La lucha comunitaria de Tariquía está en un momento crucial. El juzgado de Entre Ríos determinará este mes de marzo la continuidad o la paralización de las actividades petroleras en el área protegida. Las comunidades que viven al interior de la Reserva han dado una lucha por más de una década. Desde enero de este año, las autoras de este reportaje han recogido testimonios y entrevistas a comunarios del Cantón Chiquiacá, del Distrito 8 y de El Cajón – Churumas. Los frentes que vetan la entrada de petroleras a su territorio suman tres.

La comunidad de Chochís denuncia que una empresa privada continúa explotando sus nacientes de agua para fines comerciales en Roboré, violando las leyes municipales de protección ambiental. Los pobladores se declaran en emergencia ante la inacción de las autoridades y exigen el cese inmediato de operaciones para garantizar el suministro de agua potable y el equilibrio del ecosistema chiquitano.

La iniciativa TREES invertirá en la recuperación de 600.000 hectáreas y el equipamiento de brigadas comunitarias contra incendios en Santa Cruz hasta 2029. El programa, respaldado por el Banco Mundial, impulsará el liderazgo femenino a través de viveros forestales y la comercialización de productos nativos como el cusi y la almendra chiquitana.

En el Día Mundial de la Vida Silvestre se anuncia que Bolivia será protagonista de una iniciativa regional que movilizará más de 35.000 registros de biodiversidad en Bolivia, Argentina y Paraguay. El proyecto fortalecerá la Red de Paisajes Productivos Protegidos y generará información clave para decisiones que equilibren producción y conservación con base científica.

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), habilita la quema de cordones y pastizales aprobada en 2025, bajo un escenario de tensión jurídica por la medida precautoria ambiental que prohíbe el uso del fuego.

El Gobierno anunció la reactivación del tren de pasajeros Santa Cruz–Puerto Quijarro, tras seis años paralizado. El Bloque Uniendo Fuerzas por la Chiquitania levantó el bloqueo del tramo férreo, calificándolo como una “victoria colectiva”.

Representantes legítimos de las tres subcentrales del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se reunieron con la ministra de Salud, Marcela Flores Zambrana. En el encuentro alcanzaron acuerdos para mejorar la dotación de médicos y fármacos, oportunidad en la que sentaron que son ellos los dirigentes que legalmente representan al territorio.

Comunidades indígenas y campesinas cortaron el tráfico ferroviario en cuatro estaciones estratégicas de Santa Cruz hacia la frontera con Brasil. Exigen que el tren deje de ser un “lujo turístico” y recupere su función de transporte público con tarifas accesibles. Por su parte, Ferroviaria Oriental anunció la reactivación del servicio de ferrobús para el 27 de febrero, asegurando que contará con paradas en todo el sector este y precios económicos fruto de mesas técnicas con sectores cívicos y el Gobierno.

En una reunión de emergencia en Trinidad (Beni), las tres subcentrales del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) emitieron una resolución conjunta para ratificar a sus autoridades legítimas ante intentos de exautoridades de actuar en nombre del territorio. El documento busca frenar gestiones externas ante el Estado y medios de comunicación sin el aval de las bases.

Autoridades de Palmarito acordaron un estudio para abrir caminos con maquinaria menonita “gratuita” de los menonitas, ignorando el rechazo de las recolectoras de cusi que denuncian la destrucción de su sustento. El conflicto escaló con amenazas de 25 latigazos contra las mujeres que se oponen al proyecto, tildándolas de “traidoras al desarrollo”. Ante esta situación, instituciones como FCBC, WWF Bolivia, CIPCA, APCOB, y CEPAC emitieron una carta de apoyo para proteger este último reducto de cusi, ofrecieron su apoyo técnico para analizar alternativas de ruta que no destruyan la base económica de las familias recolectoras y evitar la vulneración de derechos económicos indígenas.