Tras la intervención policial en la reserva natural, personal defensorial constató el estado de los manifestantes en Entre Ríos y el inicio de procesos penales contra diecisiete comunarios.

La plataforma Defensores de Tariquía denuncia el incumplimiento de pactos ambientales y priorizar la apertura de brechas en las cabeceras de agua de la reserva.

La TCO Turubó Este verificó mediante drones que las represas en la hacienda San Lorenzo no han sido removidas pese a la sentencia del juez agroambiental. Ante este desacato, las comunidades indígenas exigen la intervención de la fuerza pública para restituir el flujo natural del agua.

Organizaciones ambientalistas denuncian la falta de transparencia del Ministerio Público ante pruebas de caza ilegal en San Matías. Exigen la extradición inmediata del ciudadano argentino implicado, Jorge Nestor Noya, para evitar la impunidad en delitos contra la fauna.

La trágica partida de Darío Pizarro en las inundaciones de El Torno desnuda la vulnerabilidad de nuestros defensores ambientales. Varias voces se suman al dolor que está soportando el mundo ambiental del país.

La recuperación de áreas verdes en las urbes es posible cuando la ciudadanía se organiza y utiliza la ciencia como herramienta. El proyecto “Revitalización del Área Protegida Municipal de Auquisamaña”, liderado por Ciencia Molotov, con apoyo de WWF-Bolivia, la Embajada de Suecia, FUNDECO, el Instituto de Ecología y la Universidad Mayor de San Andrés demuestran que es posible.

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CANOB) denunció el avasallamiento de tierras y el desplazamiento forzado de líderes ayoreos en Santa Cruz por grupos empresariales y campesinos. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) condenó los hechos y exigió al Estado la implementación urgente de medidas de protección territorial.

Un grupo de 60 zafreros en Pando perdió su fuente de sustento tras ser bloqueado por avasalladores armados que les impidieron acceder a las áreas de cosecha de castaña. Los trabajadores, que se retiraron por temor a la violencia, demandan urgentemente auditorías de la ABT y el INRA a las comunidades acusadas de acaparar ilegalmente la tierra.

El Juzgado de Roboré dicta sentencia histórica a favor de la TCO Turubó, ordenando la destrucción de las infraestructuras que cortaron el cauce del río y la indemnización a las comunidades por los perjuicios de la escasez de agua. Además, se sienta un precedente al declarar a sus miembros como Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.

Hoy, el Juzgado Agroambiental de Roboré dictará la sentencia que podría liberar al río San Lorenzo, enjaulado por una hacienda desde hace más de una década y convertido en símbolo de injusticia hídrica en la Chiquitanía. La decisión definirá si Bolivia reconoce de manera efectiva a sus ríos como sujetos de derechos.