El pulso de la naturaleza
Crónica narrativa, periodismo de datos, conflictos ambientales y conservación se cruzaron en un encuentro que reunió a periodistas y comunicadores de distintas regiones del país. La iniciativa, impulsada por NATIVA, Nómadas y aliados, abrió una conversación urgente sobre cómo contar la crisis ambiental boliviana desde el territorio y con mayor profundidad humana.
La autora cuestiona la falta de prevención proactiva en Bolivia ante desastres naturales a pesar de ser una estrategia más económica que la respuesta tardía. Ante esto, hace un llamado urgente a abandonar la indiferencia y organizarse para frenar la destrucción del país.
Ana Carola Terrazas
La demanda cuestiona el avance del proyecto petrolero DMO-X3 en Tariquía pese a una resolución de protección del jaguar y su corredor biológico. También denuncia la criminalización de 17 comunarios y defensores ambientales que se oponen a la exploración.
El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, en Tarija, ordenó la suspensión temporal del pozo Domo Oso X-3 por posibles riesgos ambientales, tras admitir medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo. La decisión frena el proyecto mientras se realizan una inspección técnica y una audiencia pública para evaluar impactos ambientales y la situación de defensores del territorio.
La movilización ciudadana y la Defensoría del Pueblo demandan la suspensión inmediata de la actividad petrolera. Defensores denuncian que se ha incumplido la pausa ecológica dictada por el Tribunal Agroambiental, como también estaría criminalizando a quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Tras la intervención policial en la reserva natural, personal defensorial constató el estado de los manifestantes en Entre Ríos y el inicio de procesos penales contra diecisiete comunarios.
La plataforma Defensores de Tariquía denuncia el incumplimiento de pactos ambientales y priorizar la apertura de brechas en las cabeceras de agua de la reserva.
La TCO Turubó Este verificó mediante drones que las represas en la hacienda San Lorenzo no han sido removidas pese a la sentencia del juez agroambiental. Ante este desacato, las comunidades indígenas exigen la intervención de la fuerza pública para restituir el flujo natural del agua.
Organizaciones ambientalistas denuncian la falta de transparencia del Ministerio Público ante pruebas de caza ilegal en San Matías. Exigen la extradición inmediata del ciudadano argentino implicado, Jorge Nestor Noya, para evitar la impunidad en delitos contra la fauna.
La trágica partida de Darío Pizarro en las inundaciones de El Torno desnuda la vulnerabilidad de nuestros defensores ambientales. Varias voces se suman al dolor que está soportando el mundo ambiental del país.
La recuperación de áreas verdes en las urbes es posible cuando la ciudadanía se organiza y utiliza la ciencia como herramienta. El proyecto “Revitalización del Área Protegida Municipal de Auquisamaña”, liderado por Ciencia Molotov, con apoyo de WWF-Bolivia, la Embajada de Suecia, FUNDECO, el Instituto de Ecología y la Universidad Mayor de San Andrés demuestran que es posible.
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CANOB) denunció el avasallamiento de tierras y el desplazamiento forzado de líderes ayoreos en Santa Cruz por grupos empresariales y campesinos. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) condenó los hechos y exigió al Estado la implementación urgente de medidas de protección territorial.
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