Las nuevas estimaciones de MapBiomas Bolivia para 2025 acaban de salir. El país registró una pérdida neta de 200.297 hectáreas de ecosistemas boscosos, una cifra menor a la observada en 2023 y 2024, aunque todavía superior a la de 2022 y 2020. Sin embargo, esa aparente mejora viene acompañada de un dato mucho más inquietante, la perdida neta de ecosistemas no boscosos alcanzo 618.198 hectáreas, la mayor registrada desde 1985.
En conjunto, las formaciones boscosas y naturales no boscosas disminuyeron en unas 818.500 hectáreas durante 2025, una superficie equivalente a cerca del 1 % del total que ocupan estos ecosistemas en Bolivia. Es, por lo tanto, el tercer año consecutivo en que la reducción neta conjunta supera las 800.000 hectáreas, en 2023 fueron unas 860.000 y en 2024, unas 872.000. Ningún año anterior de la serie había superado siquiera el umbral de las 600.000 hectáreas.
La magnitud del cambio obliga a mirar más allá de los ecosistemas boscosos. Contar únicamente la pérdida de bosque deja fuera una parte creciente de la transformación territorial que está ocurriendo en Bolivia, especialmente en sabanas, pastizales, matorrales y humedales, ecosistemas que muchas veces desaparecen de la discusión pública porque no entran en las estadísticas habituales de deforestación.
Santa Cruz concentró el 40,8 % de la pérdida neta de formaciones boscosas, con unas 81.768 hectáreas; Beni, el 31,5 %, con 63.126; y La Paz, el 11,6 %, con 23.165. En conjunto, estos tres departamentos representaron cerca del 84 % del balance nacional. Es importante recordar que Santa Cruz es el departamento con mayor peso forestal del país, con aproximadamente el 45,1 % de las formaciones boscosas nacionales.
En el caso de las formaciones naturales no boscosas, el Beni destaca con especial fuerza. El departamento registró una reducción neta de 270.741 hectáreas, equivalente al 43,8 % del total nacional. Santa Cruz perdió unas 35.396 hectáreas y Tarija 25.335. En un departamento como Beni, donde gran parte del paisaje está compuesto por sabanas, humedales y pastizales amazonicas, seguir mirando únicamente cuánto bosque se pierde o se recupera impide comprender una parte sustancial de la transformación territorial.
La pérdida neta de bosque requiere, además, una precisión importante. Las 200.297 hectáreas perdidas a nivel nacional corresponden al balance entre superficies que perdieron la calidad de formacion boscosa y otras que adquirieron esa calidad. No significa que el país haya perdido únicamente esa extensión ni que toda superficie que aparece nuevamente como bosque corresponda a una recuperación ecológica efectiva.
Los datos de transición disponibles muestran al menos 452.747 hectáreas de pérdida bruta de cobertura boscosa y 186.052 hectáreas de ganancia. Ambos son valores conservadores, porque los archivos accesibles no permiten observar los intercambios entre formaciones boscosas y formaciones naturales no boscosas. Por eso, la cifra neta sirve para entender el balance general, pero no reemplaza el análisis de las conversiones brutas que ocurrieron durante el año.
La superficie agropecuaria, por su parte, continuó avanzando en 2025 con un aumento neto de 538.000 hectáreas. Las áreas destinadas a la agricultura y pasturas pasaron de 12,1 millones de hectáreas en 2021 a 14,8 millones en 2025. Desde 1985, su extensión casi se triplicó, mientras los ecosistemas boscosos acumularon una reducción neta de 7,7 millones de hectáreas, lo que equivale al 12,1% de su superficie de 1985.
Estos resultados adquieren todavía más peso si se recuerda que 2025 no fue un año de incendios severos comparable con 2024. De haberse repetido una temporada de incendios de aquella magnitud, es razonable pensar que la pérdida de coberturas naturales habría sido todavía mayor. A ello se suma otro elemento coyuntural importante, durante buena parte del año, y especialmente en su segunda mitad, Bolivia atravesó restricciones en el abastecimiento de diésel, un insumo fundamental para operar la maquinaria pesada utilizada tanto en el desmonte como en buena parte de la producción agropecuaria.
En otras palabras, la reducción respecto de 2024 no necesariamente refleja un cambio estructural en la presión sobre bosques y otros ecosistemas, sino también un año en el que dos factores capaces de acelerar fuertemente la transformación territorial —el fuego y la disponibilidad plena de combustible para maquinaria— estuvieron más limitados.
Eso dicho, Si 2025 estuvo marcado por factores coyunturales que pudieron contener parcialmente el ritmo de transformación territorial, el escenario que se abre hacia adelante apunta en otra dirección.
El actual Gobierno ha colocado entre sus prioridades una serie de obras de infraestructura destinadas a ampliar la conectividad y los corredores productivos del oriente y la Amazonía. Entre ellas están el corredor chiquitano entre San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco, la carretera Okinawa–Los Troncos, presentada oficialmente como un corredor agroproductivo que conectará el Norte Integrado con la Chiquitania, y el nuevo eje vial asociado al puente binacional Guayaramerín–Guajará-Mirim, concebido como parte de un corredor de exportación hacia Brasil. A eso se suma la carretera el Area Protegida y Territorio Indigena Ñembi Guasu, y la reactivación del proyecto carretero por el TIPNIS.
Estas obras no implican por sí mismas deforestación, pero la experiencia boliviana y regional muestra que las carreteras modifican profundamente las condiciones de acceso al territorio, reducen los costos de transporte y pueden facilitar la expansión agropecuaria allí donde la regulación del uso del suelo y el control ambiental son débiles. Ese riesgo se vuelve aún más palpable si se considera la llegada de grandes capitales agrarios brasileños, como los vinculados a Eraí Maggi, conocido como el “rey de la soya” en Brasil, para quienes extensas áreas boscosas pueden representar tierra relativamente barata, cuyo valor aumenta de manera sustancial una vez que mejora su accesibilidad y se la desmonte.
Esa discusión cobra todavía mayor importancia en un contexto de fragilidad y reestructuración de las instituciones responsables de la protección ambiental. El SERNAP, encargado de administrar las áreas protegidas nacionales, atravesó durante 2026 una crisis institucional particularmente grave, con guardaparques que continuaron trabajando durante semanas sin contrato ni remuneración y la posterior renuncia de su directora ejecutiva, quien había logrado generar cierta confianza entre sectores de las organizaciones dedicadas a la conservación. Todo ello ocurrió en una institución cuya capacidad de presencia territorial, vigilancia y respuesta resulta fundamental precisamente cuando aumentan las presiones sobre las áreas protegidas. Paradójicamente, el SERNAP es también una de las entidades ambientales del Estado que mayor respaldo presupuestario recibe de la cooperación internacional, y que incluso en 2025 llego a financiar el 10% del presupuesto anual del SERNAP. Aquello vuelve todavía más difícil explicar la precariedad con la que opera en funciones tan básicas como garantizar contratos, salarios y presencia efectiva en el territorio.
A ello se suma un problema elemental de transparencia. La última estimacio2n oficial nacional de deforestación publicada por la ABT corresponde a 2023, cuando registró 270.507 hectáreas; hasta ahora no existe una estimación oficial equivalente y públicamente disponible para 2024 y 2025.
No es la primera vez que información ambiental fundamental llega tarde, de manera fragmentaria o simplemente deja de estar disponible cuando resulta incómoda para evaluar la política pública. En ese contexto, cuesta atribuir este vacío únicamente a una falla administrativa, la ausencia persistente de datos abre legítimamente la pregunta sobre una decisión política de no transparentar plenamente la magnitud de la transformación territorial. Mientras las metas de producción, exportación e infraestructura se anuncian con detalle y oportunidad, los costos ecológicos que las acompañan permanecen rezagados, dispersos o fuera del alcance público, dificultando precisamente aquello que la información oficial debería permitir, medir, contrastar y fiscalizar los resultados de las decisiones del Estado.
En caso de querer conocer mas sobre los indicadores de la destruccion de los ecosistemas terrestres en Bolivia se recomienda la lectura de nuestra Guía didáctica para entender los indicadores de la destrucción de los bosques en Bolivia.
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