El 13 de mayo de 2026, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1731, que abroga la Ley 1720 e incorpora un plazo de 60 días para presentar una nueva propuesta que “defina las condiciones, procedimientos y salvaguardas para que la pequeña propiedad agraria acceda a beneficios posterior a su conversión”.
Para las organizaciones movilizadas desde la “Marcha por la defensa de los bosques de la Amazonía y la seguridad jurídica de los territorios indígena originarios campesinos”, la abrogación representa un avance, pero no responde plenamente a sus demandas. En un manifiesto dirigido al pueblo boliviano y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, los sectores marchistas sostienen que su pedido principal fue la abrogación total de la Ley 1720 y expresan preocupación por las disposiciones que abren la posibilidad de una nueva norma sobre el mismo tema.
Víctor Ivar Palacios, representante de la regional departamental Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPMB), consultado por Revista Nómadas, afirmó que la movilización logró un resultado concreto, aunque insuficiente.
“Como regional departamental de Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPMB), indicarle que justamente hemos logrado algún avance. Un avance, mediante la ley 1731, que incluye la abrogación de la Ley 1720, la cual hemos pedido ya que viola la Constitución del Estado”, sostuvo Palacios.
El dirigente remarcó que la abrogación fue asumida como un paso hacia la pacificación, pero no como el cierre de la agenda planteada. “Nuestra demanda no ha sido atendido en un 100%, pero nosotros por la pacificación del país, pedimos como punto central la abrogación de la ley 1720”, afirmó.
La siguiente disputa estará en cómo se elaborará la nueva normativa agraria. Según el manifiesto, cualquier debate sobre tierra y territorio debe realizarse con participación directa de las organizaciones afectadas y respetando la consulta previa, libre e informada.
El representante indígena indicó que esperan que el Gobierno socialice las leyes con los sectores directamente involucrados, tanto a nivel nacional como regional. “Nosotros lo que esperamos del gobierno central es que se pueda socializar las leyes con la mesa técnica a nivel de sectores, como a nivel nacional”, explicó. “Queremos de que se haga la consulta previa libre informada para que nosotros podamos contribuir con nuestra petición, nuestra petición como territorio, como movimiento indígena”, sostuvo.
Las organizaciones también mantienen observaciones sobre otros proyectos normativos impulsados o anunciados por el Gobierno. Palacios mencionó el proyecto de ley de bonos de carbono, el proyecto de ley antibloqueo y el proyecto de ley de minería como parte de las normas cuya paralización y anulación demandan. El manifiesto, por su parte, cuestiona el paquete legislativo anunciado tras el Encuentro por Bolivia realizado en Cochabamba, que incluye normas sobre minería, hidrocarburos, inversiones, economía verde, reforma judicial y seguridad nacional.
El documento también rechaza cualquier negociación que no cuente con la participación directa de las organizaciones movilizadas, incluidas aquellas canalizadas por dirigencias nacionales que no incorporen a las bases marchistas y a las regionales que sostuvieron la movilización.
Frente a los cuestionamientos que buscaron presentar la marcha como una acción partidaria, Palacios negó esa lectura y reivindicó el carácter orgánico de la movilización. “Nosotros nunca hemos sido políticos, nosotros siempre hemos sido orgánicos”, afirmó.
El manifiesto plantea además una agenda legislativa propia, que incluye normas vinculadas a la Amazonía, los bosques, las autonomías indígenas, el ciclo del agua y la resiliencia climática. También pide suspender el tratamiento de iniciativas consideradas regresivas para los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades rurales.
La abrogación de la Ley 1720 marca un avance, pero traslada el conflicto al contenido y al procedimiento de la futura normativa. Para las organizaciones movilizadas, la condición central es que el Gobierno no vuelva a legislar sobre tierra, bosques y territorios sin participación directa de los sectores afectados.
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