaqueando y desmontando. No se remitió al ministerio público ningún actuado pese a la evidencia enviada al Juzgado Agroambiental.
El Gobierno Indígena de Charagua, la Gobernación, ABT y SERNAP fueron notificados. El Gobierno Autónomo Indígena de Charagua debía controlar la entrada de maquinaria pesada por el puente clandestino. Solicitamos una Pausa administrativa ambiental a la Gobernación respecto al puente, sin respuesta hasta la fecha.
Lo alarmante es que las medidas cautelares fueron levantadas recientemente. La juez ha instruido que las nuevas solicitudes de desmonte se realicen de acuerdo con la ley y el manual de elaboración del POP, bajo sistema agrosilvopastoril dejando bosques de protección. Sin embargo vamos a insistir con el puente clandestino y la protección del sitio RAMSAR.
Procederemos con peticiones de informe y otros oficios a las autoridades competentes para que se inicien procesos por delitos ambientales. Se debe volver a empezar con la fiscalización del caso ante la falta de acciones de autoridades competentes.
Una sociedad desinformada es caldo de cultivo para las injusticias
– ¿Conocemos su compromiso medioambiental y con las poblaciones de los territorios afectados por extractivismo, ¿cómo usted define su año 2023 y cuáles son para este 2024 los mayores retos que tiene desde su rol como diputada suplente?
– El 2023 un año que quedó corto y se vio opacado por coyunturas políticas. Un año donde se repitieron los nefastos incendios que buscan ampliar ilegalmente la frontera agrícola y la explotación de recursos de manera clandestina, pero también un año donde destaco y agradezco la participación ciudadana en la defensa de los acuíferos y la consecuente toma de conciencia en la defensa de los recursos naturales. Claramente existe una intención del gobierno central de cooptar la agenda política y mediática, para tapar los escandalosos hechos de corrupción, entre ellos los que se ciernen en el Ministerio de Minería, Ministerio de medio Ambiente y Agua, entre algunas direcciones, el SERNAP, AJAM y ABT. Fue un año donde, por desgracia, destacan vulneraciones a derechos en relación con la defensa del medioambiente, los pueblos indígenas y derechos humanos, de acuerdo con informes que leí del CEDIB, calculo un promedio de 25 hechos de vulneraciones de derechos humanos por trimestre.
Las contradicciones del Gobierno en la COP28, liderada por David Choquehuanca, y otros eventos de temática medioambiental en las que participaron, tampoco se hicieron extrañar. A pesar de que somos signatarios del acuerdo de Escazú, ninguno de los principios del acuerdo se respeta en nuestro país, no existen garantías para los defensores del medio ambiente, no existe acceso a la información ni existe participación pública real. Por último, el acceso a la justicia ambiental se queda en papeles, y un claro ejemplo de esto último es que no se desalojó a mineros clandestinos de Madidi donde hubo un despliegue militar ineficaz, a pesar de haber una orden judicial.
El 2023 también asumí la 2da. Secretaría de la Brigada Parlamentaria, es una etapa que acaba de concluir, y contrario a lo que hubiera deseado, no hubo coordinación de la Directiva, no se contrató abogados ni especialistas en medio ambiente o derecho agrario, siendo que en nuestro Departamento hay permanentes avasallamientos a TCO’s, reservas forestales, áreas protegidas y también a predios privados, con fines de apropiación o explotación ilegal.
La diputada Salazar inspira con su compromiso con el medio ambiente y su defensa de la flora y fauna de nuestra región. Foto: Clovis de la Jaille.
– A lo largo de estos años, nos consta que usted, solita, sin cámaras, ni apoyo externo o de su partido, le ha hecho frente al avance de la deforestación en algunos de los rincones e instancias menos concurridas del país. ¿De dónde viene ese compromiso ambiental y la fuerza para asumir las atribuciones pese a las limitaciones con las que se enfrenta?
– Es una tarea titánica, no lo digo por mí, sino por todos los que estamos en la misma causa, ciudadanos activistas, periodistas, funcionarios, fundaciones, colegiados y autoridades electas. Las cosas se facilitan cuando existe cooperación interinstitucional y, para que eso exista, se necesita voluntad política y fluidez en la coordinación, sin eso, y con el agravante de las divisiones al interior de la oposición, la tarea se dificulta mucho más.
Los suplentes no podemos presidir Comisiones en La Paz, vamos a la comisión donde está nuestro Titular y luego nos adscribimos a la Comisión que nos interesa, donde tenemos voz, pero no voto. Sólo estamos una semana en La Paz, nos pagan por esa semana habilitada, el resto del tiempo estamos en nuestra región, pero no se deja de trabajar. En contraparte, los Titulares deben estar tres semanas en La Paz y una en su región. En la Cámara de Diputados, no disponemos personal cualificado como abogados o técnicos especialistas en diferentes materias, lo cual facilitaría mucho nuestra labor de fiscalización, tenemos que apegarnos a algún colega que tenga.
Existe un grupo de apoyo dentro de la Alianza CC, donde coordinamos algunas acciones, es un grupo que denominamos Bancada Ecológica, lo integran la senadora Cecilia Requena con su equipo, la diputada Toribia Lero, el senador Fernando Vaca, la senadora Nelly Gallo, entre otros colegas parlamentarios. Los temas son muchos, mientras más grande es el aparato estatal mayor es la corrupción, se requieren más recursos humanos para poder apagar los incendios.
El tema mediático es crucial para socializar nuestras acciones y crear conciencia ambiental. La comunicación es fundamental hoy en día. A veces, debemos encargarnos nosotros mismos de ello, aunque es complicado ser delantero, mediocampista y arquero al mismo tiempo. En el camino, encontramos activistas, periodistas comprometidos, abogados y profesionales que nos apoyan en nuestras causas. Sin embargo, esta colaboración no es sostenible a largo plazo y puede alargar los tiempos.
El compromiso y la conciencia ambiental viene de familia, mis padres fueron férreos defensores de los derechos y amantes de la naturaleza, pero además siempre honraron sus obligaciones y atribuciones, no podría hacer yo menos. Me transmitieron esos valores. Tomar conciencia de que la naturaleza es hogar, alimento y fuente de vida, para la fauna, flora y el ser humano, es una vacuna contra la indolencia.
Existe una amenaza latente para las 11 áreas protegidas del Departamento de Santa Cruz
– En estos últimos años, el gobierno en alianza con la agroindustria, está avanzando en el desarrollo de un programa de biodiesel ambicioso, costoso y con un potencial de deforestación enorme. Si bien antes la deforestación se justificaba como una necesidad alimentaria, ahora se la plantea como una necesidad frente la alta factura de los subsidios de la gasolina y diésel. ¿Hasta cuándo se podrá seguir justificando la deforestación como una necesidad o no tenemos más alternativas?
– Primero, es alarmante que no se haya realizado la consulta previa y, por ejemplo, indígenas Tacanas rechazan que se siembre en su territorio, pero aun así el gobierno continúa su plan. De acuerdo al estudio realizado por Daniel Robison, e información del reportaje de La Brava y Mongabay Latam, la palmera crece en bosques tropicales ecuatoriales y en condiciones da frutos en 5 años. Es decir, es mentira que como el gobierno indica habrá una producción en 2026. La viabilidad económica de este proyecto ha sido cuestionada por los expertos y han advertido de una potencial deforestación, pero además tanto expertos como comunarios que conocen su territorio coinciden en que no hay condiciones óptimas para este cultivo. No se han visto estudios serios del INIAF, a pesar de que también mencionan la especie jatropha y el macororó, sólo una fijación por la palma aceitera. Segundo por supuesto que hay alternativas, podrían fomentar la industrialización de especies nativas que beneficiará a más comunidades. El Senador Fernando Vaca ha mencionado el potencial que tienen el cusi, el motacú y el totaí. Piensan cultivar Palma Aceitera en 28 municipios de 5 departamentos, considero que todo lo que hace el gobierno tiene un fin geopolítico detrás, y es un pretexto para ampliar solapadamente la frontera agrícola para otros cultivos, y cambiar el uso de suelo con fines inmobiliarios al igual que los incendios provocados, pero además un pretexto de financiamiento que caerá en saco roto.
Hasta cuándo justificarán la deforestación, no lo sabemos, debe haber un cambio gubernamental, aunque sea transitorio, pero donde haya democracia verdadera. Es alarmante como desde hace muchos años nos gobiernan a punta de Resoluciones Administrativas, Decretos Supremos y Leyes cocinadas por los mismos Ministerios, con casi nula socialización, quitando atribuciones a la Asamblea Legislativa en temas tan importantes que deben ser ampliamente debatidos, pero además ser aprobados mediante Ley. Los Proyectos de Ley presentados por la oposición muy rara vez son tratados en el pleno, y no se responden como deben nuestras peticiones de informe.
No existen garantías para los defensores del medio ambiente, no existe acceso a la información ni existe participación pública real
– ¿Cómo sus convicciones de lucha por el medio ambiente han influido en las decisiones que toma en su vida diaria, y qué es lo que motiva a nivel personal a seguir adelante con su compromiso con el medio ambiente?
– Me motiva la conservación del hogar y de la vida de especies animales, vegetales y pueblos que conviven ancestralmente con la naturaleza, me motiva también la conservación del suelo, de estos pilares depende la seguridad hídrica y alimentaria, es decir, nuestro futuro y el de las próximas generaciones. El involucramiento me ha permitido tomar decisiones más informadas y reflexionadas tanto a nivel político como personal. Confieso que no estoy precisamente obsesionada con el reciclaje, energías alternativas o ahorro de algunos insumos, sin embargo, evito hacer consumo indiscriminado. Como tampoco soy vegana o vegetariana, pero creo en la alimentación consciente y en la innovación.
Es inevitable sentir angustia cuando uno ve pasar camiones cargados de madera, peor sabiendo que muchos de ellos tienen autorizaciones falsificadas. Estos años las estadísticas de deforestación coinciden con el boom del negocio de la mueblería, leña y carbón, entonces al informarse mejor uno ya sabe que es altamente probable que gran parte provenga de explotación ilegal, evita su consumo y busca alternativas. No estoy en contra del emprendimiento, la iniciativa privada ni la producción consciente, considero que la libertad económica sí es compatible con el desarrollo sostenible y el respeto a la naturaleza. La corrupción es el origen de los males, sin ese factor lo demás puede ser manejable.
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